Tarragona es la segunda provincia de España con más delitos por ocupación de inmuebles, con una ratio de 5,5 por cada 10.000 viviendas, solo por detrás de Barcelona (7,2), según los datos del Ministerio del Interior entre enero y abril de este año. Son 18 allanamientos a la semana. Es más, en términos absolutos, Tarragona, con 297 ocupaciones, está en la cuarta posición del ranking, por detrás de otras demarcaciones mucho más pobladas como la propia Barcelona, líder (1.930), Madrid (538) y Valencia (385).
Y esa relación no es circunstancial, sino que en los últimos años Tarragona siempre ha destacado como uno de los lugares más asolados por la usurpación de viviendas. El problema es extensible a toda Catalunya y tiene que ver, entre otros factores, con el gran número de pisos vacíos, el déficit del alquiler social y, según denuncian algunas voces, la laxitud de las leyes que ha provocado una casuística delictiva.
«Es una lacra contra la que no se toman medidas. No hay seguridad jurídica. Hay una ocupación de gente necesitada que debería asumir la administración, pero la mayoría es delictiva, vinculada a mafias. No hay nada que la frene y cada vez irá a más porque las estamos incentivando», admite Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.
La legislación distingue entre si el piso es de un particular, facilitando el desalojo pertinente, o si pertenece a una entidad financiera o a un gran tenedor. La mayoría de ocupaciones son de entidades financieras o de fondos buitre, pero Huguet recuerda que, sea como sea, la ocupación genera problemas para el resto de vecindario. «Hay problemas de convivencia, ruidos, fiestas, jaleos, peleas, conflictos, puntos de venta de sustancias estupefacientes», confiesa, de ahí que pida: «Queremos que la ocupación sea ilegal, que puedas desalojar en 48 horas si no tienes nada que acredite tu derecho a estar ahí, y que las comunidades de propietarios puedan actuar, instar a nivel judicial, porque actualmente no podemos».
Ocupar y ofrecer a terceros
Ferran Font, experto inmobiliario y director de estudios de la plataforma Pisos.com, pone énfasis en el componente de criminalidad que va añadido: «Durante años fue algo residual, pero ahora tenemos a organizaciones que no solo están detrás sino que, una vez ocupan, mejoran el piso en cuanto a muebles o electrodomésticos y lo alquilan, de forma que el que entra ya puede ser alguien necesitado, no es la mafia». Font cree que «la situación es preocupante desde muchos puntos de vista, empezando por la existencia de un mercado que actúa fuera de la ley y siguiendo por el drama de las víctimas», a lo que se añaden casos como «el de aquel que accede en una vivienda con la intención, de entrada, de dejar de pagar».
A Font le resulta difícil entender los elevadísimos datos de Catalunya: «Aunque sea más atractivo vivir aquí, creo que ese no es el motivo. Hay un mercado donde hay mucha segunda mano y también producto de costa, pero eso tampoco explica esas diferencias tan grandes». Queda, pues, «una ley catalana que tiene más tendencia a ser más protectora con aquellos ocupantes», aunque a partir de ahí la palabra más citada es equilibrio. «La ley busca proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, que no tienen opciones para elegir, pero es difícil hallar ese equilibrio. Tenemos que hacerlo a través de unas reformas legales efectivas, de juicios rápidos en 48 horas, para que no se eternicen estas situaciones tan complicadas. Las estadísticas están fuera de lugar y además todo ello afecta a algo básico en la clase media como es tener tu piso en propiedad y que eso esté en riesgo».
La ley aprobada por el Parlament apunta que los grandes tenedores deben ofrecer alquileres sociales en caso de impago u ocupación antes de iniciar el proceso de desahucio si se demuestra vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión habitacional.
Las cifras van al alza. En los cuatro primeros meses del año, Tarragona ha pasado de 263 denuncias a 297 (a razón de casi 2,5 ocupaciones al día), un incremento del 13%, que se sitúa entre los mayores de España. Entre 2017 y 2021, este tipo de delitos se han disparado un 23,4%, al pasar de 521 a 643. Pero 2021 no ha sido el año de más ocupaciones, sino que fue 2020, el de la irrupción de la Covid-19. Así, pese a los confinamientos, hubo 750 usurpaciones o allanamientos. Durante 2021, las cifras bajaron en las otras tres provincias catalanas, con la excepción de Tarragona. Las 7.345 ocupaciones en Catalunya son el 42% del total que se registraron en España el año pasado (17.274).
«Es un problema que se enquista»
Ante esta situación, Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario, sostiene que «estamos ante una lacra social, un problema crónico que se enquista en la sociedad», dando lugar «a un fenómeno delictivo pero envuelto con un carácter de necesidad social». Sosa, sin embargo, reparte culpas. «Los bancos y entidades financieras que tienen tantos pisos embargados y desocupados también tienen su responsabilidad en el alto índice de ocupación ilegal de viviendas. No se pueden tener tantas propiedades embargadas desocupadas sin una utilidad real como es su venta o alquiler».
El letrado pone un ejemplo para comprender: «Hasta cierto punto es lógico. Si los coches, motos o bicicletas estuvieran dejados y abandonados sin dueños en las calles, la gente que los necesita los cogería, como los frutos y las cosechas. Las cosas sin dueño y que no ejerce como tal, al final se las apropian. La propiedad y el dominio están para ser ejercidas como tales».
Sosa cree que se ha ido creando «una atmósfera más tolerante y más permisiva». Por su parte, la PAH ha reivindicado no criminalizar la ocupación, sobre todo la de inmuebles vacíos de bancos que en su día fueron rescatados con dinero público. Sobre ese fino equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y a tener una casa, la plataforma defiende a «toda la gente que ocupa por necesidad, lo que no te convierte en delincuente» y sostiene que «al acceso a la vivienda es un derecho y en Catalunya no está garantizado».
Algunos de los problemas más recientes con las ocupaciones se han dado en Roda de Berà. En los últimos días ha cundido la preocupación vecinal por los intentos continuados de usurpación de inmuebles. La movilización de los vecinos e incluso la intervención de la policía local y de los Mossos han conseguido neutralizar varias ocupaciones por parte de personas que habían adquirido las llaves de inmuebles a través de alguna venta. Todo ello ha generado situaciones de tensión entre ocupantes y vecindarios. Incluso el ayuntamiento reclama a las entidades financieras que instalen puertas blindadas y alarmas para proteger sus posesiones frente a estas tentativas.
De hecho, la intervención vecinal –ya sea tapiando accesos o a través de patrullas– ha sido un método común en los últimos años para luchar contra la ocupación. «No es de un estado de derecho que los particulares afectados a veces incluso psicológicamente por la usurpación de su propiedad deban acudir a ‘empresas privadas’ y de ‘desocupas’ para recuperar su chalet o vivienda», indica el abogado Manuel Sosa, aludiendo a otro de los servicios contratados.
«Parece hasta una situación creada y tolerada para favorecer a las grandes empresas de alarmas y de seguridad que no paran de hacer publicidad a todas horas y medios creando alarma social», expone Sosa.
