La Inspección de Trabajo ha puesto su punto de mira en el contrato de fijo discontinuo, la modalidad que más ha crecido con la entrada en vigor de la reforma laboral en el comienzo de año. Esta relación contractual se ha multiplicado por diez en la provincia este 2022, originando un potencial foco de fraude que la inspección quiere vigilar y denunciar. En concreto, en Tarragona hay 336 empresas bajo el foco por «posible uso irregular de contratos de fijos discontinuos».
A ellas se les ha requerido enviando cartas en las que se han detectado esos indicios de uso fraudulento a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude. Afecta a 696 trabajadores en la provincia. Esas compañías tienen un mes para regularizar la situación. Si no lo hacen, en una segunda fase, se iniciarán actuaciones inspectoras «en aquellos supuestos en los que no se ha procedido a la transformación del contrato», según expone la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El ente define como una «preocupación principal» esta utilización del fijo discontinuo en casi 700 contrataciones, en un aumento exponencial cobijado bajo la reforma laboral. El objetivo principal de esta iniciativa fiscalizadora es comprobar que «no encubran relaciones laborales que respondan a contratos indefinidos ordinarios». Este plan de choque incluye la alerta a 14.601 empresas en toda España por enmascarar a 54.006 empleados fijos como discontinuos. Son los datos que se extraen de una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador socialista Miguel Ángel Heredia. El ejecutivo busca aquí casuísticas ilegales como «bajas indebidas de los trabajadores afectados o la posible percepción indebida de prestaciones por desempleo».
Fijos discontinuos o fijos
Víctor Canalda, abogado laboralista en Tarragona y profesor de Derecho en la UOC, incide en ese tipo de situaciones: «Hablamos de cuando enmascaramos a fijos como fijos discontinuos. El empresario puede buscar ahí un beneficio, porque no hace falta hacer un ERTE y tienes al trabajador en el paro. Primero, cobra menos, segundo, consume un desempleo que no está pensado para eso, y el pagano durante ese tiempo de inactividad es el INEM».
Es una manera de que la empresa se ahorre los periodos de inactividad. «El contrato fijo discontinuo está pensado para ciclos de actividad estacionales o irregulares, y es algo que tiene mucho que ver con los periodos estivales, donde se sabe que hay unas puntas, un volumen de trabajo» , cuenta Canalda, que expone otro posible frente de fraude. «El contrato por obra y servicio se ha anulado del ordenamiento jurídico. Queda el de circunstancias de la producción, pero acotado en los supuestos en los que se puede utilizar», indica el letrado.
«Hay que regular su uso»
Anteriormente se podían ir empalmando esas contrataciones hasta los tres años, antes de hacer al empleado indefinido. «A caballo entre la obra y servicio, que se malutilizaba, y la circunstancia de la producción, se halla este fijo discontinuo, pero que no toca en todos los casos y se tiene que regular muy bien su uso».
La comparativa se ve bien con dos ejemplos: un hotel, que sabe muy bien cuáles son sus periodos de más actividad; y una panadería o un horno, que puede padecer puntas muy concretas y en algunos casos imprevistos. «Ahí sí toca un eventual por circunstancias de la producción, pero a veces el límite es muy difuso y la inspección va a intentar delimitar todo eso», argumenta Canalda.
Uno de los casos más extremos ocurre cuando la actividad que se hace supera un determinado periodo y se ubica en el 11/1, esto es, el empresario intenta cargar al INEM el coste del mes de vacaciones a través de la prestación.
Especificar la duración
Los sindicatos en Tarragona también están al tanto de perseguir y denunciar este tipo de prácticas. Así lo reconoce Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona: «Nos encontramos con situaciones contradictorias que tenemos que subsanar. Vemos contratos de nueve y diez meses que tendrían que ser indefinidos normales, no discontinuos».
Llort lamenta otras de las prácticas: «Vemos que en algunos contratos no se especifica la actividad que tiene que hacer el empleado, ni la duración estimada. Son apartados que quedan en blanco, como si tuviesen que estar disponibles todo el año, a pesar de ser fijos discontinuos». Llort también lamenta que hay «algunas compañías que utilizan ETT en puestos que son estructurales dentro de la empresa».
Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona, también hace balance: «Pedíamos la figura del fijo discontinuo y sabíamos que las empresas intentarían saltárselo. Esperaremos a ver el final de la campaña turística, que va de marzo a octubre. Es probable que a partir del mes que viene aumenten las denuncias a Inspección». Puig incide, en otra línea, en aquellos casos en los que el contrato debería ser fijo discontinuo –lo que da una mayor garantía en términos de estabilidad y antigüedad– pero no lo son.
La costa mediterránea, con el turismo como motor, concentra la mayor parte de estas inspecciones, en comparación con el interior, más despoblado de estos seguimientos. Una prueba es lo que sucede en Catalunya. Barcelona (996), Girona (474) y Tarragona (336) tienen muchas más empresas bajo la lupa que Lleida (195).
Alicante (1.683), Málaga (757) o Cádiz (506), provincias todas ellas del litoral, también están en esa zona alta del ranking. Por poner otro ejemplo en la línea: Tarragona tiene más empresas advertidas que otras regiones más pobladas como Asturias (204), Zaragoza (221) o Vizcaya (163).
«El balance es positivo»
Más allá de estas estadísticas, la valoración de la reforma laboral por parte de los sindicatos es positiva, en la medida en que ha ayudado a combatir la temporalidad. Precisamente el rol del fijo discontinuo ha colaborado con ese propósito. «Esta figura genera unas garantías de cara al futuro y da estabilidad frente a la eventualidad que suponía la obra y servicio», añade Llort. «El resultado, en general, es positivo, porque hay muchas empresas que están cumpliendo», añade Puig.
Víctor Canalda habla de un balance «moderadamente bueno», en el que «era previsible que el fijo discontinuo se incrementara, así que el plan de choque es una medida muy lógica y esperemos que dé esos buenos frutos para obtener un trabajo de calidad».
Precisamente en esos fijos discontinuos residen algunos de los claroscuros de la reforma. Solo un 28,8% del empleo indefinido generado en Tarragona en lo que va de año es de jornada completa. Más de la mitad, un 52,4%, son fijos discontinuos, esto es, personas que no trabajan durante todo el año, sino estacionalmente.
Por último, un 18,8% de esa contratación responde a jornadas parciales, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Está por ver qué porcentaje de ese trabajo que no es de jornada completa es voluntario.
Cuatro de cada diez contratos son indefinidos
El efecto de la reforma laboral tardó poco en notarse, sobre todo en el aumento claro de los contratos indefinidos. En el acumulado del año, el 41% de los vínculos laborales en la provincia son fijos, mientas que el 59% restante son temporales. En el mes de abril, por ejemplo, se crearon más trabajos indefinidos que temporales, algo insólito antes del cambio de normativa. Durante el verano ha habido equilibrio. En agosto de 2021 solo el 10% de las contrataciones eran indefinidas, frente a un 90% de temporales.