En la provincia de Tarragona hay un total de 7.354 viviendas de grandes propietarios que están vacías. Esta cifra representa casi un 20% del total de Catalunya, donde el número de pisos deshabitados asciende a 35.700. La mayoría de estos pertenecen a entidades bancarias y fondos de inversión como la Sareb (6.731), BBVA (3.571), Divarian (3.477), Building Center (2.884), Bankia (2.546), Aliseda Inmobiliaria (2.172), Banco Santander (1.684), Unnin (944), Gramina Homes (908) y Coral Homes (846). Una radiografía en relación a los propietarios que sigue la misma línea en las comarcas tarraconenses, donde lideran la lista de pisos vacíos de grandes propietarios municipios como Tarragona, con 725; Reus, con 446; El Vendrell, con 390; Deltebre, con 317; Calafell, con 299; Tortosa, con 297; Sant Carles de la Ràpita, con 296; Amposta, con 266; Mont-roig del Camp, con 261 y Cambrils, con 251. Así, los tenedores mayoritarios en Tarragona son Divarian (87), Gramina Homes (81) y la Sareb (73), de la misma manera que en Reus son Divarian (66), Bankia (61) y Gramina Homes (46) los principales grandes propietarios –personas jurídicas con más de 10 viviendas y personas físicas con más de 15– que disponen de pisos vacíos, es decir, sin título habilitante durante dos años o más.
Estas cifras reflejan en gran parte la realidad de aquello de «casas sin gente y gente sin casa», pues existe una claro déficit habitacional que, en algunos casos, lleva a quienes lo sufren a ocupar una vivienda de forma ilegal. En este sentido, el director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, el Dr. Héctor Simón, consciente de la necesidad de poner estas viviendas en el mercado a través de alquiler social, asegura que el número de pisos vacíos de grandes propietarios no representa la problemática al completo. «Seguro que hay muchas más viviendas vacías que no constan en el Registre de d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, como por ejemplo aquellos que están en manos de pequeños tenedores», apunta. En este sentido, Simón comenta que «es difícil tener el conocimiento real de los pisos vacíos si no se realiza un censo, de manera que a través del consumo de agua, de los empadronamientos y de visitas in situ puedas saber el número exacto de viviendas deshabitadas». Así, añade, «se podrán activar unas vías u otras para ponerlas en el mercado».
Sobre estos mecanismos, el director de la Càtedra d’Habitatge de la URV explica que «desde la Càtedra somos partidarios de que la administración promueva incentivos positivos a los pequeños propietarios, como por ejemplo dando ayudas para la rehabilitación de una vivienda con la condición de que en cinco o diez años pase a formar parte de una bolsa de alquiler social». De la misma forma, y en relación a los grandes tenedores, Simón considera primordial que las administraciones lleguen a acuerdos con ellos para que pongan las viviendas vacías en el mercado de protección oficial, «también a través de incentivos positivos». El experto entiende que «como último recurso» se apliquen incentivos negativos, como sanciones económicas, a aquellos propietarios que tengan inmuebles deshabitados y no les den salida, pero se refuerza en su idea asegurando que la eficacia de estas vías punitivas «no está probada».
Políticas municipales
Por su parte, la concejal de Habitatge del Ayuntamiento de Tarragona, Eva Miguel (CUP), explica que «tenemos un convenio con la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) que nos marca un objetivo de localizar hasta 50 inmuebles vacíos y activarlos con políticas desde el consistorio». En este sentido, Miguel asegura que ya hemos detectado 34 viviendas que son susceptibles de estar deshabitadas, lo que supone un 68% de la meta final de 50. «Lo que intentaremos es encontrar mecanismos para movilizar estas viviendas y lo que contempla el Pla Local d’Habitatge de Tarragona para ello es generar mesas de negociación», comenta la edil.
En esta línea, manifiesta que «en una primera fase seremos proactivos a la hora de localizar a los grandes propietarios, darles toda la información sobre ayudas y negociar de forma amistosa para dar salida a los inmuebles vacíos», a la vez que recuerda que «también tenemos mecanismos jurídicos para activar estos pisos». Así, señala que «si la primera fase de negociación con los grandes tenedores no funciona, disponemos de herramientas coercitivas, pero son más complicadas porque acaban en derivaciones judiciales cuya resolución se produce a largo plazo».
De la misma manera, la concejal de Economia, Coneixement i Habitatge del Ayuntamiento de Reus, Teresa Pallarès, explica que a través del mismo convenio con la ACH «reconocimos más de 70 viviendas de grandes propietarios vacías y de éstas hemos abierto 40 expedientes sancionadores». Cuenta que mandaron una carta a los grandes tenedores informándoles de la situación con aquellos inmuebles y avisándoles de que ésta debía ser regularizada «en cumplimiento de una función social». No obstante, y pese a asegurar Pallarès que en cualquier momento puede tirar adelante con los expedientes, «que nos permiten poner sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros», dice que se está en un punto de diálogo y negociación para poner las viviendas en el mercado social. «Sancionaremos si hace falta, pero antes apostamos por vías de acuerdo que pensamos que son más productivas», finaliza la edil reusense, que se pone a disposición de los propietarios.
