La ciudad de Tarragona tiene registrados un total de 2.140 pisos turísticos legales. Es la última actualización desde que el 9 de noviembre del año pasado entró en vigor la moratoria impulsada por la Generalitat, en aquellos municipios con dificultades de acceso al alquiler o que superaban la ratio de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes. Esto obliga a los ayuntamientos a redactar un plan especial que establecerá los límites en cuanto a la concesión de nuevas licencias, un trabajo que el ejecutivo tarraconense prevé que podrá ponerse en marcha a partir del año que viene.
«Estamos trabajando con la redacción de los pliegues y a ver si el año que viene puede procederse a la redacción», indica el concejal de Urbanisme, Nacho García. Este proceso va a hacerse de forma externa y «marcará hacia donde vamos y si deben limitarse o no, teniendo en cuenta las zonas y donde tenemos más tensión a nivel de acceso al alquiler». Sin lugar a dudas, este último será un elemento que pesará en este proceso, teniendo en cuenta que la regulación se puso en marcha precisamente por este motivo. «El problema colateral ha sido que los alquileres se han disparado por la falta de pisos de alquiler convencional, contribuyendo a la gentrificación en algunos barrios», indica el director de los Serveis Territorials d’Empresa, Jordi Fortuny.
Part Alta, Part Baixa y La Mora son las zonas donde se pondrá el foco, teniendo en cuenta que tan solo el núcleo histórico supera la cifra de más de 600 pisos turísticos. «Nosotros no entraremos en el contenido del plan, pero por los datos que todos conocemos podemos intuir que seguramente este parte de la ciudad ha llegado a unos niveles que no se admiten más. Seguramente incluso lo contrario, pero si coges los números de toda la ciudad no estamos en un punto límite», describe el edil socialista. En cuanto a la Part Baixa, uno de los elementos que podría tenerse en cuenta es que las nueva licencias se concedan según si son bloques de pisos enteros, de forma que se convierta en un estímulo para la rehabilitación de viviendas, en una zona en la que quiere revertirse el proceso de degradación.
La administración local dispone de una partida de 50.000 euros para la redacción del nuevo plan, siendo esta una de las exigencias que estableció En Comú Podem durante la negociación de las tasas e impuestos para este 2024. En medio de este proceso, el Departament de Territori aprobó un decreto ley que afectaba a 162 municipios, entre los cuales Tarragona, lo que da un margen de cinco años a los ayuntamientos para hacer la adaptación de su planeamiento urbanístico. «Ahora que tenemos la prórroga, no vamos con el agua al cuello como hace unos meses», indica García.
¿Más inspecciones?
¿Esta moratoria comportará una proliferación de las viviendas de uso turístico ilegales? La competencia en materia de inspecciones la tiene la Generalitat, quien asegura que desde el año 2013 ha abierto un total de 281 resoluciones sancionadores a pisos turísticos ilegales, en el ámbito del Camp de Tarragona. De estas, 23 corresponden a la ciudad de Tarragona, teniendo en cuenta que el importe de las multas se sitúan en una horquilla entre los 3.001 y los 600.000 euros, según si se consideran infracciones graves o muy graves. «En comparación con los primeros años, ahora mismo está muy estabilizado y se están poniendo pocas multas en comparación con los primeros años, porque se han regularizado y los que puede haber de ilegales son muy difíciles de detectar», indica Fortuny.
La administración catalana tiene a un equipo de inspectores que se encarga de perseguir las prácticas fraudulentas a través de los anuncios on-line, tanto de portales y plataformas especializadas, como fuera de los circuitos habituales. La segunda vía para detectar estos pisos turísticos ilegales son las denuncias de vecinos, especialmente en aquellos casos en los que esta actividad puede convertirse en un nido de problemas.
Fortuny considera que la moratoria actual puede comportar que «algunas de estas viviendas de uso turístico acaben convirtiéndose en apartamentos turísticos». En este caso, los requisitos técnicos son más exigentes, ya que el edificio debe tener un conjunto de servicios como la presencia de un conserje o que las habitaciones tengan unas dimensiones iguales o superiores a las de un hotel de una estrella. Asimismo, la normativa también establece que el conjunto de los pisos de un bloque debe ser del mismo titular, que debe explotarlos de forma única. Estos requisitos son más exigentes que los que había para los pisos turísticos, que tan solo necesitaban acreditar una cédula de habitabilidad y presentar una comunicación al ayuntamiento.
«Parece que haya una evolución hacia el modelo de los apartamentos, que es la salida natural sobre todo para las empresas que se han dedicado a hacer bloques enteros», indica Jordi Fortuny.
Cuando hablamos de pisos turísticos habitualmente la imagen es la de las grandes ciudades, con barrios con una presión turística muy alta como puede ser la Part Alta o Ciutat Vella. No obstante, el representante del Departament d’Empresa de la Generalitat confirma que en pequeños municipios de la comarca del Priorat esta es «muy bestia». «Son espacios limitados donde prácticamente no se construye y entre las segundas residencias y las viviendas de uso turístico, el problema es muy grave», argumenta Fortuny.
