Nueva polémica entre el interventor municipal y el gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona (ERC-Junts per Tarragona-CUP). Después de que en 2021 el alto funcionario denunciara «graves déficits de gestión» en empresas públicas como Espimsa o Tarragona Ràdio, y tras la reciente batalla jurídica con el secretario general del consistorio sobre la bonificación de tasas a los marchantes a raíz de la pandemia de la Covid –que él no quería aprobar–, ahora el alto cargo económico de la Plaça de la Font va un paso más allá y «recomienda» al ejecutivo liderado por el alcalde Pau Ricomà (ERC) la «disolución y liquidación» de la Fundació Tarragona Cultura i Coneixement.
Así lo indica Javier Requejo en un informe de control financiero, al que ha tenido acceso el Diari, en el que el alto funcionario critica que en 2021 el ente dependiente del Ayuntamiento «no efectuó ninguna actividad para desarrollar su objeto social», enfatizando que, según la legislación vigente, «estaría obligado a destinar, como mínimo, el 70% de las rentas y otros ingresos netos anuales al cumplimiento de sus finalidades fundacionales», que sería la divulgación científica y cultural.
«Graves déficits» de gestión
Según la memoria presentada por la Fundació correspondiente al ejercicio 2021, el año pasado el organismo recibió una subvención de 130.000 euros por parte del Ayuntamiento, que es prácticamente el 100% de su presupuesto. Cabe señalar que el 56% de esta cantidad se destinó al sueldo de la gerente (73.000 euros).
En un contundente análisis, el interventor expresa su punto de vista sobre el funcionamiento de la fundación y «recomienda» la «disolución y liquidación» del organismo municipal «si no es posible cumplir con sus finalidades de manera eficiente». En el documento, el alto cargo justifica su posicionamiento ante los «graves déficits» que aprecia, así como a «las consencuencias que pueden tener de cara al Ayuntamiento». En este sentido, Requejo recuerda que «debe tenerse en cuenta que difícilmente la gestión de servicios públicos a los que viene obligado el Ayuntamiento justificaría el mayor gasto público a que obligaría la dotación de los medios necesarios para un correcto funcionamiento de la fundación».
En su detallado trabajo, el interventor también observa importantes déficits en la plantilla del organismo. «La entidad no dispone de una estructura de personal para desarrollar su objeto fundacional. Desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público no se considera adecuada la contratación de personal de mando cuando no se dispone de ningún otro tipo de personal», ya que de lo contrario «se recomienda la liquidación por parte del patronato de la fundación».
«Un informe solo de ortodoxia»
El informe elaborado por parte del interventor ha generado un profundo malestar en el gobierno municipal, ya que se da la circunstancia de que no es ni la primera ni la segunda polémica que mantiene con el alto funcionario. «Es un informe de ortodoxia en el que solo se tiene en cuenta la norma sin realizar ninguna valoración del contexto», indica el director de la Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, Jordi Fortuny (ERC), quien descarta que el ejecutivo de la Plaça de la Font acepte la recomendación de suprimir el organismo. «No lo haremos. El interventor ha expresado su opinión, que no está fundamentada ni se aproxima a la realidad», apunta de manera contundente el también primer teniente de alcalde de la administración local.
De hecho, tal y como se indica en las alegaciones presentadas contra el informe, Fortuny niega la mayor y asegura que el año pasado la fundación «sí que realizó actividad que es propia de su objeto social». En este sentido, recuerda que en 2021 «aún hubo restricciones por la covid durante muchos meses» y que «pese a que no se organizaron ni actos ni eventos», la Fundació «sí que estuvo trabajando intensamente en su primer encargo, que fue definir el proyecto ejecutivo del Banco de España».
Asimismo, por lo que se refiere al volumen de personal del organismo –la gerente–, el director de la Fundació también descarta ampliar plantilla «si no es estrictamente necesario. ¿Cómo lo pagamos?», se pregunta finalmente Fortuny para escenificar un divorcio con el interventor que cada día es más evidente.
El interventor dice que, en 2021, la fundación «no hizo ninguna actividad de su objeto social»
«El informe no se ajusta a la realidad. En 2021 hubo Covid y se avanzó en el proyecto del Banco de España»
Jordi Fortuny
Director Fundació TCC
