Junts per Catalunya apunta a la Fiscalía en el caso del «Señor Q». Así se pone de relieve en la investigación interna que durante los últimos meses ha llevado a cabo la formación de Carles Puigdemont por las cuatro denuncias de exmiembros de la JNC sobre posibles casos de acoso sexual protagonizado entre 2019 y 2019 por el excargo de CDC Quim Amorós, quien ahora es asociado de Junts. Los hechos saltaron a la luz pública el pasado mes de julio mediante una denuncia en Twitter y, desde entonces, el partido ha estado analizando las denuncias.
La indagación concluye que de la documentación aportada y del relato de los hechos por parte de las personas denunciantes «se desprende que Amorós podría haber repetido un patrón de conducta con decenas de jóvenes del entorno de la JNC constitutivo de acoso sexual, que incluye ciberacoso».
En este sentido, en el documento se añade que «la multiplicidad de testigos y la concordancia de todos ellos son un elemento importante que ayuda a atribuir veracidad en los hechos denunciados», que Junts recuerda que en el momento en el que sucedieron Amorós pertenecía primero a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el PDeCAT.
La instrucción interna da veracidad a las versiones de los cuatro exmiembros de la JNC
«En cualquier caso, esto no impide a Junts poder asumir la responsabilidad de emprender las actuaciones que considere oportunas», añade el informe, que detalla que «el hecho de que, a fecha de hoy, las organizaciones donde se habrían producido las conductas de acoso no hayan realizado ningún tipo de actuación a nivel interno ni hayan trasladado a la Fiscalía o a la Policía unos hechos que podrían constituir ilícito penal, justifica aún más la asunción de esta responsabilidad por parte de Junts».
Debido a la sospecha de la posible comisión de algún delito, Junts propone «dar traslado de los hechos a las autoridades públicas que correspondan» y, a nivel organizativo, califica los hechos como de «muy graves», por lo que el informe propone a la ejecutiva nacional que suspenda temporalmente a Amorós de sus derechos como persona afiliada. «Esta suspensión temporal total quedará sin efecto cuando, una vez finalizada la vía penal, se acuerde una resolución definitiva».
El abogado de Amorós, David Rocamora, denuncia una «enorme precipitación» y «falta de rigor» de unas acusaciones que, considera, «no tienen fundamento» y que suponen «una carga injusta y desproporcionada» sobre Amorós, de quien asegura que «no puede haber cometido» los presuntos delitos que se apuntan en el informe interno.
