Después de años de «entrenamientos», cuando el monoplaza del edificio del Banco de España ya estaba preparado en la parrilla de salida a la espera de que se encendiera el semáforo verde para iniciar la esperada carrera con la licitación de las obras, ahora los mecánicos han indicado que el vehículo del Ayuntamiento de Tarragona deberá empezar el Gran Premio desde boxes, tras detectar graves problemas de seguridad.
A grandes rasgos, este sería el resumen del nuevo contratiempo con el que ha chocado ahora el proyecto para convertir el inmueble neoclásico de la Rambla Nova en el Banc de la Ciència i el Coneixement. Después de varios meses elaborando el proyecto ejecutivo, la previsión del gobierno municipal (ERC, Junts y CUP) era la de sacar las obras a licitación el pasado 1 de septiembre para dar el pistoletazo de salida a las actuaciones a mediados de 2022.
Pese a ello, y contra todo pronóstico, el informe técnico reveló el pasado mes de agosto que la estructura del edificio «no es compatible con ningún uso de pública concurrencia» ya que, para ello, «hay que hacer un refuerzo estructural del sistema de pilares, de forjados y de los cimientos del inmueble», según indica el documento, que cuantifica las intervenciones adicionales a realizar en más de 2,3 millones de euros. Esto supone un encarecimiento del 50% en el coste de unas obras inicialmente previstas en 4,9 millones pero que ya ascienden a 7,2.
Asimismo, el informe recalca que «según se ha podido comprobar en las diferentes plantas, no se garantizan las condiciones de seguridad que se define según la reglamentación vigente del Códi Tècnic de l’Edificació», por lo que en el desarrollo del proyecto de ejecución «será imprescindible contemplar la necesidad de realizar un refuerzo en su estructura», que no estaba previsto en el proyecto básico de 2018.
En busca de financiación
A raíz de tener conocimiento del sobrecoste, el Ayuntamiento se ha visto obligado a paralizar la actuación, primero por los problemas estructurales detectados y, segundo, porque la licitación pasa de ser de un contrato «abierto» a otro «armonizado», lo que supondrá que el proyecto ejecutivo y su financiación deban ser aprobados por el pleno municipal y que, además, la licitación deba elevarse a la Unión Europea al superar los 5,3 millones. Esto supondrá también que el proceso se dilate y que las obras no puedan iniciarse antes de 2023.
Sin embargo, ahora la gran prioridad es asegurar la financiación. Inicialmente estaba previsto que el Consistorio aportara tres millones, mientras que los otros dos restantes los ponía la Unión Europa con los Fondos Feder otorgados en junio de 2019 en base al proyecto básico. Pese a ello, las condiciones de la ayuda continental establecen que en noviembre de 2022 debe estar ejecutada el 70% de la obra, una circunstancia que no podrá cumplirse. En este sentido, el Ayuntamiento ya ha solicitado una prórroga, que aún no ha sido aceptada.
«Tenemos que buscar una nueva fórmula de financiación, y esta pasa por una prórroga del Fondo Feder o acogerse a los Next Generation», afirma el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien considera como una opción «viable» los fondos europeos postpandemia porque «tenemos un proyecto hecho y bien vestido». El primer teniente de alcalde reitera que «no queremos renunciar al proyecto, pero que la ciudadanía no sufra porque lo que no haremos será convertir el Banco de España en otro Jaume I». Por su parte, el edil de Territori, Xavier Puig (ERC), apunta que «queremos un edificio seguro, y este coste no es el previsto. No se puede repetir lo ocurrido con el Teatre Tarragona, donde aún estamos invirtiendo dinero para tenerlo en condiciones».
«Pérdida de credibilidad»
El anuncio de la paralización temporal del proceso causó «indignación» en el PSC, formación que en 2018 impulsó el proyecto y que solicitó los Fondos Feder. Este gobierno ha tardado más de dos años en la redacción del proyecto ejecutivo, ya que nunca ha sido una prioridad para ERC», lamentó ayer Sandra Ramos, quien teme que la ciudad «pierda credibilidad» si pierde la ayuda europea.
Desde Ciutadans, Lorena de la Fuente cree que «la inacción de este ejecutivo y del anterior han provocado este despropósito», mientras que José Luis Martín (PP) opina que «la incompetencia de Ricomà nos va a hacer perder la subvención». Finalmente, la edil no adscrita Sonia Orts cree que «es un síntoma más de la improvisación y de la falta de liderazgo del actual gobierno».
