El suministro de energía es una de las partidas más importantes de la Universitat Rovira i Virgili (URV), con un gasto presupuestado para este 2022 de 2,3 millones de euros. Pero la situación del mercado de la energía y la finalización de la contratación del suministro de manera consorciada con las universidades catalanas hace que la previsión del gasto, con los últimos precios de referencia disponibles, sería de cerca de 5 millones de euros superior para el año próximo si no se hiciera ninguna acción que incida sobre el consumo. Por eso, en paralelo a la negociación del sistema de adquisición de energía de manera consorciada, el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de emergencia energética que tiene por objetivo reducir el consumo de gas y electricidad, el cual tiene que repercutir en la factura de la energía.
El plan se estructura en dos ejes: la mejora de la eficiencia energética y la mejora del uso y la gestión. El primero es de ejecución a medio y largo plazo y responde a la estructura de campus y equipaciones distribuidas por el territorio. Incluye la mejora de las infraestructuras, la renovación de los sistemas de climatización, de alumbrado y los envolventes, la sectorialitzación del sistema de climatización y de alumbrado para poder cerrar zonas de edificios en función del uso que se hace y la renovación de la red de monitorización y la certificación energética de los edificios.
En este eje se incorpora la producción propia de energía con placas fotovoltaicas, que ya estaba en marcha y se recoge también en el Plan de sostenibilidad ambiental y acción climática. La primera fase del proyecto ya se está desplegando en los campus Catalunya y Sescelades (Tarragona) y Terres de l’Ebre (Tortosa), y en próximas fases se instalarán placas en el campus Bellissens (Reus) y continuará el despliegue en Sescelades. Sin embargo, la generación de energía a través de esta fuente renovable cubrirá el 6,6% del consumo total una vez estén todas las fases en marcha.
Las más urgentes
Las actuaciones más inmediatas son las de mejora del uso y la gestión. Con cuyo objeto se constituirá, por un lado, una comisión de gobernanza del plan, que se encargará de elaborar las directrices globales que se aplicarán en todos los centros y campus, y de la otra, las diferentes facultades, escuelas y unidades de consumo serán las que evaluarán las directrices y también propondrán medidas por sectores a través de lo que se denominan equipos de eficiencia energética, con representación de miembros y responsables de los centros y del Servicio de Recursos Materiales.
En cuanto al calendario del plan aprobado este jueves, en lo que queda de año se revisará el sistema de monitorización, se crearán los grupos de trabajo y se ejecutarán las primeras medidas. En el 2023 continuará la ejecución y empezará la evaluación continúa para maximizar los efectos de la racionalización hasta lograr la reducción del consumo del 20%. Los años siguientes continuarán las medidas de ahorro con el objetivo de mantener la reducción del consumo y el gasto pero ya en un 10% anual a partir de 2024, hasta que se revise el plan por completo en 2026.
Así, el plan tiene características de documento marco y deja parte de la capacidad de decisión en los centros y campus, que tendrán que proponer medidas por sectores. Para Juan Antonio Duro, vicerrector de Economía, Infraestructuras y Relaciones Institucionales, se trata en este momento de que “las pequeñas decisiones cuajen en la comunidad universitaria para conseguir el ahorro del 20% del consumo”, así como “captar el máximo de recursos externos para ejecutar las inversiones que nos permitan ser más eficientes”.
De forma consorciada
En paralelo, las universidades catalanas están negociando el sistema de adquisición de energía de forma consorciada, por lo cual el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto pluriannual para la contratación de los suministros energéticos para el periodo 2023-26, que en el 2023 supondría 6,45 millones de euros sin IVA. Hay que tener en cuenta que el 73% del consumo energético de la URV es de electricidad y el 27% es de gas.
Presupuestos participativos para los estudiantes y las acciones de los primeros 100 días de mandato
El Consejo de Gobierno también ha aprobado las bases para los presupuestos participativos de los estudiantes, que busca que los mismos estudiantes propongan y decidan en qué proyectos se destinarán 50.000 euros reservados a esta finalidad y que habrá que aprobar con el presupuesto de 2023. Será el Consejo de Estudiantes el que establezca el mecanismo de participación. Esta medida es uno de los compromisos que el equipo de gobierno adquirió al asumir la dirección de la Universidad para ejecutar o iniciar durante los primeros ciento días del mandato. En esta línea, el rector, Josep Pallarès, ha repasado el resto de compromisos logrados o en vías de hacerlo, como por ejemplo la creación de la Fiesta Mayor de la URV, que se celebrará el próximo 23 de marzo; las reuniones con las unidades para elaborar la encuesta de clima laboral; el inicio de las tertulias feministas; la celebración del 28-J y la adhesión al DORA.
En el mismo Consejo de Gobierno se han presentado el informe de Igualdad de género, del que destaca la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el profesorado con diferencias por ámbitos y categorías laborales y el incremento de las mujeres en las enseñanzas STEM, el informe de Compromís social y el de Internacionalización.
El rector también ha apuntado los principales compromisos que tienen fondos reservados, como la intervención en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, el programa de atracción de talento Martina Castells y los programas de formación y apoyo a la investigación, y los que han sido sobrevenidos y, por lo tanto, no presupuestados, que suponen 4,3 millones de euros.
