En algunas calles de L’Arboç, Banyeres del Penedès, Llorenç y Sant Jaume dels Domenys comienzan a verse basuras acumuladas. En calles, aceras, junto a papeleras...
Y las zonas de emergencia que los ayuntamientos habilitan para lanzar los residuos cuando por alguna razón un vecino no puede dejar los cubos junto a su casa para la recogida puerta a puerta están saturadas de todo tipo de basuras.
«Si te esperas un rato verás corretear a las ratas» explica Antonio Piñero, que lleva sus bolsas al área de emergencia de L’Arboç. «No voy a dejarlas en la puerta de casa. Pero ya hay muchos vecinos que lo hacen y la suciedad se acumula».
La situación comenzó hace días cuando los trabajadores del servicio de recogida y limpieza viaria de los municipios a cargo de la empresa PreZero, del grupo Lidl (antes de Cespa y Ferrovial), iniciaron huelga para reclamar mejores condiciones.
Congelado
Reclaman «una condiciones laborales y salariales dignas que nos permitan poder trabajar con todas las garantías y poder vivir». Según explican tienen el salario congelado desde hace diez años. El salario mínimo, puntualizan.
Para los cuatro municipios que trabajan con PreZero hay 23 trabajadores. Todos secundan la huelga. «Y vamos a resistir». Aunque por esa acción pierden el sueldo y las cotizaciones a la Seguridad Social. El sindicato CGT ha activado una caja de solidaridad para ayudar a mantener el pulso.
En el área de emergencia de L’Arboç, como en las de los otros municipios, hay un goteo de vecinos con sus bolsas de basura. «Es un engorro pero entendemos a los trabajadores si tienen esa situación», explica Carlos Méndez que también llega con sus bolsas.
Los trabajadores señalan a la empresa, pero también se sienten ninguneados por los ayuntamientos. «Nos prometieron que ayudarían, pero sólo querían salvar sus fiestas mayores. Ahora nos dicen que ya pagan a la empresa y que cada año tiene un incremento de coste del 2,5%. Que hablemos con la empresa».
El Diari contactó con PreZero, pero no ha recibido respuesta. Este miércoles está prevista una mesa entre los representantes de los trabajadores y la empresa y que ha impulsado el departamento de Treball.
Servicios mínimos
Los municipios decretaron servicios mínimos y ampliaron el número de veces que los vecinos pueden ir a las áreas de emergencias, pero como señalan algunos alcaldes esos servicios mínimos no se están cumpliendo.
Los trabajadores responden que se trabajan las horas que se decretaron y que cumplen los servicios. «Si con ocho horas ya no llegábamos, ahora con menos horas es más difícil. Pero trabajamos los servicios mínimos».
Los trabajadores explican que llevan un año de negociaciones sin lograr resultados. En primera instancia con la empresa y después con los ayuntamientos afectados.
Ante la falta de acuerdos plantearon una huelga que debía comenzar el 8 de agosto, pero se pasó al 10 de octubre «bajo la promesa de las alcaldías de solucionar el conflicto».
Pese a ese «acto de buena voluntad» los trabajadores se sienten «mangoneados e ignorados», por lo que han arrancado una protesta que de momento no tiene una fecha límite,
También piden en un comunicado repartido en los pueblos «comprensión y solidaridad» a los vecinos por los perjuicios que puedan causar con su reivindicación.
