El Ayuntamiento de Tarragona quiere que la Part Baixa esté en la nueva convocatoria de la Llei de Barris. Así lo ha confirmado el concejal de Urbanisme, Nacho García, después que el nuevo Govern de Salvador Illa ya se ha puesto a trabajar, y ya en la primera reunión del consejo ejecutivo, celebrada el pasado martes, situó este programa como una de las prioridades de la legislatura.
«Tarragona presentará candidatura. De hecho, el Pla Integral de la Part Baixa ya iba encarrilado en este sentido porque sabíamos que la Generalitat abriría una convocatoria y los pliegues puntúan más alto si tienes un plan integral aprobado», confirmaba el edil socialista.
La Llei de Barris fue uno de los programas insignia del Govern de Pasqual Maragall, que continuó con José Montilla, y que se aparcó con la llegada de Artur Mas, como consecuencia de los recortes fruto de la crisis económica. Esta buscaba fortalecer la cohesión social y territorial, a través de actuaciones en determinadas zonas con problemas de degradación urbanística, de marginalidad social y a nivel comercial.
Las acciones previstas, adaptadas a cada realidad, recibían dinero del ayuntamiento y de la misma Generalitat, que aportaba el 50% de los recursos. En total se inyectaron más de 1.000 millones de euros en 143 barrios de toda Catalunya, entre los que figuró Campclar y la Part Alta, aunque en el caso del núcleo histórico no acabó de desplegarse del todo y acabó perdiéndose más de tres millones de euros.
Una oportunidad
El hecho de que la Part Baixa pueda incluirse en esta primera convocatoria de la nueva ley se ve como una oportunidad de cara a la ejecución de un plan integral que se aprobó a mediados del pasado mes de febrero. Este hacía una exhaustiva radiografía de todo el Barri de la Marina y su entorno, con propuestas para revertir la degradación tanto a nivel de espacio público, como social y en materia de equipamientos.
«Estamos preparados y la diagnosis la tenemos», asegura García. Este explica que algunos de los proyectos que se incluían, como es el caso de la remodelación del eje Unió-Prim-Apodaca ya se están encarrilando con recursos propios del Ayuntamiento. También es el caso de los colectores de Torres Jordi que deben evitar las inundaciones. No obstante, el responsable de urbanismo asegura que «esperamos y deseamos que la parte más grande pueda hacerse a través de la Llei de Barris».
La presidenta de la Associació de Veïns del Barri del Port, Mari Carmen Puig, considera que la decisión es «muy positiva». «Todo lo que se haga para revitalizar el barrio será bienvenido, porque estamos sufriendo mucho en todos los sentidos», argumenta.
El plan –que se hizo después de un largo proceso de participación con los vecinos y entidades del barrio– constataba la degradación del espacio público y la necesidad de mejorar las comunicaciones entre la Part Baixa y el centro. Asimismo, también se ponía de manifiesto la ausencia de equipamientos para la ciudadanía, que reclaman un centro cívico o un espacio para las personas mayores, además de la puesta en valor del patrimonio cultura e industrial del barrio.
«Creo que por extensión somos el barrio más grande de Tarragona y realmente no tenemos nada. Ni siquiera un espacio para los jubilados», lamenta Puig, quien defiende que «nos merecemos alguna cosa, que genere vida».
25 actuaciones
El Pla Integral de la Part Baixa propone generar un equipamiento sociocultural y comunitario en el número 8 de la calle Santiyán, con funciones de centro cívico y Casal de la Gent Gran y otro de carácter cultural en la antigua Chartreuse, que sirva para atraer a visitantes a la zona.
La reforma de las calles Reial y Apodaca, además de la Plaça dels Carros, y la Porta Ferroviària, para transformar todo el entorno entre la estación de trenes y el Palau Firal y de Congressos son otras de las actuaciones que recoge el plan. «No queremos que todo esto se quede en un cajón», indica la presidenta de los vecinos del Barri del Port.
Desde el Ayuntamiento, el anterior gobierno, decidió empezar con la reforma de la calle Orosi, como fase previa de los cambios que debían venir a continuación. De momento, el despliegue del plan se ha quedado en esto y precisamente Orosi es uno de los puntos más conflictivos ahora mismo por la inseguridad. «La gente está muy quemada, porque hay unos niveles de inseguridad y delincuencia e incivismo que no se habían visto nunca», asegura Puig. Esta explica que la degradación y la decadencia de lo que fue el barrio comercial más importante de la ciudad se inició con el boom del ladrillo, que trajo el crecimiento y expansión de la ciudad. «Cuando la gente empezó a ir a vivir a las afueras, todo el centro quedó muy deteriorado, tan solo hay que mirar cómo estaba el Mercat Central hace cuatro días», añade.
Adaptarse al cambio climático
La letra pequeña de la convocatoria que abrirá la Generalitat – que permitirá desarrollar la ley aprobada en 2022– todavía se desconoce. De momento, se ha creado un comisionado desde el que irán perfilándose todos los detalles, al frente del cual se ha situado al exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, Carles Martí.
A partir de ahí, uno de los primeros pasos será crear y dotar un fondo de recuperación urbana y social que cuente con un presupuesto inicial para activar una oficina técnica, desde la que se sentarán las bases para definir en qué zonas debe empezar a actuarse.
El riesgo de vulnerabilidad, si son espacios en riesgo de fractura social o las zonas que necesiten una adaptación de cara a los efectos del cambio climático serán prioritarias.