El Ayuntamiento de Tarragona pagará las obras de rehabilitación de pisos vacíos con la principal condición de que una vez reformados se incluyan en la bolsa de alquiler social del Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa). Así lo anunció ayer la concejal de Habitatge, Eva Miguel, acompañada del gerente del organismo municipal, Jordi Dies, quienes defendieron la necesidad de ampliar el parque de vivienda social. Miguel defendió que la bolsa de mediación, que actualmente cuenta con 86 pisos, «debe crecer para poder dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda con precios justos. Hay que rehabilitar un parque deteriorado y movilizar pisos vacíos».
La línea de ayudas cuenta con una partida total de 1,1 millón de euros y el consistorio pagará al completo las rehabilitaciones siempre que cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, hay varios límites en relación al coste de la reforma. El total de esta no puede superar los 18.000 euros por vivienda y, además, han establecido varios topes por cada una de las obras que se realicen en el inmueble. Así, las actuaciones en la cocina no pueden superar los 5.000 euros, en el baño los 3.800 y las instalaciones de luz los 3.000 euros, entre otros.
En relación a las personas que pueden acceder a la subvención, Dies consideró que es mejor señalar a los que no pueden optar a ella. «Puede acceder todo el mundo, excepto los grandes tenedores, que son los propietarios de más de cinco viviendas, y los entes integrantes del sector público», apuntó el gerente, que añadió en este sentido que se trata de «unas ayudas bastante abiertas y un propietario puede pedirlas para hasta cinco inmuebles». Eso sí, no importa la antigüedad de la vivienda, esta debe quedar destinada a la bolsa de mediación de Smhausa y debe disponer de cédula de habitabilidad cuando se presente la solicitud o estar en disposición de obtenerla una vez realizadas las obras. Asimismo, los trabajos de rehabilitación no pueden haber empezado en el momento de solicitar la subvención, deben someterse a una evaluación previa en materia de viabilidad técnica, legal y económica y el plazo máximo de ejecución será de seis meses.
Con todo, la edil cupaire reconoció que no pueden obligar al propietario a tener su vivienda en la bolsa de alquiler social para siempre, con lo que el contrato inicial será de cinco años para las personas físicas y de siete para las jurídicas, con la posibilidad de ampliarlo a partir de entonces o, por contra, de irse al mercado privado. En esta línea, y para animar a los tenedores de pisos vacíos a acudir a estas ayudas para rehabilitarlos y con la intención también de despejar dudas y miedos, Dies comentó que el hecho de alquilarlo a través de Smhausa da al propietario una serie de ventajas y garantías. Por un lado, una mediación y un asesoramiento técnico y jurídico personalizado por parte de la empresa municipal y, por otro, la garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales y pagos, un seguro multiriesgo mientras dure el contrato y una línea de ayudas para obras de rehabilitación y para arrendatarios.
Miguel comentó también que el precio del alquiler social de los pisos de la bolsa de mediación son entre un 10 y un 20% inferiores a los del mercado, y defendía que estos precios justos «tendrían un gran impacto en la ciudad». Aunque reconoció que no tiene una previsión de cuanta gente podría acogerse a la linea de ayudas, la concejala de Habitatge espera «agotar la partida» y, en ese caso, «la dotaríamos de más recursos». Por su parte, Dies finalizó asegurando que «hemos intentado que el procedimiento sea lo más sencillo posible». Para ello, apuntó que «será el propietario quien tenga que contratar las obras pero contará con el asesoramiento técnico y jurídico de los trabajadores de Smhausa y, además, la subvención la podrá cobrar directamente el industrial sin que el tenedor tenga que avanzar el coste de la rehabilitación».
