«Para garantizar la seguridad de nuestra comunidad de vecinos, cerrad bien la puerta y no la abran a desconocidos» o «Están intentando entrar ocupas. Vigilen y llamen a la policía. No abran la puerta a desconocidos». Estos son los mensajes que hay en algunos portales de la calle Mallorca, en Tarragona. El motivo es los intentos de ocupaciones que han sufrido algunas escaleras en los últimos meses. Los vecinos han decidido organizarse para evitar futuras situaciones complicadas. Aseguran que su calle no se llenará de ocupas y que «haciendo red» es la única manera de conseguirlo. Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona confirma que existe «un foco conflictivo» en la zona, desde diciembre y enero. El Consistorio, añade, que actualmente está gestionando y mediando entre vecinos y ocupas.
Lo que hasta ahora era un fenómeno que se concentraba, sobre todo, en los barrios periféricos, parece que se está trasladando a la zona centro. No solo en la calle Mallorca. Las entidades vecinales y comunidades de escaleras aseguran que otras de las calles problemáticas son Prat de la Riba, Pere Martell y Ramón y Cajal. Según dicen las asociaciones de vecinos, los ocupas están cada vez más confiados y ya no esperan que oscurezca para actuar. Lo hacen a plena luz del día y en pleno centro de la ciudad.
En las últimas semanas, los vecinos de la calle Mallorca han logrado parar alguna ocupación. Es el caso del número 32. No tuvieron la misma suerte los de otro bloque ubicado a escasos metros. Así lo cuenta una vecina: «Hace un par de meses, unos jóvenes forzaron una puerta y ocuparon una vivienda. Los vecinos llamamos a la propietaria quien, en un primer momento, se desentendió de lo sucedido». Y sigue: «Los ocupas eran problemáticos, unos delincuentes bien conocidos por la policía, nos dijeron. Se habían encarado con alguno de nosotros y, en alguna ocasión, habíamos encontrado sangre en la puerta».
La comunidad llamaba a los Mossos sin parar y, cada dos por tres, la policía se presentaba al lugar. Finalmente, la propietaria se responsabilizó de su vivienda y acabó tapiando la puerta. «Según pudimos saber, los ocupas alquilaron la vivienda, de manera irregular, a una madre e hija, que pagaron por adelantado seis meses», asegura Antonio, un vecino, quien añade que «daban mucha pena el día que llegaron y se encontraron con la vivienda tapiada. Habían sido engañadas». En la mayoría de los casos, se trata de grupos organizados, que entran en un piso y, días después, lo alquilan. Este fue un punto de partida para el resto de comunidades de vecinos de la zona. Fue a partir de entonces cuando decidieron poner en marcha medidas para evitar que la situación se repitiese.
En el caso del número 32, no solo hay el cartel de aviso en el portal. Al acceder a la escalera, hay una cámara que registra cualquier entrada y salida, tanto a la vivienda como a la zona de ascensores. Una vecina –quien prefiere no dar a conocer su nombre– explica que el último intento de ocupación se vivió hace aproximadamente un mes. «Escuchamos ruido y ya nos activamos. Ponemos todos los sentidos en vigilar nuestra escalera», dice la vecina, quien añade que «hemos llegado a tal punto de paranoia que no abrimos ni a las carteras ni a los revisores de la caldera».
Según explican, los ocupas ya son conocedores de las medidas preventivas que han impulsado los vecinos, lo que hace que busquen alternativas para acceder a las viviendas. «Ahora, incluso, se ha puesto de moda saltar por los tejados hasta llegar al piso vacío», dice José, otro vecino.
Por su parte, desde la Associació de Veïns Verge del Carme, un miembro de la junta, Josep Maria Ferran, explica que hay «un sentimiento de inseguridad generalizado en el barrio», y añade que «la problemática de las ocupaciones no solo está en la calle Mallorca. En Pere Martell también se han registrado algunos casos». Ferran dice que desde la entidad vecinal aconsejan no abrir la puerta a personas desconocidas «como método de prevención».
El fenómeno se extiende
La problemática de las ocupaciones se ha trasladado también a la zona centro de la ciudad. Hasta ahora, parecía que fuera un fenómeno que se centraba en la periferia. «Parecía que en los barrios era más fácil, por un tema de que hay menos policía y que los vecinos son menos preocupados con esto», dice Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, quien añade que ya hace años que ven como el modus operandi de los ocupas se ha extendido en otros puntos de la ciudad.
«Es un problema muy serio y nadie toma medidas. No hay seguridad jurídica. Las ocupaciones debería ser un asunto de la administración, ya que la mayoría de ellas son delictivas», dice el presidente del colegio. Huguet explica que hay comunidades que, a parte de poner carteles o instalar cámaras, también han tapiado puertas. «En principio no se puede, pero cuando la justicia no ampara a los afectados, estos la buscan por su cuenta», dice Huguet, quien añade que «la ocupación es una lacra cada vez más extendida y sin intenciones de resolverse».
Tarragona es la segunda provincia de España con más delitos por ocupación de inmuebles, con una ratio de 5,5 por cada 10.000 viviendas, solo por detrás de Barcelona (7,2), según los datos del Ministerio del Interior entre enero y abril del año pasado. Son 18 allanamientos a la semana.
Es más, en términos absolutos, Tarragona, con 297 ocupaciones, está en la cuarta posición del ranking, por detrás de otras demarcaciones mucho más pobladas como la propia Barcelona, líder (1.930), Madrid (538) y Valencia (385).
Y esa relación no es circunstancial, sino que en los últimos años Tarragona siempre ha destacado como uno de los lugares más asolados por la usurpación de viviendas. El problema es extensible a toda Catalunya y tiene que ver, entre otros factores, con el gran número de pisos vacíos, el déficit del alquiler social y, según denuncian algunas voces, la laxitud de las leyes que ha provocado una casuística delictiva.
Durante 2021, las cifras bajaron en las otras tres provincias catalanas, con la excepción de Tarragona. Las 7.345 ocupaciones en Catalunya son el 42% del total que se registraron en España el año pasado (17.274).