La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) vuelve a exigir que se depuren responsabilidades por el asesinato de la cocinera del centro penitenciario de Mas d’Enric (El Catllar). El sindicato asegura que su muerte fue “el resultado de una serie de errores y negligencias que no se pueden ignorar: inacción y favoritismo, manipulación de procedimientos, incumplimiento de normativas, carencia de supervisión y de responsabilidad institucional”, puesto que el preso tenía un “historial de mala conducta reciente” y rechazó participar en los programas de rehabilitación. Por eso, reclaman el cese de la subdirectora y de los mandos de la Junta de Tractament por el hecho de que no consultaron al “equipo correspondiente” sobre su riesgo de reincidencia.
Según CSIF, el recluso no aceptó ni un solo Programa Individual de Tratamiento en todo el tiempo que estuvo en prisión y tampoco pagó la responsabilidad civil del asesinato de su víctima anterior. Aun así, explican que fue asignado como encargado de cocina, en “un lugar de confianza y muy remunerado”.
“Después de agredir a otro interno a finales del octubre pasado, el hombre solo pasó unas horas en el módulo de sancionados. Se benefició de un trato de favor evidente por parte de la dirección y el jefe de cocina, puesto que se le permitió volver a su puesto de trabajo casi inmediatamente”, denuncian desde el sindicato en un comunicado.
Tal como confirmaron fuentes del Departament de Justicia los técnicos no volvieron a evaluar el riesgo de reincidencia con el test RisCanvi después de que el recluso diera un puñetazo a otro interno en octubre del 2023, un hecho que no se consideró que fuera un incidente “crítico”. “Su riesgo de violencia nunca fue reevaluado adecuadamente después de incidentes críticos”, subrayan desde CSIF.
Según el sindicato, los equipos de tratamiento habían manifestado su desacuerdo con el hecho de que internos como el autor del crimen ocuparan lugares de confianza. A pesar de esto, la subdirectora de Tractament y otros miembros de la Junta de Tractament “no actuaron en consecuencia”. “La Junta de Tractament tomó decisiones sin consultar el equipo correspondiente, que son los que lo tratan diariamente y lo conocen, y se permitió que mantuviera su puesto de trabajo sin los informes necesarios ni sufrir las consecuencias por sus actos violentos”, indican.
Debido a esto, afirman que se incumplieron las normativas que exigen “la extinción de la relación laboral por mala conducta e indisciplina grave”. A la vez, CSIF también responsabiliza el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de “priorizar su rendimiento económico por encima de la finalidad para la cual fue creado, la reinserción, y se permite malcriar internos”.
Depurar responsabilidades
CSIF considera que la muerte de la cocinera de Mas d’Enric a manos de un recluso “fue facilitado” por la carencia de aplicación de las normativas penitenciarias, la “permisividad” ante conductas violentas y la “mala gestión” de los responsables del centro penitenciario. Además, reiteran que la respuesta institucional ha sido “insuficiente”. Por eso, afirman que hace falta que se asuman responsabilidades por la “cadena de errores”.
“Los ceses no se pueden limitar al exdirector de Mas d’Enric, que ha sido utilizado como un tipo de cortafuegos. La asunción de responsabilidades también tiene que recaer sobre el resto de responsables del centro: la subdirectora de tratamiento y el resto de los mandos que quisieron perdonar al preso, condenando así a Nuria. Por dignidad, responsabilidad profesional y política, no pueden permanecer al frente de un centro donde ha pasado el hecho más grave nunca acontecido en la historia penitenciaria”, cierran.