Tarragona registró el año pasado más de 800 ocupaciones de inmuebles. Son las cifras ofrecidas por Mossos d’Esquadra, aunque abarcan solo del mes de enero al de octubre, por lo que el registro global de todo el año será mayor. Supone más de dos ocupaciones al día. Por áreas básicas, la que más denuncias registra es el Baix Camp-Priorat (281), por delante del Tarragonès (169).
La cifra de 2023 es ligeramente inferior a la de 2022, pero se mantiene, en líneas generales, estable en los últimos ejercicios, en los que se rondan anualmente las 800 denuncias en la provincia.
En los últimos años Tarragona siempre ha destacado como uno de los lugares más asolados por la usurpación de viviendas. El problema es extensible a toda Catalunya y tiene que ver, entre otros factores, con el gran número de pisos vacíos, el déficit del alquiler social y, según denuncian algunas voces, la laxitud de las leyes que ha provocado una casuística delictiva.
A la cabeza en España
En 2022 Tarragona fue la segunda provincia de España con más delitos por ocupación de inmuebles, con una ratio de 5,5 por cada 10.000 viviendas, solo por detrás de Barcelona (7,2), según los datos del Ministerio del Interior entre enero y abril de ese año. En términos absolutos, Tarragona, con 297 ocupaciones, estaba en la cuarta posición del ranking, por detrás de otras demarcaciones mucho más pobladas como la propia Barcelona, líder (1.930), Madrid (538) y Valencia (385).
La mayoría de ocupaciones tienen lugar en viviendas deshabitadas
Ahora bien, hay datos que tumban algunos mitos, como los del temor a perder la vivienda por ausentarse, un miedo usado también políticamente por los partidos para ganar votos. Según el último balance del Departament d’Interior, solo el 3,7% de la ocupaciones en Tarragona se producen en inmuebles en los que vive alguien. Así, algo más del 96% tienen lugar en casas deshabitadas, habitualmente en propiedad de bancos o de grandes tenedores. Específicamente, en el Camp de Tarragona, un 96% de las ocupaciones son en inmuebles vacíos. En las Terres de l’Ebre, el dato se eleva al 97%. Eso no quita, sin embargo, que estos delitos no provoquen problemas de diferente índole en las comunidades de vecinos.
