Àlex Savé es administrador de fincas con oficina en Salou y, desde hace un tiempo, obligado negociador y mediador con ocupas. «Intentas llegar a un acuerdo porque es más rápido que ir a la justicia. No hay ninguna negociación fácil. A veces les puedes convencer de que se tienen que ir y otras llegas incluso a pagar algo por que se marchen», reconoce, forzado a ejercer este rol ante la expansión del fenómeno durante 2020, incluidos los meses del estado de alarma.
«Durante el confinamiento hubo, en realidad, una cierta libertad de movimientos para la gente que ocupa. Hay que tener en cuenta que los propietarios estuvieron casi tres meses sin poder desplazarse a su vivienda, a su segunda residencia, y cuando lo hicieron se la encontraron ocupada», explica Savé, miembro de la junta de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i las Terres de l’Ebre.
Tarragona, zona caliente
En algunas provincias la ocupación de inmuebles se ha disparado en los seis primeros meses del año, según la estadística de Interior. En Tarragona, el balance se mantiene similar al de 2019, registrando un ligerísimo descenso al pasar de 362 ocupaciones a 359. Los datos indican, por tanto, que ni siquiera tantos meses de confinamiento han repercutido en un descenso de estos delitos que, por otra parte, hace tiempo que han colocado a Tarragona en una zona caliente.
Es la cuarta provincia de España en ocupaciones ilegales por cada 10.000 viviendas, con una ratio de 6,72, por detrás de Girona (10,29), Barcelona (9,97) y Toledo (8,33). En valores absolutos, solo está por detrás de Girona, Barcelona, Madrid y Sevilla. Así, en Tarragona hay dos ocupaciones al día, a juzgar por los últimos datos. Otro índice más: entre 2013 y 2018, Tarragona fue la segunda provincia con más ocupación en relación al número de viviendas, con una tasa de 52,8 denuncias, solo por detrás de Barcelona (66,09).
Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, también admite que «estamos ante un problema serio y ha habido un aumento desde el confinamiento hasta ahora». Huguet reconoce haberse encontrado con «ocupaciones en todas partes» aunque es cierto que la segunda residencia se ha visto especialmente afectada: «Se aprovechan de que en la costa hay edificios poco habitados durante un tiempo del año, pero también hay ocupaciones en el centro. Estamos normalizando una situación que es anómala».
Los administradores de fincas en Tarragona sostienen que el principal problema son «las ocupaciones violentas y mafiosas, no ese 10 o 20% que ocupa por necesidad, porque no se puede permitir un piso». Fabián Huguet añade: «Los ocupas destrozan los edificios, hacen mal uso, se enfrentan a los propietarios. Estamos hablando de mafias organizadas, de intermediarios que hacen negocio con esto».
Àlex Savé también es contundente: «No son personas que lo necesiten. Son mafias en muchos casos que, además de ocupar, roban y amenazan. No trabajan solos. Tienes personas que localizan las viviendas, después un segundo grupo que las ocupan y luego los que acaban viviendo. Estamos hablando de delincuentes». La estadística policial indica que el número de delitos denunciados desde 2013 ha crecido un 97% en Tarragona, lo que implica que prácticamente se ha doblado, con independencia del mayor o menor efecto que puede haber tenido el estado de alarma.
«Falta de legislación»
Más allá de la batalla política, los afectados reclaman una normativa más dura para combatir el problema. «Nos encontramos con una falta de legislación que hace que los ocupas tengan incluso más derechos que el mismo propietario. Entendemos que debería gestionarse un desalojo instantáneo, bien por parte de Mossos o de policía local», añade Àlex Savé. «Hay que aplicar bien las leyes y modificar alguna para que sea más efectiva, para luchar contra esas ocupaciones violentas. Ahora mismo el derecho a la propiedad privada no se está protegiendo», indica Huguet.
Ana Bozalongo, asesora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, considera que «la ocupación está a la orden del día», y añade: «Una vez han pasado 48 horas ya se necesita una orden judicial y a partir de ahí comienza el calvario para el propietario, que se suele prolongar meses». Bozalongo recomienda presentar una demanda civil de desahucio y, a partir de ahí, esperar.
Ni siquiera los últimos endurecimientos de la ley han tenido efectos disuasorios, según Savé: «No existe realmente un desalojo exprés. Igual antes tardábamos dos años y ahora uno en poder echar a alguien. Sentimos que cada vez hay más inmunidad, que hay políticos que no están legislando ni tampoco haciendo su trabajo de dar un alquiler social al que lo necesita».
Mientras tanto, crece la presión para que haya más mano dura. Las cámaras de la propiedad urbana de Catalunya han pedido desalojos inmediatos y también hay fiscalías que se han posicionado a través de instrucciones para que los cuerpos y las fuerzas de seguridad actúen «directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales» para desalojar un inmueble que haya sido objeto de una ocupación ilegal.
La situación ha generado auténticas perversiones inmobiliarias. Hay desde dueños que se tienen que ir de alquiler por el deterioro de la convivencia y los conflictos en un edificio con varios pisos ocupados a toda una suerte de reclamos en internet, donde proliferan los anuncios de esta guisa: «Busco piso muy urgente, tengo una pensión de 400 euros por invalidez física, no puedo mover la mano y tengo a mi cargo a mi hermano pequeño». «Busco piso okupa. Máximo puedo pagar 300-450. Me quedo en la calle. Por favor, es urgente».
Son solo dos ejemplos a la desesperada, que se complementan con el aumento del negocio de la seguridad privada y con el surgimiento, también en Tarragona, de empresas que se dedican a la desocupación, en muchos casos con métodos ubicados en el límite de lo legal. «Cada vez que hay una ocupación existe una propiedad detrás. Todas las ocupaciones son traumáticas, porque hay un dueño detrás que ha ahorrado para comprar, que quiere vivir o que necesita sacar rendimiento», cuenta Àlex Savé.