La precaria situación en la que se encuentra el servicio municipal de la grúa, sin contrato en vigor desde hace dos semanas, se intentó evitar en el año 2023. Hace 14 meses, durante la negociación del presupuesto del 2024, PSC y ECP pactaron «remunicipalizar» el servicio «cuando finalice la concesión», un extremo al que se llegó el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, un informe del interventor paralizó el acuerdo político.
El pacto entre el ejecutivo de Rubén Viñuales (PSC) y la formación de Jordi Collado (ECP) se enmarcaba en la voluntad de los progresistas por «evaluar posibles remunicipalizaciones de servicios». De hecho, en el acuerdo para las cuentas del 2024 se incluyeron 50.000 euros para llevar a cabo una «auditoría sobre la contratación pública» del consistorio.
Todo ello se escenificó en el pleno del 29 de noviembre del 2023, durante la sesión en la que se aprobaron los presupuestos del 2024. Ese día, Collado indicó que, entre los motivos que llevaron a ECP a dar el «sí» a los números del PSC, «están cuestiones de ADN para nosotros», como «empezar a remunicipalizar servicios, como es el caso de la grúa».
Ese día, el líder de los Comuns recalcó en el pleno que se celebró en la Diputació que, en el caso de la internalización de la grúa, «son pequeños pasos imprescindibles para que los servicios públicos sean prestados directamente por parte de trabajadores públicos».
Parón negociador en julio
El pacto entre PSC y Comuns se fue fiscalizando a lo largo de todo el año. Sin embargo, en julio el gobierno socialista notificó a ECP que «no podría cumplir» ese punto del acuerdo, a raíz de un informe del interventor que desaconsejaba la operación por motivos económicos. «Es un análisis economicista, que no tiene en cuenta la calidad del servicio público», critica el portavoz de ECP, Jordi Collado, quien ayer volvió a pedir la «internalización del servicio» durante una entrevista en Tarragona Ràdio. «Todo este lío de ahora nos preocupa, ya que afecta al prestigio de la institución», añade el edil de En Comú Podem.
Ahora, el gobierno municipal descarta asumir directamente el servicio. «La internalización de la grúa municipal no está encima de la mesa. El acuerdo alcanzado en su momento con ECP era estudiar la posibilidad de internalizarlo y se ha cumplido porque se ha estudiado. Y esto nos lleva a ver que no es viable municipalizar el servicio y por tanto, no es una operación adecuada. Dedicando todos los esfuerzos en el nuevo contrato para que salga a licitación lo antes posible», indican fuentes del gabinete de la Plaça de la Font.
Críticas de ERC, PP y Junts
El consistorio no cuenta con servicio externalizado de la grúa desde el pasado 1 de enero, cuando expiró la prórroga de la concesión, por lo que se ha contratado un servicio provisional con la ayuda de la Guàrdia Urbana a la espera de la nueva licitación, que no se prevé que pueda estar formalizada en menos de nueve meses.
«A día de hoy el alcalde todavía no ha salido a dar explicaciones. Debe dar la cara para explicar qué es lo que ha pasado», indica el portavoz adjunto de ERC, Xavier Puig, quien acusa al ejecutivo de una «falta absoluta de planificación».
También se muestra crítica Maria Mercè Martorell (PP). «Fruto de la falta de previsión e incapacidad, deben destinarse efectivos de la Guàrdia Urbana a retirar vehículos, en vez de dedicarse a la seguridad, tan necesaria en nuestra ciudad», indica la concejal popular. Jordi Sendra (Junts) anuncia que pedirá «explicaciones» al alcalde por un «despiste» que, a su juicio, «pone de relieve que este gobierno no puede llegar a todas partes». Esto sí, los juntaires se oponen a internalizar el servicio.
