Catalunya ha activado el proceso para el cobro del nuevo impuesto sobre las emisiones de CO2, un tributo propio de la Generalitat de Catalunya, alineado con la fiscalidad verde y sostenible que se promueve desde Europa para luchar contra el cambio climático.
El impuesto, que se gestiona desde la Agència Tributària de Catalunya (ATC), se aplica a turismos, furgonetas y motocicletas sobre la base de las emisiones de CO2 del año pasado.
Este pasado miércoles, 1 de septiembre, y hasta el próximo día 15, está expuesto para su consulta el padrón definitivo de los vehículos a los que se les ha asignado la cuota. Finalmente, para el ejercicio 2020, han quedado sujetos al impuesto 1.650.342 contribuyentes y 2.267.168 vehículos, que se calcula que generarán una recaudación para las arcas de la Generalitat de 65,9 millones de euros.
Este dinero se destinará íntegramente, y a partes iguales, al Fondo Climático y al Fondo del Patrimonio Natural, con el objetivo de invertir en acciones de mejora del entorno y del transporte público, fomentar las energías renovables y los vehículos limpios, e impulsar la movilidad sostenible, la gestión de los parques naturales y la investigación.
Pero todos los beneficios que, a priori, generará este nuevo impuesto no parecen suficientes para que los ecologistas vean con buenos ojos su aplicación. Desde Ecologistes en Acció, María García califica el tributo de «una medida puramente cosmética. Somos muy escépticos. Es un impuesto puramente recaudatorio y no tendrá incidencia real en la reducción del tráfico o en la de las emisiones de CO2. Se habla de que el dinero recaudado irá al Fondo Climático pero no generará una reducción de vehículos, que es lo que queremos».
Por contra, los ecologistas son partidarios de «gravar el mal uso del coche, con medidas como por ejemplo los peajes urbanos. Además, con la retirada de los peajes interurbanos tendremos un efecto contrario: más tráfico, más emisiones y una pérdida de usuarios del transporte público», comenta María García.
Por último, esta representante de Ecologistes en Acció apunta que «es básico priorizar el transporte público, la bicicleta y el vehículo de alta ocupación. Estamos en una situación de emergencia climática y es necesario actuar de forma contundente para reducir la movilidad».
Por su parte, los transportistas, aunque admiten que «todo nos acaba repercutiendo», creen que «lo que realmente nos afectará más será la aplicación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades para restringir el paso a los vehículos contaminantes», comenta el presidente de la Federació Empresarial d’AutoTransports de la Província de Tarragona , Josep Lluís Aymat, quien añade que «este impuesto sobre el CO2 no generará competencia entre las propias empresas porque afectará a todo el mundo por igual. En cambio la aplicación de las zonas de bajas emisiones sí que generará disfunciones, porque quien no tenga músculo para renovar su flota quedará más marginado frente a quien sí pueda hacerlo».
Desde la Federació Catalana d’Automoció critican el nuevo impuesto. En un comunicado, Fecavem asegura «no entender la naturaleza» de un impuesto que «provocará que muchos busquen matricular sus vehículos fuera de Catalunya». Además, señalan que «la cifra final de este impuesto tampoco se entiende, ya que varía dependiendo de cada automóvil y se obtiene a través de logaritmo complicado que no se ha explicado».
¿Quién deberá pagar?
El nuevo impuesto se aplicará a turismos, furgonetas y motocicletas cuyas emisiones estén por encima de los 120 g/km de CO2 (160 g/km en el caso de las furgonetas), según establece la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. A partir del próximo año, el tributo será más restrictivo, ya que el umbral de tolerancia se reducirá hasta los 95 g/km para los automóviles y motos y hasta los 120 g/km para las furgonetas. Cuando el vehículo supera por muy poco el margen a partir del cual hay que pagar, la cantidad es simbólica: 0,55 euros para los turismos y las motocicletas y 0,3 euros para las furgonetas. El gravamen máximo se dispara hasta los 276 euros para automóviles y motos y 87 euros para las furgonetas.
El tributo lo deberán pagar las personas físicas y jurídicas que sean titulares de un turismo, furgoneta o motocicleta, siempre que las emisiones de sus vehículos superen los límites establecidos. También tendrán la obligación de pasar por caja las personas jurídicas sin residencia fiscal en Catalunya, pero que tengan un establecimiento, sucursal u oficina y vehículos registrados en esta comunidad durante 2020.
El pago que se ha activado puede hacerse en línea desde la sede de la Agència Tributària de Catalunya, accediendo con idCAT Mòbil, o con NIF y matrícula. A partir de octubre, cuando el contribuyente reciba la notificación con la carta de pago, también podrá pagar a través de la sede electrónica de la ATC, el teléfono 012, la ATC us truca (93 5515151), la entidades bancarias colaboradoras (atc.gencat.cat/bancs) y las oficinas de Correos.