El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo sigue candente. Los datos que se van conociendo no dan lugar a la tranquilidad. El último que se ha conocido es que el que ha publicado recientemente el Economista a través de un informe realizado por el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. Por cada euro cotizado, el pensionista recibe 1,6 euros de pensión. En otras palabras, su prestación es un 37,5% superior a lo cotizado en la vida laboral. ¿Es este desajuste sostenible durante muchos años?
Antoni Cunyat, profesor de Economía y Empresa en la UOC, se muestra muy tajante a la hora de responder a la pregunta planteada: «Voy a ser breve, no (largo silencio). Es una cuestión de números. De aquí al 2050 se prevé que las pensiones suban de 10 a 15 millones de euros».
Como medida para asegurar esta sostenibilidad tanto a corto, como a medio y largo plazo nació una reforma de las pensiones que se aprobó en el Congreso de los diputados el 13 de marzo de 2023 poniendo fin a un proceso que se inició a 2021. Sin embargo, para Cunyat su impacto no va a ser para nada positivo: «La reforma de pensiones es un parche que no soluciona nada, se queda a medias».
De la media ofrecida por el Economista salen diferentes perfiles de pensionistas. Algunos contribuyen de manera firme en agrandar esta media y otros la rebajan. El primer perfil, el que responde al más perjudicado, es el del trabajador que cotiza durante 43 años pero que apuesta por una jubilación anticipada a los 60, recibiendo 1,2 euros de pensión por cada euro cotizado. Algo parecido les toca vivir a aquellos jubilados que deciden poner fin a su aventura laboral a los 60 o 60 y pocos años, pese a haber cotizado durante más de 40 años.
En el otro lado de la moneda está el más beneficiado y que se trata del que cuenta con 33 años cotizados, pero no se ha jubilado hasta los 66 años, cobrando hasta más del doble (2,03 veces) de lo que cotizó durante su carrera profesional. En una situación similar se encuentran las personas que se jubilan a partir de los 65 años y que han cotizado entre 33 y 34 años.
Victoria Muñiz, de la plataforma Pensiones con Dignidad en Tarragona, no quiere que estos datos coloquen en el centro de la diana a los pensionistas y así lo expresa con rotundidad: «Lo que se tiene que hacer es dejar de hacer creer a la gente que los pensionistas son un problema para el país. Se tiene que respetar nuestro trabajo y todo lo que hemos estado trabajando durante años. Yo por ejemplo he estado 42 años cotizando, a mí nadie me ha regalado nada. Nosotros somos una generación que ha levantado el país. Ahora estamos recogiendo parte de lo que hemos estado aportado, y no todo. Es muy injusto que siempre nos estén señalando».
Los sindicatos de pensionistas se defienden con firmeza, pero eso no implica que el miedo a que en un futuro desaparezcan las pensiones sea muy real. ¿Qué contribuye más allá de medias desequilibradas entre lo cotizado y lo cobrado por los pensionistas como las publicadas por el Economista?
Sobre todo, hay dos aspectos que influyen de manera decisiva en la sostenibilidad de las pensiones. El primero de ellos es la esperanza de vida que no para de subir. Para que se hagan una idea, en Tarragona es de casi 83 años (82,97), con 85,69 años por término medio para las mujeres y 80,33 para los hombres.
¿Y cómo afecta esto? De la siguiente manera, las personas cotizantes tendrán que pagar presiones durante más tiempo. «Hemos de prever que la esperanza de vida va a seguir subiendo durante los próximos años. Yo creo que en un futuro vamos a tener que compaginar la vida laboral con la jubilación. Habrá que bonificar que la gente siga trabajando, aunque ya tenga edad para jubilarse», añade Cunyat.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta de que el envejecimiento de la población y la proporción creciente de pensionistas no sólo supondrá un aumento del gasto público en pensiones y cuidados, sino que además provocará una reducción de los ingresos públicos por la menor recaudación de impuestos. «El envejecimiento puede determinar cambios en la capacidad recaudatoria de la economía. Es evidente que el envejecimiento altera la composición de las rentas (afecta a la proporción entre salarios y pensiones), la composición de la riqueza (población de mayor edad acumula mayores activos) y afecta también a los patrones de consumo. Conceptualmente tienden a predominar los efectos negativos del envejecimiento sobre la capacidad recaudatoria»; admite Cristina Herrero, presidenta de esta institución.
Junto a esta reducción de los ingresos, la AIReF recuerda que el envejecimiento provocará un aumento del gasto, sobre todo en pensiones: «Hemos estimado que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, alcanzando un máximo en 2049 del 14,8% del PIB para las pensiones del sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo también pensiones no contributivas y de clases pasivas. Estas proyecciones incluyen el impacto de las reformas ya aprobadas (2021 y 2023) y que suponen un incremento del déficit de 1,1 puntos de PIB en 2050», avisan. Datos que coinciden con los expuestos por Cunyat.
Se tiene que respetar nuestro trabajo y todo lo que hemos estado trabajando durante años
El segundo aspecto es que ha llegado ya la etapa de las jubilaciones para la generación del baby boom. Estos son los ciudadanos nacidos entre los años 50 y los principios de los 70. Las cuentas de las pensiones se van a complicar en las próximas tres décadas. La población activa estará formada por las generaciones ‘Millenial’ y ‘Z’ y deberá sostener los retiros de sus mayores: la generación más amplia de nuestra historia de España. «Los jóvenes van a tener muchos problemas si no pelean por sus derechos como hicimos nosotros. Las pensiones siempre van a estar en la diana, sobre todo la de los ciudadanos de pie, porque la de los políticos que tienen unas pensiones muchas más altas nunca se nombran y esas también entran dentro de las medias», asevera Peña.
El panorama es preocupante y Cunyat así lo señala: «Alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato, pero no es fácil porque aquí entra en juego un componente político que muchas veces se evade. Bajar las pensiones tiene un coste electoral muy alto porque los pensionistas votan y son mayoría. En cambio, la gente joven es minoría y son menos votos».