Al menos 32 contratos amañados, entre los años 2005 y 2017 en la provincia, por un cártel que acaba de ser desmantelado y que tenía en Tarragona y su potente tejido industrial uno de los epicentros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de desarticular una trama que ha campado a sus anchas por varias fábricas de Tarragona durante más de una década. Se trata de empresas muy especializadas, vinculadas al montaje y al mantenimiento, que se repartían clientes y licitaciones. Pactaban y fijaban precios mínimos para encarecer sus servicios a empresas del sector energético y del petroquímico.
En la provincia, los afectados son gigantes como CLH, Dow Chemical, Repsol o el Port de Tarragona, en una red que también afectó a trabajos en el almacén de gas –ya fallido– Castor y que alcanzó incluso a la obra pública.
Un ejemplo: en 2015 se acredita el reparto de una licitación del Consorci d’Aigües de Tarragona para la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Reus.
Navec, en La Pobla, denunció
Hay un total de 744 proyectos y licitaciones afectados en toda España. De esos, 32 están identificados y ubicados en Tarragona, aunque la cifra real y definitiva podría ser mayor, puesto que hay servicios que no están localizados geográficamente. La detección del cártel ha sido posible gracias a la denuncia realizada por la empresa Navec, que tiene su sede central en La Pobla de Mafumet, junto a la refinería de Repsol. Es algo habitual que una firma que ha participado en un cártel acabe por denunciar su existencia en la CNMC a través del llamado Programa de Clemencia, beneficiándose luego de la exención. En su caso, no tuvo que pagar la multa que le fue impuesta y consistente en 9,3 millones de euros. El ente regulador ha acabado imponiendo sanciones a 19 empresas (algunas de ellas con fuerte e histórica implantación en Tarragona) que se elevan a 54,2 millones. Ocho directivos también han sido multados, con 280.500 euros.
Las firmas se repartían clientes y licitaciones y fijaban precios mínimos para encarecer serviciosLa CNMC es directa en su veredicto: «Las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel; se trata de una conducta prohibida, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE».
Se han acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. Diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban «para empresas locales», coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.
Tarragona aparece asiduamente en la documentación del caso. Según expone la CNMC, «en junio de 2015 se celebró en Tarragona una reunión a la que asistieron el Director de División de Mantenimiento de Navec y el Director General de Masa. El objetivo era fijar unos precios mínimos para los servicios ofertados y el respeto de los clientes y zonas que venían ofertando en el pasado».
Ofertas de cobertura
Masa es una de las marcas sancionadas, en su caso con 14,6 millones. La firma aparece como compañía coordinadora en la zona de Tarragona. Pero hay más. «En mayo y junio de 2012 se realizaron ofertas de cobertura entre Navec y Copisa para la realización de ciertos servicios al cliente Tarragona Port Services, S.L. (TPS) en relación a los trabajos de movimiento de carbón en la zona portuaria para ‘Modificación de cintas zona cargador”, ‘Trabajos en grúa IMENASA G3’, ‘Modificación en recorrido cintas 2 y 3’.
También se acordó el reparto de una licitación pública en una estación de agua potable de ReusUna nueva referencia de la investigación, esta de septiembre de 2015. En ese momento, Navec y Enwesa «acordaron en cuanto a instalaciones en Tarragona que Enwesa proporcionaría una oferta de cobertura a Navec en la licitación de mantenimiento de equipos dinámicos de Repsol Química a cambio de participar con un 20% en la UTE que se constituiría si Navec resultaba adjudicataria de los mantenimientos de equipos estáticos y dinámicos de Repsol Química. En correspondencia, Navec realizaría a su vez una oferta de cobertura en favor de Enwesa en la licitación de equipos dinámicos de Repsol Petróleo».
Esas negociaciones formaban parte de estrategias ilegales para repartirse el pastel de las licitaciones, siempre con el polo petroquímico tarraconense como uno de los principales escenarios.
Los mecanismos de comunicación cambiaron durante 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o mails. En la provincia, se hallan amaños en trabajos como paradas en Repsol o Dow Chemical, montajes mecánicos o mantenimiento de tanques e instalaciones de bombeo de CLH. Algunos de los contratos afectados corresponden a Euroports Ibérica Tps SL, firma ubicada en el muelle de Castilla del Port de Tarragona. La documentación, además, habla de ofertas de cobertura en la plataforma Castor, entre las Terres de l’Ebre y Castellón.
Hay un solo contrato público afectado en toda la trama a nivel estatal y es precisamente de la provincia, en concreto del Consorci d’Aigües de Tarragona. Añade la CNMC: «Consta acreditado el reparto de una licitación convocada para su Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Reus». Fueron trabajos para sustituir válvulas en ese equipamiento en 2015.