El contrato de la basura de Tarragona sigue esperando, desde hace meses, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El laberinto jurídico en el que se encuentra la mayor concesión municipal puede empezar a ver un horizonte de solución en las próximas semanas, en función de lo que dictamine el organismo judicial autonómico sobre una polémica que se arrastra desde hace un año.
En enero del 2024, el Diari avanzó que la compañía francesa GBI Paprec era la empresa con una mejor puntuación del concurso público, por delante de Urbaser y FCC, que de esta forman perdía un servicio que ganó hace más de dos décadas. Valoriza, por su parte, quedó eliminada.
El 15 de marzo, el pleno municipal avaló la adjudicación a Paprec, pero un recurso ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la segunda clasificada –Urbaser– encendió la gran bomba: el organismo administrativo dependiente de la Generalitat de Catalunya eliminó del concurso en junio a la vencedora de la licitación. ¿Por qué? El organismo administrativo concluyó que su oferta presentaba «variables» no permitidas en el pliego de condiciones, como el hecho de que no contemplaba un taller específico para la maquinaria del contrato de Tarragona.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), pedirá un informe jurídico a los técnicos municipales cuando el alto tribunal catalá dicte sentencia
El tribunal administrativo, además, también dio un tirón de orejas a los altos funcionarios municipales, a quienes criticó que su «modo de operar» en el proceso de licitación «no se ajustó a derecho», al detectar incumplimientos por parte de las tres ofertas y no haber excluido a ninguna.
TGN: ¿Paprec o Urbaser?
Posteriormente, el consistorio siguió adelante con el proceso para adjudicar el contrato, en un movimiento que, al mismo tiempo, iba por dos carriles en dirección opuesta. Por una parte, el pleno aprobó el 21 de junio –con los votos de PSC, Junts y los dos ediles tránsfugas ex de Vox– «acatar» la resolución del tribunal administrativo que expulsaba a Paprec del concurso, por lo que se solicitó a la segunda clasificada del concurso –Urbaser– que «avanzara» en la preparación de los papeles necesarios para adjudicarle el contrato en el pleno municipal ordinario del mes de julio.
Pese a ello, los juristas municipales avalaron que el organismo de la Plaça de la Font acordara presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cuyo objetivo es anular la exclusión de la ganadora de la licitación, GBI Paprec.
¿La traducción de todo ello? Que mientras Tarragona avanzaba para dar la basura a Urbaser también pedía, de forma paralela, al alto tribunal catalán que anulara el dictamen del tribunal administrativo para que el gigante francés vuelva a ser la firma adjudicataria... en detrimento de Urbaser. Tarragona jugaba, pues, a dos bandas en el mismo caso.
A consecuencia del acuerdo de junio, los altos funcionarios lo prepararon todo para que el Saló de Plens aprobara en julio adjudicar el contrato a Urbaser. Pese a ello, pocos días antes de la sesión, saltó la sorpresa: el TSJC aceptó a trámite un recurso de Paprec en el que la firma pedía, como medida cautelar, que se suspendiera la adjudicación a Urbaser. Al tener constancia del recurso, los juristas municipales recomendaron retirar el punto del orden del día, por lo que no se adjudicó a Urbaser, a la espera de lo que decida el TSJC, que tras medio año todavía no ha resuelto.
¿Qué hará el Ayuntamiento cuando el TSJC decida? El alcalde Rubén Viñuales (PSC) lo tiene claro: «Pediré un informe jurídico a los técnicos de la casa, que son muy buenos. Y en base a lo que digan, lo aplicaremos». Simplicidad para sortear el mayor embrollo de la historia reciente de la ciudad.
