La nueva ley de vivienda incluirá importantes novedades, como el tope del 3% al alquiler en 2024 o la obligación de los caseros de asumir los honorarios de la inmobiliaria en el momento de formalizar un nuevo contrato.
Estos son los principales cambios que introduce la norma:
Tope al alquiler
El tope a todos los alquileres, establecido este año en el 2%, será del 3% en 2024. A partir de 2025, se creará un índice específico para todo el territorio nacional. Aunque aún no se sabe cómo se calculará, se ha pactado que nunca pueda superar el IPC de cada año. En zonas tensionadas, tanto para contratos en vigor como antiguos, el tope cuando finalice el periodo de prórroga será el que marque el contrato en vigor, salvo que se pacte entre las partes.
En todo caso, el propietario tendrá que mantener el precio de si así lo solicita el inquilino.
¿Qué será zona tensionada? Solo habrá que cumplir una de las dos condiciones que establece la norma: que el coste de la hipoteca o del alquiler (más los gastos y suministros básicos) supere el 30% de la renta media del hogar; o bien que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a una declaración de área tensionada.
Las comunidades autónomas tendrán la potestad para declar si hay o no zona tensionada, por lo que comunidades como Madrid o Andalucía podrían decidir no hacerlo.
Grandes propietarios
El Gobierno ya había dividido a los afectados por el control de precios que establece la nueva Ley dependiendo del tipo de casero. Se considerará gran propietario toda persona física y jurídica con más de cinco viviendas en la misma zona tensionada, frente a las 10 previstas inicialmente, aunque las comunidades tendrán la última palabra en este punto, según sus circunstancias concretas.
En el caso de los pequeños propietarios (menos de cinco viviendas) en mercados tensionados, el límite de precio sería el establecido en el contrato anterior. Incentivos fiscales
Según confirman desde el Ministerio de Vivienda, se mantiene la propuesta de bonificaciones fiscales para los pequeños caseros que decidan bajar el precio de su alquiler, de hasta el 90% sobre el IRPF si la rebaja es del 5% en zonas tensionadas.
Honorarios de las inmobiliarias
Al contrario de lo que ocurre ahora, el propietario será quien se haga cargo de pagar los honorarios que cobran las inmobiliarias, al ser él quien contrata sus servicios. Así, el inquilino no tendrá que abonar, por ejemplo, el mes de alquiler que se suele pagar a estas firmas. La norma también prohíbe que se aumenten las rentas por la vía de gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro desembolso no atribuible al inquilino que no estuviera acordado previamente.
Desahucios
Se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada, demanda histórica de los movimientos por la vivienda. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años. Por primera vez se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados.
Vivienda protegida
Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
