El 4% de las ocupaciones se producen en pisos habitados

La ocupación de viviendas se enquista, con 854 casos en la provincia durante 2022. Es más de dos delitos al día. En el Camp de Tarragona, hubo 679 ocupaciones y en las Terres de l’Ebre 175. Son datos del Departament d’Interior que, por primera vez, desglosa si esa casa o piso está desocupado o vive alguien en él de manera habitual. De esos 854 casos, solo 32 correspondieron a viviendas habitadas, lo que supone, además, una violación de domicilio. De este último grupo, 24 casos, el 75% del total, son segundas residencias.

Por lo tanto, solo el 3,7% de las ocupaciones se producen en inmuebles en los que vive alguien. Así, algo más del 96% tienen lugar en casas vacías, habitualmente en propiedad de bancos o de grandes tenedores. En un momento en que la ocupación se ha colado en la agenda pública, convertida en mayor o menor grado en herramienta política para los partidos, estas cifras vienen a tumbar algunos mitos, como los del temor a perder la vivienda por ausentarse. Eso no quita, sin embargo, que el fenómeno no genere inconvenientes. «La ocupación se extiende cada vez más. Se hace generalmente en pisos vacíos pero provoca problemas a la comunidad», indica Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.

Un perjuicio a los demás

Huguet detecta una ocupación «de gente necesitada, que no molesta, pero que es la mínima parte, y una mayoritaria, problemática, de personas antisociales, que tratan mal las zonas comunes, que perjudican a los otros vecinos». «Por mucho que el piso esté vacío, estamos hablando del derecho a la propiedad privada. No significa que el piso no tenga un propietario y eso hay que tenerlo en cuenta», indica Huguet. En el Camp de Tarragona, un 96% de las ocupaciones son en inmuebles vacíos. En las Terres de l’Ebre, el dato se eleva al 97%. En rangos similares se ubica el balance en Catalunya. De las 6.863 ocupaciones denunciadas el año pasado, el 97,7% tuvieron lugar en pisos vacíos (6.704).

Hèctor Ruana, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, admite que «muy a menudo las ocupaciones son de fincas sin habitar, propiedad de bancos, de grandes propietarios, de fondos de inversión. Vemos que estas empresas no tienen mucha inquietud por desocupar, de forma que quien acaba sufriendo las consecuencias son los vecinos de escalera».

Ruana enumera algunos de los perjuicios que provoca el fenómeno de la ocupación, muy concentrado en algunos ámbitos: «Los afectados son generalmente personas de nivel socioeconómico bajo, que ven cómo se daña de forma horrorosa la habitabilidad de estas comunidades de vecinos. Y por no hablar de las conexiones ilegales que puedan hacer, con sus riesgos. Hay una afectación en elementos comunes, en accesos, que deteriora mucho el ambiente».

El fenómeno de la ocupación se ha convertido en un arma política. La alerta, esgrimida por partidos de la derecha o la ultraderecha, ha servido, según los expertos, para arañar votos.

Donde la estadística de la Generalitat señala algunas singularidades es cuando se atiende al peso del turismo en la región. De las 27 violaciones de domicilio en el Camp de Tarragona, seis son en primeras residencias, de forma que esta sería la cifra real, dentro del problema de las ocupaciones, de situaciones en las que alguien, viviendo en su hogar, ve cómo le es arrebatado. Las otras 21 restantes son de segundas residencias. Es la mayor cifra de todas las regiones de Catalunya, junto con la de Girona, e ilustra ese miedo a que los ocupas irrumpan en las casas de vacaciones en las temporadas en las que el dueño no está. En el Ebre hubo cinco violaciones de domicilio, dos de primera residencia y tres de segunda. El 28-M muestra cómo Vox ha ganado terreno en urbanizaciones de casas unifamiliares aisladas donde la seguridad se ha convertido en tema clave. En el Cap Salou el partido de ultraderecha se ha erigido en segunda fuerza, con un 16,4% de los votos, igual que en la urbanización Rodolat del Moro, en Tarragona, donde ha cosechado un 20,6% de los sufragios.

Fina Sánchez, portavoz de la PAH en Tarragona, está en contacto con algunas de las ocupaciones que se realizan, pero únicamente de un determinado perfil: «Mensualmente nos llegan entre seis o siete casos de ocupaciones de pisos vacíos de bancos. Nosotros entonces sí podemos intervenir ahí, mediando para conseguir un alquiler social, y siempre que se cumplan unos determinados requisitos, como que la familia sea vulnerable».

Sánchez aclara que «nosotros no podemos ir contra la ley, no incitamos para nada a la ocupación». La PAH interviene después y con condicionantes. «No mediamos cuando hay comportamientos o temas conflictivos de por medio, ni tampoco si se ha ocupado un piso que sea de una propiedad privada. Simplemente ayudamos a negociar alquileres sociales con las entidades o con las gestoras».

Un componente de criminalidad

Otra cuestión es cómo se produce el acceso a ese inmueble, donde pueden actuar algunas mafias, dedicadas a detectar viviendas susceptibles de ser usurpadas, y las ofrezcan a personas necesitadas a cambio de cobrar dinero. El sustrato de estas situaciones es la enorme cantidad de pisos vacíos en el stock inmobiliario, en parte procedente aún de la burbuja.

Ferran Font, experto inmobiliario y director de estudios de la plataforma Pisos.com, pone énfasis en el componente de criminalidad que va añadido: «Durante años fue algo residual, pero ahora tenemos a organizaciones que no solo están detrás sino que, una vez ocupan, mejoran el piso en cuanto a muebles o electrodomésticos y lo alquilan, de forma que el que entra ya puede ser alguien necesitado, no es la mafia».

Font cree que «la situación es preocupante desde muchos puntos de vista, empezando por la existencia de un mercado que actúa fuera de la ley y siguiendo por el drama de las víctimas», a lo que se añaden casos como «el de aquel que accede en una vivienda con la intención de dejar de pagar».

En los últimos años Tarragona siempre ha destacado como uno de los lugares más asolados por la usurpación de viviendas. El problema es extensible a toda Catalunya y tiene que ver, entre otros factores, con el gran número de pisos vacíos, el déficit del alquiler social y, según denuncian algunas voces, la laxitud de las leyes que ha provocado una casuística delictiva. Es en este último punto donde se genera más controversia.

¿Hay suficientes instrumentos?

¿Hay bastantes herramientas legales para combatir la ocupación? En ese sentido, el juez Diego Álvarez de Juan, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, en varias apariciones en televisión durante el año pasado alertó de la alarma social generada, y reivindicó que la justicia tiene elementos suficientes para actuar cuando las ocupaciones pueden ser constitutivas de delito y el procedimiento sigue la vía penal: «Si se conjugan correctamente esos factores, se puede echar a un ocupa en pocas horas. No existe ninguna previsión legal de ningún tipo que convierta en legítima una ocupación por el paso de 24 o 48 horas».

En esa línea, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, indica que «contamos con suficientes instrumentos legales, civiles y penales, para luchar contra la ocupación ilegal. Hay que acudir al juzgado a denunciarla, cuando se produce, y no confundir la okupación de inmuebles vacíos con las viviendas en que residen familias».

Bajan los pisos vacíos pero aún quedan 6.594 en la provincia

Tarragona tiene 6.594 viviendas vacías, según los últimos datos del Servei d’Estudis i Documentació y de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, correspondiente a finales de 2022. La cifra de ese stock sin habitar ha descendido casi en un 10% en el último año. En 2021 había 7.307 en el Camp de Tarragona y el Ebre. El objetivo de las administraciones es ir reduciendo la cantidad de casas y pisos deshabitados.

De la cifra actual, un 34%, exactamente 2.251, están en buenas condiciones de habitabilidad mientras que casi 1.000 están pendientes de ser rehabilitados. Por otra parte, 883 inmuebles constan como ocupados.

En Girona hay 5.136 pisos vacíos, en Barcelona 16.895 y en Lleida 3.323. En toda Catalunya, la Generalitat tenía contabilizados a finales del año pasado un total de 31.948 inmuebles vacíos, una cifra que también se ha reducido sensiblemente. En 2021 eran 35.123. La elevada cantidad de domicilios vacíos puede ser un caldo de cultivo para que sea ocupada de manera ilegal, si bien la Generalitat trabaja para facilitar el acceso de una forma reglamentada.

En el Informe de 2022 sobre el sector de la vivienda que elabora la Generalitat se establece que «la red de mediación para el alquiler social ofrece servicios de mediación entre personas propietarias de viviendas vacías y posibles inquilinos, y tiene como objetivo incrementar el número de viviendas de alquiler a precios asequibles y facilitar el acceso a unidades de convivencia y a jóvenes de entre 18 y 35 años que cumplan los requisitos de acceso que fijan las bolsas».

Los que critican el alarmismo generado en torno a la ocupación defienden que, en realidad, se trata de un problema de acceso a la vivienda. En ese sentido, el informe de la Generalitat establece que «otra de las herramientas importantes para incrementar el parque de vivienda destinado a políticas sociales es la firma de convenios con entidades para la cesión de inmuebles», para así «poder tener viviendas a disposición para dar respuesta a situaciones urgentes».