«Los consumidores deben tener claro que han sido los intermediarios y las grandes superficies quienes han subido el precio de los alimentos», defiende Pere Guinovart, coordinador territorial de Unió de Pagesos en Tarragona, que a su vez califica de «fatídica» la situación que viven los agricultores. Lamenta, en este sentido, que los costes de producción se han incrementado más de un 50% de media, pero les siguen pagando lo mismo que antes por sus productos. Al mismo tiempo, las cooperativas agrícolas reclaman medidas para reducir las facturas energéticas, pues consideran que el aumento de estos costes de producción es ya «insostenible» y aseguran que no pueden repercutirlos en los consumidores. Todo esto después de que los precios de los alimentos se hayan vuelto a disparar en el mes de octubre, un 15,4% respecto al mismo mes de 2021.
«La electricidad, los productos fitosanitarios, los abonos, el gasoil... todo se ha encarecido, haciendo una media de más del 50%», lamenta Guinovart, de los cuales denuncia que «los tenemos que asumir nosotros, perdemos dinero porque nos pagan lo que producimos a precios ruinosos, por debajo de los costes de producción». Y el hecho de que los payeses pierdan dinero, sostiene el representante del sindicato agrícola, «motiva que en cinco años hayan abandonado el sector unas 600 incorporaciones jóvenes a nivel de Catalunya. Cuando nosotros no estemos no sé quién producirá los alimentos», dice.
Lo mismo denuncia Joan Carles Gual, un agricultor de La Riera de Gaià, cuyos olivos este año han dado tan pocos frutos que ha decidido no coger las aceitunas para no perder más dinero. Algo mejor fue la cosecha de avellanas. Sobre esta, Gual explica que «no fue extraordinaria, fue buena, y nos pagaron 10 céntimos más que el año pasado, pero el incremento de los costes de producción han sido mucho mayores y para haber obtenido los mismos beneficios que otros años nos tendrían que haber pagado el kilo a 50 o 60 céntimos más».
En esta misma línea, las cooperativas agrícolas piden ayuda a gritos. La Federació de Cooperativas Agràries de Catalunya (FCAC) alerta de que el aumento de los costes de producción es «insostenible», en especial los relacionados con la energía, que en el último año se han triplicado. Su presidente, Ramon Sarroca, dice que es «imposible» trasladar ese incremento al consumidor final y, ante ello, pide medidas para evitar que los alimentos se encarezcan aún más. Así, la FCAC propone que las cooperativas queden excluidas de pagar la compensación por la excepción ibérica a las gasistas, medida que haría reducir un 50% la factura energética, y que se pueda modificar la potencia de la luz contratada dos veces en el año, con el que ahorrarían hasta un 75% el gasto en potencia de la luz.
A todo esto, Miquel Àngel González, presidente de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Constantí, explica que estas ayudas son necesarias porque ya no pueden repercutir más los costes de transformación de las cooperativas, porque si no, no venden. «Los payeses estamos perdiendo margen de beneficio y muchas de las fincas ya no son rentables y quedan abandonadas», lamenta González, que añade que «la gente piensa que si aquí no hay agricultores ya se importarán los productos de otros países, pero luego estalla una guerra como la actual y quedamos desabastecidos de muchos alimentos». Por otro lado, el presidente de la cooperativa de Constantí también alerta de que si escogemos este modelo de vivir únicamente de la industria y el turismo, sin tener en cuenta la agricultura, «el territorio, que es como un jardín, queda en mal estado, y se producen incendios descontrolados, por ejemplo. No se trata solamente de producir alimentos, sino también de cuidar el entorno», advierte.
Guinovart sostiene por otro lado que, en algunos casos en los que las grandes superficies lanzan ofertas de productos a precios muy reducidos, los consumidores deberían ser conscientes de lo que le deben pagar a los payeses por ese producto. Sobre esto mismo, el profesor del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Espluga, lamenta que «a menudo, comprar productos de oferta afecta a la viabilidad económica de los productores».
El sociólogo explica que los campesinos producen unos alimentos que venden a industrias transformadoras o a distribuidoras. «Estas últimas son las que imponen las condiciones, no solo de precios, sino también de cualidades estéticas, dimensiones, etc. Normalmente, los agricultores tienen muy poco poder para negociar estas condiciones», asegura Espluga, que lamenta que «tal y como está configurado actualmente, el sistema agroalimentario ha desconectado totalmente la producción del consumo, reorganizándolo al servicio de aquellos actores que controlan la logística y distribución de las mercancías. En el caso catalán, por ejemplo, se sabe que las empresas de gran distribución representan sólo el 14% de los establecimientos pero facturan dos tercios del volumen de negocio, lo que supone una enorme concentración de poder ante la que los agricultores poco pueden hacer». Además, señala que el hecho de que los campesinos trabajen con un material perecedero difícil de almacenar a largo plazo, facilita que se vean obligados a aceptar casi cualquier condición impuesta por las grandes empresas distribuidoras.
En este contexto, defiende Espluga, «cuando los consumidores vamos a comprar alimentos a la gran superficie contribuimos a fortalecer el poder de estas empresas y, en consecuencia, a debilitar la posición de los campesinos». Finalmente, concluye asegurando, como también lo hace Guinovart, que una forma de evitar esto es con la compra de proximidad, de kilómetro cero y de temporada.