El traspaso de carreteras del Estado al Ayuntamiento de Tarragona estaba encarrilado y todo apuntaba a que sería un simple trámite, después que ambas partes mantienen un acuerdo sobre los términos en el que debe realizarse. Sin embargo, la propuesta del organismo central no pasa el filtro de la administración local, ya que esta no recoge un elemento que se considera indispensable, como es que la cesión se haga sobre una infraestructura «en buen estado» de conservación. Para el Gobierno local este es un elemento «sine qua non» para que pueda llevarse a cabo esta cesión y que la operación sea «asumible» por todas las partes, lo que hace que ahora mismo la firma del convenio esté en compás de espera.
Desde hace unos meses ambas partes mantienen un acuerdo, que debía ratificarse con la firma de un convenio en el que se reflejaba las inversiones que asumirá el Estado, como contrapartida al traspaso –dado que desde hace algunos años este tipo de operaciones no van acompañadas de una compensación económica–. Esto debía suponer el punto de partida para que pudieran licitarse los proyectos acordados, que hacen referencia a la construcción del carril bici de Llevant, la ampliación del puente del Francolí y la instalación de pantallas acústicas en la A-7.
El conjunto de la inversión supera los seis millones de euros. No obstante, según el Ayuntamiento, la propuesta que ha hecho el Estado «no recoge los términos en los que se había negociado», ya que este «no tiene presente que debe cederse la infraestructura en un buen estado». Así lo detalla el concejal de Territori, Xavier Puig, quien argumenta que es un elemento «básico», que «siempre ha estado encima de la mesa». «No es una condición nueva que ahora nos hemos sacado del bolsillo, no pueden transferirte una infraestructura tan grande si no está bien conservada y esto es una cosa que nosotros ya habíamos dicho en todas la reuniones y que debe plasmarse en cualquier documento que se firme», apunta.
«La cesión de carreteras al final son unas inversiones a cambio de que la ciudad se quede con un gasto ordinario muy importante para su mantenimiento futuro. Nadie nos regala nada», apunta el tercer teniente de alcalde. En total, la parte que todavía quedaba por traspasar son unos 20 kilómetros, entre los que se incluye la N-340, la T-11 y el último tramo de la N-240. «No pueden transferirnos unas carreteras que no tengan una pavimentación o unas farolas en un óptimo estado», indica Puig.
El cálculo para la inversión para esta puesta a punto no se ha hecho. No obstante, hay algunos tramos, como la carretera del Tanatori, que es muy evidente que llevan muchos años abandonados y con una conservación deficitaria. Para la administración local, esto constituye un «inconveniente» ya que supone que deberá se la ciudad la que asuma su mantenimiento futuro.
Puig expone que «es una cuestión que nuestros técnicos habían reiterado mucho porque es muy importante, ya que no tendría sentido asumir una cosa que implique empezar a hacer inversiones a corto plazo porque ya estaban en malas condiciones». Asimismo, expone que tanto el mantenimiento de la calzada, como la necesidad de seguridad, iluminación y responsabilidad en caso de accidente son superiores cuando se trata de una vía urbana.
El Ayuntamiento no lo ve con buenos ojos e Intervenció tampoco. De momento, este organismo no ha hecho un informe en el que se pronuncie sobre al respecto. No obstante, se ha hecho una primera consulta para valorar si la compensación es «justa» y «equilibrada», y el hecho de que el convenio no incluya este «matiz», que se ha considerado como «muy relevante», hace que ahora la propuesta no sea viable.
El Ayuntamiento afirma que la predisposición en firmar el convenio «es total» y que «si se mantienen los términos en los que se había hablado, el acuerdo sigue adelante». De lo contrario, abre la puerta a renegociar los términos de este traspaso con «otras soluciones». «De haberlas, haylas», indica Puig, quien considera que «a lo mejor no hace falta hacer la cesión de todo el paquete, ya que tiene que equilibrarse y, al fin y al cabo, las inversiones se hacen en la N-340 y en el Pont del Francolí».
La inversión para el traspaso de carreteras la sufraga el Estado, a través de los fondos europeos Next Generation, ya que mejora la sostenibilidad y la nueva movilidad