El desahucio de Zouhair, su mujer y sus tres hijos pequeños, que ocupan un piso del número 27 de la calle Riu Llobregat del barrio tarraconense de Campclar, estaba previsto para ayer a las 9.30. A esa hora ya había una decena de miembros del Sindicat del l’Habitatge a las puertas del edificio, con la intención de evitar que el lanzamiento se llevara a cabo, y un par de patrullas de los Mossos d´Esquadra, ambas partes a la espera de que llegara la comitiva judicial. Al final, la presión social de los jóvenes consiguió que se aplazara el desalojo dos meses, tiempo en el que la familia espera recibir una propuesta de alquiler social para dejar de ocupar la vivienda, propiedad, según el Sindicat de l´Habitatge, del BBVA.
A la llegada de la comitiva, pidió la presencia de Zouhair y de su documentación. Mientras tanto, Ares Pallarès, miembro del Sindicat, insistía a los funcionarios que «la familia tiene derecho a pedir alquiler social y por lo tanto tienen derecho a que el desahucio se aplace temporalmente para que tengan tiempo a presentar toda la documentación necesaria». A pesar de todo, la comitiva respondió, según explicaba Pallarès, que como no tienen papeles ni ingresos no se pueden acoger al aplazamiento, algo que según la miembro del Sindicat «es falso».
Sea como sea, la comitiva concluyó que aplazaba el desahucio porque la familia no quería irse, según explicaba la joven, que defendía que «el Sindicat de l’Habitatge y la presión social que hacemos tiene mucho que ver en estas decisiones».
Por su parte, Zouhair estaba «muy contento», pues ahora dispone de dos meses «para conseguir que nos den los papeles, que están en tramitación, y para que nos ofrezcan también un alquiler social». El joven explicaba también que vive con su mujer y con tres niños, uno de nueve años, otro de cinco y el pequeño de dos años y medio, que según decía nació en el mismo piso que ocupan desde hace tres años y medio. Vinieron directamente desde Marruecos a Tarragona.
Pese a la moratoria de desahucios por impago de hipoteca, se siguen llevando a cabo muchos otros lanzamientos de otras características, como en el caso de ocupaciones ilegales de inmuebles. Carlos, otro de los miembros del Sindicat de l’Habitatge, explicaba que desde la entidad «vimos que la de Zouhair se trataba de una familia en exclusión social y creímos muy indicado venir a ayudar y luchar para evitar su desalojo». El de ayer era el primer intento de desahucio, aunque ya habían recibido varios avisos por parte del juzgado.
Paralelamente, Carlos explicaba que «cada semana que tenemos asamblea viene una familia con fecha de lanzamiento a pedirnos ayuda», y reivindicaba que «no entendemos que haya gente sin casa y casas sin gente, en Catalunya más de 35.000».
