El Ayuntamiento de Tarragona empieza a tener la mosca detrás de la oreja en el caso Inipro. Después de que el pasado mes de diciembre se hiciera público que la Fiscalía solo pide la mitad de penas que la CUP y el propio Consistorio contra los dirigentes del PSC por haber desviado –presuntamente– 276.000 euros desde el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) hacia la formación socialista entre 2010 y 2012, ahora la gota que ha colmado el vaso es el hecho de que el juez haya denegado la personación de la administración municipal en el caso, así como «el retraso injustificado» que, aseguran, existe en la tramitación del proceso, tanto por parte del Juzgado como del Ministerio Público.
De hecho, ayer el portavoz del equipo de gobierno, Manel Castaño (ERC), expresó el malestar el gabinete liderado por el alcalde Pau Ricomà y denunció al Diari que el ejecutivo de la Plaça de la Font tuvo conocimiento de la decisión del juez «por los medios de comunicación». El edil de la formación republicana recalcó que, todavía ayer por la tarde, «no se nos ha notificado nada», y añadió que «cuando nos llegue la documentación actuaremos en defensa del Ayuntamiento y de la ciudadanía».
«Nos quieren echar»
El equipo jurídico contratado por el gobierno municipal sospecha de «dilaciones indebidas» en el proceso, lo que permitiría «rebajar posibles penas» a los dirigentes socialistas en una hipotética sentencia condenatoria de un juicio que todavía no tiene ni fecha. De hecho, esta circunstancia podría ser esgrimida como una atenuante por parte de los sentenciados, de forma que podría reducirse la pena en un grado –o dos– si se demostrara un retraso «excesivo» en la tramitación de una causa que está en el Juzgado desde hace ya ocho años. «La lentitud del proceso no está justificada», se indica desde que el gabinete comandado por el número ‘25’ de ERC en las últimas elecciones municipales, el abogado Ramon Setó, quien recibió el encargo para gestionar el caso mediante un decreto del alcalde del 15 de junio de 2020 tras una adjudicación directa por valor de 14.000 euros –16.940 con IVA– sin concurso público al tratarse de una contratación menor.
«No es lógico que se haya tardado casi un año en responder un recurso presentado en julio pasado. Y tampoco lo es que la Fiscalía Provincial no presentara el escrito de acusación hasta cuatro meses después que nosotros», se indica desde el gabinete jurídico. Precisamente, el Ayuntamiento solicita en los escritos de acusación 14 años y tres meses de prisión para el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, y diez años y tres meses para la edil Begoña Floria. Por su parte, la Fiscalía solicita menos de la mitad: cinco años y ocho meses para Ballesteros, y cuatro y diez meses para la que fuera portavoz municipal entre 2007 y 2019. En las otras siete calificaciones también se sigue el mismo camino, con peticiones de cárcel muy inferiores por parte del Ministerio Público.
Seis días fuera de plazo
Según la resolución –a la que ayer tuvo acceso este periódico– el juez Ignacio Parra Cabrera considera que el Consistorio tarraconense no puede presentarse como acusación particular por un margen de seis días. En concreto, el magistrado entiende que el plazo límite para que la administración municipal solicitara formar parte de la causa finalizaba el 3 de junio de 2020, a la vez que especifica que el Ayuntamiento «presentó el escrito interesando la personación» el día 9.
«Los perjudicados por un delito que no hayan renunciado a su derecho podrán mostrarse parte si lo hacen antes de realizarse el trámite de calificación del delito», indica el juez en la resolución, quien especifica que este trámite se cumplió, precisamente, con la providencia del 3 de junio de 2020.
«Estamos perplejos, nos quieren echar del caso, pero recurriremos. Estamos valorando si presentamos un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial o de reforma ante el mismo juzgado. Lo haremos en los próximos días», afirman las fuentes consultadas, quienes de esta forma dan rienda suelta a la petición que ayer les hizo llegar la CUP, que de momento se queda como la única acusación municipal en el caso.
