La Generalitat ha identificado hasta 140 municipios catalanes como «zonas tensionadas» en el acceso a la vivienda. Se trata de poblaciones donde se ha diagnosticado una oferta insuficiente de alquiler asequible y que cumplen con los requisitos que marca la ley para implementar las medidas de contención de rentas. Estas localidades verán como se pone un tope a sus tarifas de alquiler, aplicando así la nueva ley de vivienda estatal que, de hecho, tiene muchos puntos en común con la que Catalunya ya impulsó en 2020.
Los municipios afectados son los más importantes y poblados tanto del Camp de Tarragona como de las Terres de l’Ebre. Algunos de ellos están en el ‘top ten’ de los más habitados, como Tarragona, Reus, El Vendrell, Valls, Salou, Cambrils, Amposta y Tortosa. A ellos se añaden otros núcleos grandes como Torredembarra y La Canonja pero también pequeños como Móra la Nova y Falset, que rondan los 3.000 habitantes. En estos municipios viven 454.890 personas, que representan el 55% de toda la población de la provincia.
En esos lugares el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los cinco años previos, una vez aplicada la cláusula de actualización anual. Además, cuando se trate de un gran tenedor, el arrendamiento no podrá ser superior al índice de referencia del precio del alquiler.
Ahora se abre un periodo de información pública de 20 días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se responderán las alegaciones recibidas y la resolución final se notificará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Será el Estado, por tanto, quien finalmente lo aprobará.
Catalunya ha reaccionado rápido en el despliegue de la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central en mayo. La normativa pretende limitar el alza de los precios del alquiler después de los incrementos de los últimos años. Algunos expertos creen, sin embargo, que este tope a la tarifas traerá algunos efectos negativos y se traducirá en una reducción del mercado del alquiler y mermará un stock ya de por sí insuficiente.
