La Fiscalía de Tarragona pide 11 años de prisión para tres directivos de Iqoxe por la explosión ocurrida en la planta de La Canonja en 2020. En concreto, el Ministerio Público pide seis años por el delitos de estragos, tres homicidios imprudentes, 13 de lesiones imprudentes, uno de daños imprudente; tres años y multa de 10.800 euros por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y finalmente dos años de cárcel y multa de 6.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por su parte, la pena para la empresa como persona jurídica es de multa de 540.000 euros e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores durante dos años por el primer bloque de delitos, 360.000 euros e intervención durante dos años por el delito contra el medio ambiente y finalmente otros dos años de intervención por delito contra los derechos de los trabajadores.
Como consecuencia de la explosión e incendio resultaron muertas tres personas y 13 heridas. También se fija las indemnizaciones para los familiares de los fallecidos y para los heridos, además de las empresas que resultaron dañadas por la explosión.
El escrito de acusación del fiscal es muy duro. Asegura que desde el cambio de titularidad de la planta en La Canonja en 2014, «el planteamiento del director general (CEO) –y uno de los acusados– era la consecución de beneficios económicos mediante el aumento de la producción y reducción de gastos. Ello incluso a costa de la seguridad y estabilidad de los trabajadores, con una plantilla laboral insuficiente y con pleno conocimiento de la peligrosidad de las sustancias que se utilizaban y las consecuencias dañinas a que podrían dar lugar a los trabajadores y a la población en general las grandes cantidades de tales sustancias utilizadas y almacenadas».
Los acusados
Esta situación, recalca el escrito, «era conocido, asumido y compartido» por los otros acusados: el director de la planta y el director de seguridad y medio ambiente. «De ello se beneficiaba la empresa, también acusada, por cuenta de y para la cual trabajaban los acusados, personas físicas, en tanto que también salía fortalecida económicamente».
El Ministerio Público recalca que «como consecuencia de unas inaceptables condiciones de seguridad, y pese a lo previsible de que ello pudiera suponer la pérdida del control en el funcionamiento de las instalaciones», se produjo la explosión el 14 de enero de 2020.
Ampliación de la planta
Desde 2015 y hasta 2018 llegó a haber hasta cuatro ampliaciones, que supusieron un aumento de la producción, «que no se correspondió con aumentos en la plantilla laboral».
Esta ampliación de la producción implicaba, según el fiscal, un aumento del riesgo debido al correlativo aumento de volumen de sustancias peligrosas. «Sin embargo, los aumentos de capacidad de producción, contraveniendo la normativa aplicable, se articularon sobre la base de modificaciones no sustanciales, cuando deberían haber sido calificadas de sustanciales en las obligatorias comunicaciones» a la Generalitat.
En el momento de la explosión en el reactor U-3100 se estaba produciendo por séptima vez un lote de compuesto llamado MPEG-500. En la fabricación de los seis anteriores –incluso en alguna ocasión con el MPEG-1000– «ya se habían detectado problemas de inestabilidad por oscilaciones indeseadas de presión y de temperatura, si bien habían oscilado en rangos corregibles». Salvo en agosto de 2019, cuando se produjo un aumento exponencial de temperatura durante la adición de óxido de etileno, lo que provocó la actuación del sistema de seguridad y se detuvo el proceso.
Proporciones diferentes de productos
Para la obtención de este séptimo lote se habían utilizado unas proporciones diferentes a la de los anteriores, porque el cliente deseaba menor contenido de sodio en el producto.
«Por la premura en la producción, no se examinó suficientemente la probable inestabilidad en la reacción que podía resultar tras este cambio en los porcentajes de los productos», según figuraba en la ‘receta’ que había elaborado el entonces jefe de la planta de derivados –que ha fallecido–.
También por esa premura en la producción se aplazó el arreglo de elementos accesorios al reactor, que no funcionaban debidamente o que padecían fugas. «Tal es el caso de la bomba P-3132, cuyo califugado se había retirado por fugas el día anterior a la explosión».
Y llegó la explosión
Poco antes de las 18.37 horas del 14 de enero de 2020 falló la reacción que se esperaba, se produjo un aumento rápido e incontrolado de temperatura y presión en el reactor. «Las alarmas sonoras del panel de control que ponían sobre aviso ante estas situaciones anómalas estaban silenciadas desde hacía tiempo». «Las alarmas visuales no siempre eran percibidas porque otros elementos de la sala de control obstaculizaban su visión y porque los panelistas debían realizar diversas tareas a la vez. Esto implicaba que nadie podía estar constantemente pendiente de la posible aparición de una alarma visual».
Lo que alertó a todos los que se encontraban en la factoría fue el gran silbido procedente de la válvula de seguridad liberada de presión del reactor a las 18.40 horas. Pero ello, dice el fiscal, no fue capaz de aliviar la gigantesca presión que se había producido en el interior. Los trabajadores que lo escucharon no tuvieron tiempo de buscar algún tipo de protección o refugio, ni siquiera alejarse algunos de ellos. «En la sala de control la protección era imposible porque, pese a las peticiones de los trabajadores, no estaba bunquerizada, contraveniendo la legislación aplicable».
«Potencia colosal»
La explosión, seguida de incendio, fue de una «potencia colosal». La parte superior del reactor alcanzó sobre los 1.000 grados, de manera que la chapa metálica se fundió. Grandes estructuras metálicas salieron despedidas. Una de ellas, de casi mil kilos de peso, voló a lo largo de 2.480 metros e impactó en un edificio de la plaza García Lorca, en el barrio de Torreforta. Produjo daños estructurales y ocasionó la muerte por aplastamiento de uno de los inquilinos.
La onda expansiva y piezas metálicas ocasionaron numerosos daños en edificios y locales de La Canonja, Bonavista, Torreforta, Riu Clar, Vila-seca y en empresas químicas de la zona.
Además del vecino de Torreforta perdieron la vida el jefe de planta, que debería haber acabado su jornada laboral a las 17 horas y se estaba despidiéndose de sus compañeros de la sala de control para marcharse a casa. También el jefe de turno, que se encontraba junto con el anterior fallecido. Sufrió graves quemaduras y fue evacuado al Hospital de la Vall d’Hebron, donde falleció a las 24 horas.
Con otro cometido
Uno de los bomberos de la empresa se encontraba en la portería, fuera de la garita, a unos 200 metros de reactor siniestrado. Suplía durante unos momentos al vigilante. Echó a correr hacia el camión de bomberos, «que resultaba obsoleto para intervenir, esperando la gran explosión del depósito de óxido de propileno que estaba seguro que acabaría con su vida».
Al llegar los Bombers de la Generalitat, el bombero anterior se encargó de darles información «porque nadie hasta entonces lo había hecho».
Seguridad del sistema
Iqoxe dispone de un sistema de seguridad de la empresa Siemsa, con quien tenia contratadas las revisiones preventivas de los sistemas. A diferencia de otras empresas usuarias que contratan el mantenimiento preventivo y el correctivo, Iqoxe solo tenía contratado el primero porque ella misma (por medio de los trabajadores) se encargaba del mantenimiento correctivo de los equipos y del programario informático (software).
El reactor en cuestión tenía un único detector de nivel «y ello dificultaba conocer en tiempo real las variables de temperatura y presión. Esto ya había sido puesto de manifiesto por el jefe de planta, fallecido durante la explosión, quien señaló que había puntos muertos en los que se podrían acumular óxido de etileno».
Por otra parte, en los días previos a la explosión se habían detectado fallos en el sistema de seguridad.
Plan de emergencia exterior
Pese a las obligaciones contenido en un Real Decreto, Iqoxe carecía de plan de emergencia exterior, que pueda ser considerado como tal.
Uno de los acusados, responsable en materia de seguridad, «no notificó directa ni indirectamente la existencia ni las circunstancias del accidente para que los servicios de emergencia pudieran actuar, pese a ser responsable de tal cometido».
El fiscal añade que el estado de shock en el que se encontraba «le impidió adoptar las medidas necesarias previstas en el plan de emergencia». «En el momento de fijarse tal responsabilidad en el plan de emergencia, no había previsto un escenario en el que él mismo no estuviera presente o no estuviera en condiciones de hacerlo ni de comunicarlo». «Ello provocó a los equipos de asistencia un grave desconocimiento de a qué se enfrentaban (...) Esta tardanza en la posibilidad de reacción por falta de información aumentó el riesgo para los trabajadores de la empresa, para los del polígono industrial y para la ciudadanía en general». Nadie de la empresa hizo ninguna comunicación de emergencia ni al 112 ni a ningún otro servicio de emergencias. Es más, fue el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) quien se comunicó con Iqoxe.
«Cuando el Cecat logró contactar con el Sr. (...), después de varios intentos, éste comunicó que había dos heridos y que no había nube tóxica, que tenía la intención de enviar un fax». Que el depósito de óxido de propileno estaba ardiendo no se supo hasta las 19.14 horas.
Plan de seguridad interior
La empresa funcionaba «bajo una situación de grave riesgo permanente para los trabajadores». Venía operando desde el inicio de su actividad, en 2014, «sin tener homologado el plan de autoprotección o el plan de emergencia interior, pese a ser un requisito indispensable para la actividad». Tampoco había llevado a cabo formación en materia de autoprotección ni eran conocidos los protocolos de actuación por los trabajadores.
Según un informe de Inspección de Trabajo, los equipos de protección individual presentaban deficiencias frente al riesgo químico: la montura de las gafas no era integral y no protegía contra las salpicaduras, la ropa no protegía del riesgo químico. Lo mismo ocurría con los guantes y el calzado.
Derechos laborales
La empresa carecía de plan de prevención de riesgos laborales. Existía una elevada carga de trabajo sobre el personal y un excesivo número de tareas en tiempo limitado, lo que aumentaba su presión. Los trabajadores se veían sometidos a un permanente estrés laboral «derivado de la conminación a producir lo más posible en el menor tiempo so riesgo de ser despedidos».
Servicios de extinción
El servicio de bomberos era asumido por una empresa externa. Había un bombero por cada uno de los cinco turnos. Tenia que encargarse habitualmente no solo de comprobar la seguridad sino también de otros cometidos, como recoger muestras de óxido de etileno y llevarlas al laboratorio en el camión de bomberos; repartir catálogos por las plantas; repartir la cena de Navidad; repartir caretas a los empleados de las oficinas, recoger diariamente las hojas de producción para entregárselas a la secretaría, realizar rondas por todo el vallado perimetral de la empresa en sustitución de los vigilantes de seguridad, regular el tráfico e identificar a las personas que accedían a las instalaciones.
