La nueva Ley de la Vivienda ha desatado el temor entre expertos, inmobiliarios y propietarios a que se dé una fuga del stock. Eso reduciría todavía más un parque de arrendamiento que ya ha ido menguando en los últimos tiempos. Académicos, propietarios, agentes y otros expertos dan la voz de alarma: los topes a los alquileres van a hacer que una parte de los pisos se vayan a la compraventa o al alquiler temporal o turístico, en busca de mayores rentabilidades.
Las voces en contra proliferan entre los arrendadores. La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona señala el «error de estas políticas», que generarán «incomodidad y perjuicios» y que «previsiblemente hará que se retiren muchas viviendas del mercado residencial». Agentes inmobiliarios o analistas de portales también se muestran, con matices, en contra. Joan Boronat, agente inmobiliario en Tarragona, apunta: «Es necesario regular los precios del alquiler, pero no con el cálculo que se está haciendo. El desfase era muy grande, sobre todo en las grandes ciudades, pero ahora se regula muy a la baja, y sin tener en cuenta características del mercado. Se pone todo en el mismo saco».
La Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV también se opone frontalmente, de la mano del catedrático Sergio Nasarre: «La ley es un despropósito, un completo desastre, contraproducente. El Estado traslada la responsabilidad de proveer de vivienda digna y adecuada a los particulares».
Nasarre indica que «está demostrado que el control de rentas no ha tenido nunca efectos positivos. Es una norma hecha sin base científica». Nasarre cree que la ley «va a provocar la retirada de los mejores pisos del mercado y va a fomentar el mercado negro».
Según estas voces, todo ello reducirá aún más un stock del alquiler que de 2019 a 2023 se ha desplomado en Tarragona un 21%.
Estas son algunas de las voces y de los posicionamientos en relación a una ley que entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, algo que debería suceder esta misma semana:
Sergio Nasarre, de la Càtedra de l’Habitatge de la URV
«La ley es un desastre. Los estudios dicen que el control de las rentas no tiene nunca efectos positivos»
«Hasta 160 ‘papers’ internacionales dicen que el control de renta no ha tenido en ningún sitio efectos positivos. La ley es un despropósito, un completo desastre. El 90% de dueños son pequeños propietarios, muchas veces gente mayor, que le van a decir a su administrador que ponga el piso a la venta. Los pisos buenos saldrán del mercado y los otros se encarecerán en la renta inicial. También dará pie a fomentar el mercado negro y favorecerá los guetos. ¿Por qué vas a mejorar tú un piso en una zona si nunca vas a poder cobrar más?».
Joan Boronat, agente inmobiliario en Tarragona
«Ya hace tiempo que vemos un descenso de la oferta. El alquiler será una opción cada vez menos rentable»
«Los propietarios buscarán rentabilizar sus pisos. Si la ley no se lo permite, harán un contrato temporal, turístico o lo pondrán en venta. Puede ser que los precios bajen pero habrá menos oferta. No se favorecerá la inserción de vulnerables. Un piso de 1.000 euros lo bajas a 600. Competirán los que tienen más recursos pero también los de menos. El dueño se lo dará al que le ofrezca más garantías. Para el inquilino con una buena nómina, es bueno... si encuentra piso, algo cada vez más difícil. La gente sin recursos seguirá sin acceder».
Ferran Font, analista del portal inmobiliario Pisos.com
«Ya hace tiempo que vemos un descenso de la oferta. El alquiler será una opción cada vez menos rentable»
«Es evidente que hay un nerviosismo desde el primer momento por una ley con poco consenso político. La ley respira mucha protección hacia el inquilino. La actualización de los precios estará limitada a un índice siempre inferior al IPC, de forma que el alquiler cada vez se convertirá en una opción menos rentable. Se van a buscar otras fórmulas. Ya hace tiempo que vemos un descenso de la oferta. Muchas de las herramientas que pone sobre el tapete la ley no serán efectivas. Puede dar pie a que haya más economía sumergida».
Antoni Martorell, presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
«Los más perjudicados serán las personas con menos recursos»
«Los grandes perjudicados van a ser aquellas personas con menos recursos que necesitan acceder al mercado del alquiler para vivir. Los propietarios optarán por otras vías lejos del mercado residencial, como el arrendamiento por temporada, para estudiantes, trabajadores o profesores. Todas estas medidas intervencionistas harán que la oferta de vivienda disminuya. En consecuencia, el acceso será más exigente, quedando al alcance de aquellos inquilinos más solventes. Van a verse excluidas las capas de la sociedad más débiles».
El aumento tope del alquiler es del 2% para 2023 y del 3% en 2024. Para 2025 se creará un nuevo índice por definir pero siempre inferior al IPC
Fina Sánchez, portavoz de la PAH Tarragona
«Era imprescindible topar los alquileres. Hemos llegado a un nivel de disparate»
«Estamos a favor de que se topen los precios del alquiler y de que se regule el precio, ya sea zona tensionada o no. Las tarifas a las que hemos llegado son un disparate, que hace que la gente no pueda hacer frente a un proyecto de vida, porque no se pueden costear esos arrendamientos. No es tan fácil que el propietario decida vender, porque igualmente los jóvenes tampoco pueden comprarse un piso. Si el propietario decide poner un alquiler turístico y la ley se lo permite, allá él, luego tendrá que rendir cuentas a Hacienda. Para nosotros es imprescindible limitar la subida del alquiler».
Marta Gispert, del Sindicat de l’Habitatge de Tarragona
«Se fija por ley la subida de alquileres y no reduce los precios»
«La ley no mejora sustancialmente la situación de la clase trabajadora respecto a la vivienda. Se fija por ley la subida de los alquileres y no reduce los precios. En un contexto de encarecimiento de la vida y de bajada de los salarios esto significa que cada vez vamos a tener que destinar proporcionalmente más ingresos para obtener una vivienda. Tampoco suspende ningún desahucio. Lo único que hace es retrasar el tiempo cuando se trata de grandes propietarios. No ofrece ningún mecanismo concreto para la paralización».
Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario
«Costará más alquilar, bien en precio, bien en garantías de pago»
«Los propietarios están a la espera y se están pensando en pasar sus viviendas a otras modalidades de alquiler que no esté regulado por la LAU, como de temporada o turístico. Esta ley va a producir efectos contrarios a los deseados. Se retirarán viviendas para el alquiler habitual y se reducirá la oferta y por tanto costará más alquilar, bien en precio o en garantías de pago. Los que venderán serán los propietarios sencillos que no tienen capacidades ni estructuras para el alquiler, a los que tras gastos e impuestos les queda una pequeña renta para completar su pensión y que temen tener a inquilinos problemáticos».
Catalunya, lista para aplicar la ley y regular precios
La nueva ley de la vivienda deja margen de maniobra para que las comunidades autónomas la apliquen. En Catalunya, la Generalitat comunicó hace unos días que «iniciará de forma inmediata los trámites» para implementarla. De hecho, la legislación estatal tiene muchos puntos en común con la normativa que Catalunya impulsó en 2020 en materia de contención de alquileres. También esa regulación fue muy criticada por buena parte del sector inmobiliario que, igual que ahora, denunció una bajada del stock de alquiler.
El Tribunal Constitucional tumbó esa normativa. Ahora la Generalitat adapta esa legislación para desplegarla aquí. «Lo haremos lo más rápido que podamos porque nuestros intereses son los intereses de la gente. Usaremos todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para volver a regular los precios del alquiler», recalca el conseller de Territori, Juli Fernàndez, que añade: «Podemos hacerlo porque en Catalunya, durante un año y medio, ya ha sido así. Nosotros hemos liderado que pudiera haber estas políticas y, por tanto, el Estado, a reacción de todo ello, acaba respondiendo a estas necesidades».
Para el Govern, la ley «impide los incrementos abusivos e injustificados de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas y aclara las obligaciones y derechos de cada parte, poniendo especial atención en la protección de los inquilinos, sobre todo de los más vulnerables».
