El coste medio de un siniestro producido por el clima se ha disparado un 47% en los últimos años en Tarragona: de 1.770 euros de media en 2017 a 2.606 en 2021, último ejercicio disponible, según un informe elaborado por la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa).
El estudio radiografía el impacto de los desastres meteorológicos y Tarragona no sale bien parada. De 2017 a 2021, fue la séptima provincia de España con más siniestros, ya sea perder el coche en una riada, una inundación del hogar o una pared derruida por una tromba de agua.
Se produce uno cada 25 minutos y 15 segundos, según los partes acumulados por las aseguradoras. En 2021 hubo 21.383 percances en Tarragona. En Madrid y Barcelona, la frecuencia de estos siniestros es de seis minutos, en Valencia es de ocho y en Alicante de 11, pero a continuación ya entra Tarragona como una de las zonas con mayor incidencia.
Con más probabilidad
Pero donde más golpean las inclemencias del tiempo es en la severidad. Tarragona es la segunda provincia de España en la que el coste medio es más elevado, solo por detrás de Almería, pero, además, está en el grupo de las regiones con más probabilidad de que ocurra un percance, con un 54% más de opciones. En suma, los pagos ascienden en Tarragona a casi 56 millones en solo un año.
En los últimos años, los temporales se han ido acumulando en la provincia: los aguaceros de Alcanar y en otros puntos de las Terres de l’Ebre como Ulldecona o la Ràpita, los de Tarragona por la Santa Tecla del año pasado, los de la Conca de Barberà en 2019 o la repercusión extendida que tuvo Gloria o Filomena son algunos ejemplos recientes de una adversidad medioambiental que provoca cada vez más estragos. No todos ellos tienen un vínculo directo, de causa-efecto, con el cambio climático, pero sí sobrevuela: estos fenómenos serán cada vez más habituales y más extremos.
El litoral es uno de los factores que colocan a Tarragona entre las provincias más vulnerables. «Los datos apuntan a la probabilidad de que, en el largo plazo, los costes medios más elevados se evidencien en el tercio mediterráneo de España», explica el estudio.
En la provincia, prácticamente dos de cada diez de estos siniestros atmosféricos tienen lugar en enero pero a continuación aparece octubre –y el otoño, a la vuelta de la esquina– como el segundo mes más habitual, por delante de febrero y diciembre. «Cuando arrecia el frío y la lluvia se producen un mayor número de percances y de mayor gravedad», explica la patronal de las aseguradoras.
El calentamiento, asociado
Otro informe, el Barómetro de las Catástrofes en España 2021, de la Fundación Aon, admite que hay un incremento de «los costes derivados de los fenómenos extremos, que ascendieron a 2.320 millones de euros», en el global de España. Relata que «las indemnizaciones abonadas por este tipo de eventos fueron un 63% superiores a las de 2020 y un 29% superiores a las de 2019».
El análisis también realiza recomendación, en línea con la alerta por el calentamiento global: «Es imprescindible aprovechar la oportunidad y reconocer la urgencia de intensificar las labores de prevención, mitigación y adaptación ante el evidente aumento de la frecuencia y la intensidad de este tipo de catástrofes, muchas de ellas asociadas al cambio climático». A su vez, se advierte que «en un contexto de cambio climático se espera que los eventos climáticos extremos aumenten en número e intensidad».
Una parte de las catástrofes causadas por la naturaleza quedan recogidas en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Pero el estudio ‘El seguro y la sostenibilidad climática’ de Unespa va más allá y valora todos aquellos percances que quedan fuera. «Existe un reglamento legal que dirime en qué momento un determinado evento puede considerarse catastrófico y, consecuentemente, se debe activar la protección del CCS. Por ejemplo, se establece un umbral de velocidad del viento por encima del cual los daños son pagaderos por la institución pública. Sin embargo, eso no se puede identificar, ‘stricto sensu’, con el concepto de indemnización de catástrofes naturales».
Siniestralidad cada vez más alta
Así, daños que no entran directamente en ese catálogo de lo catastrófico o sucesos por debajo de los umbrales definidos también acaban generando pagos por parte de las aseguradoras. Este diagnóstico indica que la función de ese consorcio «no es asumir la siniestralidad climática, sino aquella de carácter catastrófico». Eso sí, «la producción de ejercicios con una siniestralidad especialmente elevada» está haciendo aumentar el peso de eso consorcio en lo que son las indemnizaciones climáticas.
Las aseguradoras afrontan cada año el pago de entre 660 y 1.000 millones de euros por los siniestros meteorológicos que suceden en España, cuyo volumen oscila entre los 650.000 y los 850.000 siniestros anuales.
En el periodo 2017-2021, las aseguradoras pagaron 3.796 millones de euros por 3,9 millones de siniestros meteorológicos. La mayor parte afectó a viviendas y comunidades de propietarios, a los que se abonaron 2.312 millones de euros. Aunque los hogares suman la mayoría de contratos, los siniestros meteorológicos más costosos son los que se producen en industrias. Los desperfectos que provocan una catástrofe de esta índole son mucho mayores. «El coste medio del siniestro meteorológico ronda los 6.000 euros, frente al coste medio por siniestro de 657 euros de los percances en viviendas», dicen en Unespa.
El Barómetro de las Catástrofes de la Fundación Aon señala que «el coste total de las catástrofes anuales en España ascendería a alrededor de 3.600 millones de euros, sumando los impactos en bienes, PIB directo e indirecto e infraestructuras críticas (no alimentarias)». Apunta, asimismo, que «de este importe, únicamente 2.300 millones de euros estarían asegurados, por lo que aproximadamente un tercio de los daños causados por estos fenómenos naturales no estaría protegido por un seguro».
El Delta, uno de los lugares más vulnerables
Tarragona, como provincia costera, es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Si hay alguna zona especialmente crítica es el Delta de l’Ebre, uno de los puntos más expuestos. Los temporales revelan regularmente la fragilidad de zonas como la Barra del Trabucador. Las consecuencias pueden ser también económicas. Un estudio del Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària y la URV alertaba de que un 40% de los arrozales del Delta podrían peligrar en 2100 si no se actúa, sobre todo a través de la aportación de sedimentos. Las amenazas principales son la subida del nivel del mar y la salinización de la tierra.
Pero la repercusión aún puede ir más allá. Recientemente, la exconsellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, aseguró que «es muy probable que dentro de pocos años tengamos refugiados climáticos en nuestro país, y no será gente de otros países, serán catalanes. Cuando pienso en esto me viene a la mente el Delta de l’Ebre».