Los ayuntamientos de Tarragona encaran la crisis económica de la pandemia con unas cuentas saneadas y una reivindicación clara: poder disfrutar cuanto antes del superávit y el remanente, esto es, de los ahorros acumulados durante años de ajustes y recortes. «Es escandaloso que aquel dinero que está disponible no pueda redundar en beneficio de la gente que ha estado pagando. Tenemos un remanente de tesorería, con recursos, y no podemos dedicarlo a lo que queremos, ya sea por la pandemia o por otra cuestión», se queja Antoni Virgili, alcalde de Salomó.
La reivindicación va de los pueblos más pequeños a las grandes ciudades, como Tarragona y Reus. Los últimos datos de Hacienda muestran que los consistorios, en general, abordan el socavón de la Covid-19 en una situación relativamente positiva. A inicio de 2019, los ayuntamientos tenían una deuda bancaria de 522 millones, la cifra más baja en 11 años. Esa deuda financiera ha ido bajando desde 2013, cuando tocó techo, con 1.034 millones. Ahora ha descendido prácticamente a la mitad. En el último año el descenso fue del 9,5%. Las reducciones de lo que se debe a los bancos oscilan entre el 15% y el 10% anual. Desde 2013, en siete años, se ha amortizado prácticamente un 50%.
Cuando hay problemas, los consistorios suelen ser, en tanto que administración más cercana, la que recibe un mayor impacto de la crisis ciudadana, incluso a nivel de pueblos pequeños. «En principio, a los municipios más pequeños no nos afecta tanto esta crisis pero sí que hemos tenido un gasto en mascarillas y EPI o en desinfección. Nos hemos acogido a las opciones que nos daba el Consell Comarcal o a las desinfecciones de la Diputació, pero siempre gastas más», añade Antoni Virgili desde Salomó.
Más contrataciones
En Colldejou, en el Baix Camp, la situación es similar. «En el ámbito rural la crisis de esta pandemia no afecta tanto, pero, por ejemplo, hemos abierto la piscina y para ello hemos contratado a una persona a media jornada, para que limpie, desinfecte y haga control de aforo. Eso es un gasto», indica Jordi Sierra, el alcalde. «Necesitamos disponer de instrumentos efectivos para dar respuesta a la globalidad de las situaciones que está generando esta crisis», se expone en la reivindicación firmada por los principales municipios tarraconenses, junto a la Diputació, para exigir poder usar el remanente acumulado.
No hay grandes cambios en la lista de municipios deudores habituales. Creixell, en el Tarragonès, repite en el primer lugar de localidades con una deuda por habitante. Para salvar totalmente las obligaciones financieras arrastradas por el ayuntamiento, cada vecino debería apoquinar 2.182 euros, algo menos que el año anterior. Creixell debe 7,9 millones, según este balance publicado por Hacienda.
L’Ametlla de Mar también reedita la segunda plaza. El pueblo del Baix Ebre debe por barba 1.956 euros, bajando del umbral de los 2.000 que tenía hasta ahora. Son cifras referentes únicamente a deuda viva, esto es, contraída con la banca. Ahí se engloban los créditos financieros, los valores de renta fija o los préstamos o créditos a terceros. No se incluyen conceptos como la deuda comercial o los préstamos concedidos por el Estado a los ayuntamientos. La tercera posición del podio es para otro clásico, Benifallet. Cada uno de sus censados ‘debe’ 1.663 euros a las entidades bancarias. La cuarta plaza es para Reus. La capital del Baix Camp ha reducido 11 millones en un año esta deuda viva –de 166 a los actuales 155–, siempre según los informes periódicos de Hacienda.
No siempre la dimensión pequeña del municipio es garantía para tener cifras reducidas de deudas con el banco. Margalef, Rasquera o El Montmell están en esas primeras posiciones de localidades que más deben por cabeza. En ocasiones, una determinada inversión en una infraestructura concreta acaba incrementando esa estadística en núcleos con un censo reducido. A pesar de ello, hay localidades grandes dentro de los principales puestos de acreedores, más allá de Tarragona y Reus, que aparecen en la zona alta incluso de los rankings estatales. En el ‘top 20’ provincial de deuda viva per cápita figuran El Vendrell, Calafell o Tortosa.
En el otro extremo, el más positivo, hay 66 municipios de la provincia que tienen deuda cero y que, por lo tanto, no le deben nada al banco. Son casi el 36% del total.
Una negociación compleja
Los ayuntamientos de Tarragona quieren formar parte de la reconstrucción por la Covid-19 y poder así usar el ahorro acumulado. En España, las negociaciones con Hacienda de prolongan ya más de dos meses, en una operación, según reconocen ellos mismo, compleja pero que debería cerrarse ya porque septiembre se vislumbra como muy tarde para ejecutar el gasto. Si bien el Gobierno creó una comisión para negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) fórmulas para devolver ese dinero, las negociaciones se han ido dilatando y la paciencia de las entidades locales llega a su fin.
Para el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, «si hoy es tarde, septiembre será tardísimo porque aunque nos digan el dinero del que vamos a disponer no tendremos tiempo a ejecutarlo». Desde la vicepresidencia segunda de la FEMP, Milagros Tolón, alcaldesa socialista de Toledo, asegura que no le gusta dar fechas porque se crean expectativas pero sostiene que es muy importante cerrar el asunto ya.
Tarragona y Reus reclaman
En la provincia la reclamación también es firme. El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, envió durante el mes de marzo una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que enfatiza la necesidad de poder usar los 6,6 millones de euros de superávit. «Pedimos al gobierno del Estado que contemple la posibilidad de que los ayuntamientos podamos flexibilizar el destino del remanente de tesorería del que dispongamos, en su caso. Y ello, para poder destinar dicho remanente a gasto corriente a fin de mitigar los efectos» del coronavirus, afirma el alcalde republicano en la misiva.
Por su parte, el alcalde de Reus, Carles Pellicer, considera que es «urgente» actuar y «cumplir con el deber de ayudar a la gente» tras el estado de alarma. Por ello, el máximo representante de la capital del Baix Camp alerta de que el Gobierno Central «debe financiar a los municipios» para que las ayudas a ciudadanos, comercios y empresarios puedan impulsarse desde los propios consistorios.