El actual boom de los contratos fijos discontinuos estará desde la próxima semana bajo la lupa de la Inspección de Trabajo, que velará para que su uso, que se han multiplicado por 13 tras la puesta en marcha de la contrarreforma laboral, en detrimento del empleo temporal, sea el correcto y no se cometa ningún tipo de fraude. Así lo anunció este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Congreso.
Fue el contraataque de la vicepresidenta a la acusación que le realizó el PP en la Cámara de maquillar la temporalidad con un cambio de nombre. «Ni ha acabado con la temporalidad ni con la precariedad, las ha agravado. La fórmula de su contrarreforma laboral consiste en un cambio de nombre. Si le cambiásemos el nombre a usted, ¿sería mejor ministra? No, sería la misma ministra, una prestidigitadora de los datos de empleo, porque en septiembre o a más tardar en octubre, cuando los fijos discontinuos se vayan a su casa, serán parados y a usted no le contarán en la estadística. ¿Esto es magia o un timo?», le reprochó la diputada popular Carmen Navarro. Díaz se defendió asegurando que se trata de un contrato de carácter indefinido, que goza de «plenitud de derechos, con todas las protecciones del contrato ordinario, idéntica protección frente al despido y con devengo de antigüedad». Asimismo, le retó para que encuentre una sentencia, entre las 2.796 resoluciones del Tribunal Supremo que ha dictado en esta materia, que diga que es temporal. La ministra recordó además que las empresas que incumplan y cometan fraude laboral se enfrentan ahora a multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador en situación irregular, una medida que se ha introducido en la reforma laboral.
Fuentes del ministerio explicaron a este periódico que la campaña de la Inspección que se pondrá en marcha la semana que viene consistirá en el envío de cartas a las empresas, al estilo de la que se llevó a cabo para legalizar la situación de las empleadas del hogar. A su vez, apuntaron que se realizará por «deber de vigilancia», al igual que hicieron en pandemia con los ERTE, no porque se haya detectado algún tipo de fraude.
La reforma laboral ha triplicado en estos meses el número de contratación indefinida, hasta el punto de que en abril representó casi la mitad de los nuevos contratos.