El Ajuntament de Tarragona ha incoado 487 expedientes por viviendas desocupadas con carácter permanente. Son los primeros expedientes sancionadores que el consistorio abre y se dirigen a personas jurídicas (sociedades o entidades financieras), a pesar de que los procedimientos administrativos también se extenderán a propietarios particulares de pisos vacíos. Una vez acabada el periodo de alegaciones, se impondrá un recargo del 50% del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI), como marca la Ley de Haciendas Locales.
“La movilización de viviendas vacías es uno de nuestros principales objetivos, puesto que permite aumentar la oferta de viviendas disponibles de alquiler, así como evitar la degradación del casco urbano”, explica la consellera d’Habitatge, Eva Miguel, que añade: “Esta medida nos permite, por fin, detectar las viviendas vacías que existen en la ciudad para disponer, finalmente, de un censo real del parque de viviendas desocupadas. A medida que disponemos de los resultados de las inspecciones que se hacen en las viviendas, iremos actualizando los datos”. “No nos podemos permitir tener pisos desempleados mientras hay familias que no tienen cubierto el derecho fundamental de acceso a la vivienda”, subraya.
Por su parte, el conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, ha apuntado que esta es una medida encaminada “a hacer frente a la especulación y a hacer un llamamiento a los propietarios para que den uso a las viviendas que tienen vacías”.
Esta tarea de inspección es fruto de un convenio firmado entre el Ajuntament de Tarragona y la Agència de l’Habitatge de Catalunya para realizar inspecciones a las viviendas susceptibles de estar vacías en el municipio. Así mismo, el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA)) ha elaborado un plan de trabajo que consiste en inspeccionar las viviendas vacías. De hecho, el parque de viviendas vacías del conjunto de Tarragona es de unas 7.000, incluidas las 1.200 que son propiedad de las entidades financieras.
