Con la campaña electoral ya superada y transcurridos los primeros meses del nuevo Gobierno, la tensión en materia urbanística del último mandato ha pasado en un segundo término. Tarragona tiene por delante la aprobación del nuevo POUM y todas las fuerzas con representación municipal se han puesto a trabajar con la voluntad de que este pueda seguir adelante, con la mayoría holgada que se merece.
La Budellera es historia pasada, lo que ha contribuido a destensionar el debate. Con lo que ahora todas las miradas se centran sobre la Vall del Llorito, que todo apunta que será la nueva zona de crecimiento de cara a los próximos años. Del ‘no’ rotundo inicial de ERC y ECP, la postura habría virado. Ambos estarías predispuestos a abrir una puerta de posibilidad a que pudiera seguir adelante, si finalmente se redimensiona un sector que puede contribuir a cohesionar Sant Pere i Sant Pau con el centro.
«Entendemos que el pleno tiene sus mayorías y si a raíz del proceso participativo han querido entender que hay una demanda de crecimiento hacia la zona de Llevant, que pasa por Terres Cavades, puede tener sus virtudes», indica el republicano Xavier Puig. Este condiciona al apoyo a que permita arreglar el entorno del cementerio y «cohesionar» la ciudad. «No permitiremos nunca un macropelotazo que se cargue los caminos y todo este entorno natural, aunque clarísimamente redimensionado podría analizarse», añade.
El Gobierno también ha entendido que la Vall del Llorito del futuro no puede ser el sector con más de 6.800 viviendas que se planteó en el POUM de 2013. «Estamos dejando trabajar a los técnicos para que nos hagan una propuesta redimensionada, que es la que después trabajaremos con todos los equipos y partidos», indica el concejal de Urbansime, Nacho García.
El avance del POUM y el proceso participativo no tendrían que repetirse en el escenario actual
En las últimas semanas García se ha reunido con los diferentes partidos para recoger las propuestas y escuchar sus demandas. El objetivo es que en la «próximas semanas» salga una propuesta técnica, que es la que posteriormente se someterá a debate para que la aprobación inicial del documento pueda producirse antes de finales de este 2024.
El calendario apremia, ya que deberán hacerse todos los informes sectoriales. Pese a ello, los cambios que se están planteando por parte del nuevo ejecutivo no se considerarían «sustanciales» respecto al avance del POUM, lo que no obligaría a repetir el proceso participativo.
«Desde la Generalitat todavía no nos lo han comunicado formalmente, pero las modificaciones que se han hecho no implicarían un nuevo avance según nos han dicho», indica el responsable de urbanismo.
Desde En Comú Podem, Jordi Collado, asegura que «nos alegra que el PSC haya rebajado sus pretensiones en cuanto al nuevo crecimiento». El soterramiento de la A-7, permitiendo religar la Avinguda Catalunya con Tarragona 2, y la protección de la Anella Verda son los aspectos que se valora favorablemente.
La ubicación de la Laboral o el futuro del PP9 son temas sobre los que todavía no hay un consenso. Tampoco sobre Mas d’en Sorder, que el Gobierno estaría dispuesto a recuperar, aunque podría chocar frontalmente con el Pla Director de Sòls no Sostenibles de la Generalitat. «Intentar colar este sector como un cambio no sustancial podría suponer pasarnos de la ralla y poner en riesgo la seguridad jurídica del futuro POUM», indica Puig.
Quien sí defiende este sector es Junts per Catalunya. Asimismo, su portavoz, Jordi Sendra, defiende que el futuro plan debe ser un «pacto de ciudad». «No puede aprobarse con catorce votos, sino que hará falta un consenso amplio y manga ancha para negociar», decía. Por su parte, PP y Vox defendieron en la tertulia de Tarragona Ràdio la necesidad que este instrumento permita el crecimiento de la ciudad, reforzando su «capitalidad».
