Ester y su pareja, Ibrahim, con una niña pequeña y un solo sueldo de mileurista en la familia, buscaban un piso de alquiler en Reus. Hicieron correr la voz entre sus conocidos y uno de ellos les ofreció una vivienda que sí entraba dentro de sus posibilidades: 350 euros en la Ronda Subirà. Poco después, según la mujer relata, el conocido –que resultó no ser el dueño del inmueble– se esfumó sin dejar rastro y con la renta de dos meses en el bolsillo, y a ellos les quedó una notificación de desahucio para el verdadero propietario con la fecha de lanzamiento fijada para ayer. El Sindicat d’Habitatge de Reus acudió al bloque para frenar el desalojo y hacia la una del mediodía obtuvo la confirmación de que el lanzamiento se paralizaba.
«Nosotros, hace un tiempo, vivíamos de ocupas por la situación, pero al final conseguimos que una señora nos alquilara un piso», explicaba ayer Ester, que recordaba que «luego, la mujer lo necesitó y nos pidió que lo dejásemos, y lo hicimos. Entonces, intentamos acceder a un alquiler normal, por agencia, pero no cumplimos los requisitos que piden». Ibrahim, el marido, «es el que trabaja». «Él es encargado de obra y, cuando se le acaba, se pone de autónomo y todo es incierto, se le queda en unos 800 euros», mientras que la mujer es terapeuta y la Covid le afectó al empleo.
Ester explica que «también recurrimos al Ayuntamiento, y nos dijeron que no había pisos y que tampoco cumplíamos las condiciones». «En servicios sociales hay racismo, clasismo y se te prejuzga», dice, y confiesa que «estoy agotada, llevamos mucho encima». La familia lamenta que no es capaz dar el perfil para optar a alquilar ningún piso, ni en el mercado ni con ayuda, y ese conocido les propuso instalarse en la Ronda Subirà, cosa que hicieron en octubre. El desahucio «ha venido a nombre del propietario, porque suponemos que ha dejado de pagar la hipoteca», indica Ester. Quien les ofreció la vivienda, dice la mujer, no tienen nada que ver con el dueño real de la casa, como supieron luego, y «ya no lo conseguimos localizar más». La pareja había asumido recibos de suministros pendientes. «Estábamos contentos con aquel primer alquiler, pero tuvimos que irnos y ahora nos ha pasado esto y nos sentimos angustiados», expresa la mujer.
El portavoz del Sindicat d’Habitatge, Issam Oudriss, detallaba ayer que «el siguiente paso que tenemos pensado dar es informar al juzgado de que Ester e Ibrahim son las personas que están viviendo en este piso para que el proceso se reabra a su nombre y tengamos capacidad legal para batallarlo». El de esta pareja, destaca Oudriss, es «el caso de muchas otras: familias trabajadoras que dada la situación socioeconómica no son capaces de encontrar una vivienda digna».
