«Eugen no quiere vivir más. Primero, porque sabe lo que le espera ahora y, segundo, por que solo puede mover la cabeza y hablar. Le falta una pierna y está en una cama postrado». Estas son las palabras de Gerard Amigó, abogado del exvigilante de Securitas, Marin Eugen Sabau, que en diciembre disparó contra varios excompañeros de trabajo en la oficina de Tarragona y que, después, se atrincheró en una masia de Riudoms. Eugen, de 46 años, sufre una lesión medular, fruto de los disparos de los Mossos durante su detención.
El acusado pidió hace unas semanas que se le practicase la eutanasia, mientras que las víctimas se oponen argumentando su derecho a un juicio justo. Finalmente, y después de que los abogados de las víctimas interpusieran varios recursos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona emitía ayer un auto, en el que dejaba claro que la justicia no puede interferir en el proceso de muerte asistida. Eso significa que los planes de Eugen siguen adelante, y que su vida está ahora en manos exclusivamente de la Comissió de Garantía i Evaluació, un organismo de la Generalitat, formado por una docena de personas –entre juristas, médicos y psicólogos–, que darán el visto bueno a su petición de eutanasia. Según la ley, una vez se constituya la comisión, ésta tiene un plazo máximo de 45 días para decidir.
En la interlocutoria que ayer resolvió la magistrada, explica que «no existe ninguna previsión legal que permita que un juez pueda interferir en una proceso que se regula especificamente en una ley orgánica». La decisión, según el auto, corresponde a los médicos y a la comisión. Además, según la jueza, para que hubiera colisión, «debería tratarse de derechos ponderables, cosa que no es el caso, teniendo en cuenta que los derechos a la integridad física y moral, a la dignidad, a la libertad y a la autonomía personal son prioritarios frente al de un juicio justo».
Referente a la petición de las víctimas de que Eugen reciba la eutanasia una vez celebrado el juicio, la magistrada expresa que «comprendo su desazón, ya que podrían ver dificultado su proceso resarcitorio, aunque habría otras vías para obtenerlo». Si Eugen acaba muriendo, la vía penal se extinguiría y las víctimas deberían apostar por el procedimiento civil, más lento y costoso.
La voz del acusado
En un primer momento, Eugen fue atendido e intervenido en la Vall d’Hebron. Mientras estaba en la UCI, en marzo, el exvigilante pidió que se le aplicara la eutanasia, pero el equipo médico, en ese momento, valoró que no estaba en plenas condiciones para tomar esta decisión. Cuando Eugen fue trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa, insistió en la idea y fue entonces cuando la médica inició los trámites. «Eugen no quiere vivir más porque sabe la pena que le espera. Yo no le quiero engañar y él considera que su vida ha acabado», explica su abogado, Gerard Amigó.
La defensa de Eugen pide que la jueza investigue como se produjo su detención. Cabe recordar que el acusado, después de disparar contra tres de sus excompañeros de trabajo y contra dos agentes de los Mossos d’Esquadra, se atrincheró en una masia de Riudoms, donde, según las primeras investigaciones, hubo disparos cruzados. «Nadie explica como lo detuvieron. Además, nadie había pedido la declaración de los Mossos hasta que llegué yo al caso, en marzo. No contamos con informe de balística y apenas tenemos imágenes de lo qué pasó», explica Amigó, quien cuestiona el trabajo de los Mossos en esa ocasión. «Comprendo a la perfección los nervios de los agentes, pero pienso que hubieran podido esperar y negociar un poco más. No habríamos llegado hasta aquí». Amigó quiere esperar a tener todos los elementos probatorios encima de la mesa, pero no descarta tomar alguna acción legal en esta línea.
Preguntado por los hechos, el abogado de Eugen explica que su cliente «se obsesionó mucho con la empresa y perdió la cabeza», y remarca que «esto no justifica lo que hizo».
Acelerar el juicio
Por su parte, el sindicato de los Mossos d’Esquadra, USPAC, quien defiende los intereses de dos de los agentes heridos, pide que se celebre lo más pronto posible el juicio contra Eugen «para no vulnerar el derecho de las víctimas a un juicio justo», explicaba ayer el portavoz de USPAC, Albert Palacio. El sindicato presentó ayer un recurso contra el auto de la jueza. Uno de los agentes quedó herido leve, con contusiones, mientras que el otro todavía está de baja y ha sido intervenido en varias ocasiones del brazo. «No es solo lo físico, también lo psicológico. Las víctimas necesitan cerrar el proceso, sea con una sentencia o con una indemnización», decía Palacio.
«No nos oponemos a que se practique la eutanasia a esta persona, pero sí a que se haga antes del juicio», explica el portavoz del sindicato, quien reclama que se celebre ya el proceso judicial, antes de que se configure la Comissió de Garantía i Evaluació.
El caso no tiene precedentes ni dentro ni fuera de España. Además, la ley de la eutanasia es prácticamente nueva, lo que plantea un debate sobre los límites de la muerte asistida y sobre los derechos que prevalecen por encima de otros. Veremos cómo termina el asunto.