En los nuevos Presupuestos Generales del Estado hay una exigencia insistentemente pedida por Unidas Podemos y partidos de izquierda de que se apruebe la nueva Ley de Vivienda por ellos sugerida, pero de momento el Gobierno del PSOE la ha esquivado. ¿Qué dificultades tiene este Gobierno y existen para no poder aprobar una nueva Ley de Vivienda justa y buena para todos, propietarios arrendadores e inquilinos, estable y duradera y que respete los derechos y obligaciones de todas las partes?
Los arrendatarios son los ciudadanos que tienen derecho a una vivienda digna y estable para establecer su hogar y proyecto de vida pero sin tener que ser los dueños ni comprar la misma. Los propietarios y arrendadores han comprado bien inviertiendo o ahorrando durante años y hasta por herencia alguna vivienda aparte de la suya propia para alquilar y ponerla en el mercado de alquiler para obtener una rentabilidad y unos ingresos de la misma.
Ambos con sus derechos y con sus obligaciones, deben ser compatibles, pero parece que los gobernantes no saben hacer algo en buena lógica y dar razonable solución a ese problema. Los inquilinos quieren una vivienda digna, normal y una estabilidad en la misma a un precio razonable en concordancia con sus ingresos y trabajo y sus necesidades. En fin, que puedan pagar el alquiler y a la vez vivir. Ejemplo, unos hijos en Barcelona. Los propietarios, ejemplo, unos padres jubilados en Tarragona, quieren un inquilino que simpemente les pague puntualmente, cuide el piso y que viva y disfrute de esa vivienda prestada por la que paga una renta razonable ya que no quiere o no puede adquirir una vivienda en propiedad.
El derecho y necesidad de tener una vivienda digna no se puede dejar solo en manos de los agentes y propietarios privados
Pues conseguir esta lógica situación tan sencilla lleva muchos años desencadenando disputas políticas, manifestaciones, graves problemas y discusiones entre las partes implicadas.
Pero, ¿que problemas o dificultades hay? Pues que el derecho y necesidad de tener una vivienda digna no se puede dejar solo en manos de los agentes y propietarios privados. Tiene que haber una política de unas viviendas públicas, que sean de las administraciones Públicas, de la Comunidad Autónoma, del Municipio, u otras organizaciones semipúblicas, que cubran y den solución a una gran parte, al menos debería ser de un 50% del problema y de la necesidad de vivienda en España y Cataluña y en las que vivan unos inquilinos con unos requisitos mínimos que paguen una renta sostenible y social y que por tanto no generen problemas de acceso y tenencia de esas viviendas. Para ello las Administraciones tienen que constituir un parque público de viviendas suficiente y sostenible para que no haya esa tensión social. Un ejemplo de ello serían las miles de viviendas sociales que tenían algunas Comunidades Autónomas y las del SAREB, que finalmente han acabado vendidas en manos de fondos de inversión que lo que quieren es un marco libre y seguro de mercado tanto en alquiler como en propiedad. También con los miles de viviendas que disponen los bancos y que las tienen cerradas, medio abandonadas y sin habitantes. Pues con esas el Estado podría hacer un nuevo parque de vivienda pública a controlar y gestionar para que las familias tengan acceso a una vivienda digna. En España, de cada 100 viviendas solo 2,5 tienen esa destinación social.
Este problema tendría que ser una exigencia, un clamor de toda la sociedad y que se cumpla con lo que dice la Constitución
Por otro lado, existen los propietarios particulares, que tienen viviendas de su propiedad pero que las necesitan poner en el mercado de alquiler, pero para ello necesitan un marco legal seguro, unas reglas de juego establecidas y seguras, en definitiva, una seguridad jurídica que ahora no existe al 100%. Si yo pongo en el mercado libre unas viviendas para alquilar como actividad económica y para obtener una cierta, no abusiva, rentablidad, al menos tengo que tener una seguridad jurídica y legal, no desahucios que duren 20 meses. No puede ser que muchos pequeños propietarios hagan de escudo social del Gobierno pues no deben ni pueden soportar que un inquilino se esté diez o más meses sin pagar el alquiler y que luego a este no le pase absolutamente nada.
El artículo 47 de nuestra Carta Magna dice «que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...». Dentro de este marco legal tenemos ya muchos temas abiertos buscando una solución, pero parece que ninguna consigue la cuadratura del círculo; unas, como son el control de alquileres o el tope del IPC en el 2% como máximo; otros piden liberalización de rentas y plazo de los alquileres y del suelo para poder construir más viviendas allá donde sea.
Todos estos sucesivos y graves incumplimientos están dando lugar a situaciones cada vez más extremas y radicalizadas, como son el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. Y por otro lado, la aparición de empresas especialistas en desocupar con medios al margen de la policía y tribunales de justicia, que son los que deberían resolver estas cuestiones.
En definitiva, el problema de la vivienda está muy alterado y convulso y en estos momentos con difícil solución. Muchos jóvenes no tienen acceso a una mínima vivienda, la mayoría son mileuristas o sin trabajo y por un lado no pueden acceder a la compra de ninguna vivienda ni por precio, ni por estabilidad laboral, y por otro lado tampoco pueden acceder a un alquiler estable, por pequeño que sea el apartamento para poder emanciparse a un precio razonable, y por otro lado hay muchos propietarios inseguros preocupados por la gran inseguridad jurídica, por lo que deciden no poner su piso en alquiler o piden exageradas garantías, o los que cansados de problemas con el alquiler los ponen en venta para quitarse los problemas de en medio.
Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Unos dicen que sí se puede, Podemos, y otros dicen que no se puede. Este problema tendría que ser una exigencia, un clamor de toda la sociedad y que se cumpla con la Constitución.
