Paralelamente a la vía administrativa, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, Sofía Beltrán Miralles, ultima la investigación judicial sobre las causas y las circunstancias de la explosión que provocaron el fallecimiento de tres personas. Tres años después del accidente, la jueza está ya en la recta final del análisis previo para decidir si archiva o envía el caso a juicio y, en caso de hacerlo, a quién apunta como posibles responsables y qué delitos considera que se habrían podido producir.
La jueza ha dividido la instrucción en tres piezas, al «haberse recabado indicios de hechos independientes» que resultan «relevantes» para el «esclarecimiento» de lo ocurrido. La pieza principal es la explosión del reactor U3100 cuando producía MPEG500. Sobre ella, el pasado mes de marzo Beltrán Miralles interrogó a la cúpula directiva de Iqoxe de enero de 2020. La jueza, el fiscal y las partes escucharon al exconsejero delegado, José Luis Morlanes; al exmáximo responsable de seguridad de hace tres años, Gerard Adrio; y al jefe de planta en ese momento, Juan Manuel Rodríguez Prats. Todos negaron la hipótesis de la jueza de que «la planta desarrollaba su actividad con una política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes».
Asimismo, la primera pieza separada son las «modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental, licencias y del reactor U350», ya que cree que «se produjo un aumento significativo de la capacidad de producción de la planta desde que fue adquirida por Iqoxe en 2014, a cuyo efecto se instaron modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental de la anterior empresa, con lo cual se produjo un aumento de la producción autorizada», indica la juez en el sumario. Por ello, la pasada semana citó al director de planta, Rodríguez Prats, para hablar sobre ello.
Finalmente, la segunda pieza independiente es la de los vertidos, que analiza si «el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales». Pese a que la magistrada cerró la instrucción en diciembre, dos meses después la Audiencia Provincial obligó a reabrirla, al aceptar un recurso para escuchar a un perito toxicológico que había realizado un informe. Esta comparecencia se llevó a cabo el pasado lunes día 27. Con todas estas diligencias practicadas, el caso Iqoxe está a punto de iniciar la fase decisiva: quedarse en nada o la apertura de juicio oral para buscar culpables del que ha sido el mayor desastre químico que ha sufrido la ciudad.
