El Estado, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), y el Ayuntamiento de Tarragona están ultimando el acuerdo para la cesión de los tramos de carreteras nacionales que discurren por la trama urbana a la administración local. Así lo confirmó la titular de esta cartera, Raquel Sánchez, quien en una entrevista con este rotativo, tras visitar las obras del Coll de Lilla, afirmó que «estamos perfilando los detalles» de este traspaso.
Según lo previsto, el acuerdo podría darse a conocer en las próximas semanas, cuando ambas partes se reunirán para acabar de cerrar los términos de la cesión y presentar el detalle de los proyectos que el ministerio promoverá como contraprestación. Es el caso de la habilitación del carril bici desde la última rotonda de la Via Augusta hasta Altafulla; la ampliación del puente del Francolí, con una plataforma para ciclistas y peatones; y la instalación de pantallas acústicas en la A-7, en el ámbito del Francolí.
Sánchez confirmó que «estamos trabajando con el Ayuntamiento para poder definir estos proyectos de humanización en absoluta sintonía». El documento está redactado por parte de la Dirección General de Carreteras en Tarragona y la administración local ha podido introducir sus observaciones en esta fase inicial. Ahora tan solo falta el ‘ok’ definitivo de las partes antes de que se abra el periodo de exposición pública, previo al inicio del proceso de licitación.
La responsable estatal de infraestructuras subraya que esta «es la mayor actuación en este sentido que se está haciendo en Catalunya». Según los cálculos incluidos en el proyecto, el presupuesto de licitación asciende a 5.129.911,07 euros, a los que hay que añadir otros 1.077.281,33 euros correspondientes al 21% de IVA. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá unos 17 kilómetros de carreteras de competencia estatal, y en adelante tendrá que hacerse cargo de su conservación y mantenimiento.
Sánchez especificó que «la humanización de estas vías forma parte de una línea específica de los fondos europeos». Esto facilitará que cuando esté acabada toda la tramitación administrativa ya puedan iniciarse las obras, «sin olvidar que también hay un plazo, que es el 2026 como máximo», añade la ministra. Y esto significa que el Gobierno estatal tiene hasta el 31 de diciembre de 2025 para que las obras estén acabadas.
El nuevo carril bici de Llevant, que enlazará Tarragona con el límite de Altafulla, es uno de los proyectos que se incluyó en el acuerdo. Se trata de una infraestructura que en su conjunto tendrá unos once kilómetros de recorrido, que principalmente discurrirán de forma paralela al trazado de la N-340.
La habilitación de esta plataforma comportará que se desplacen los ejes de la carretera nacional, que ahora tienen dos carriles de 3,5 metros de ancho y un arcén de 1,5 metros a cada lado. Según el proyecto, los coches se moverán un metro hacia el costado izquierdo, de forma que manteniendo el ancho de los carriles quedará espacio por la derecha para la habilitación de este espacio para peatones y bicicletas. Esta plataforma tendrá un carril de hasta 2,5 metros para la movilidad sostenible y otro de paralelo de 1,5 para peatones, mientras que en los tramos más estrechos este vial será compartido.
En cuanto a la ampliación del puente del Francolí, se incorporará un ala de 3,75 metros de ancho, de forma que podrá habilitarse un espacio para los peatones y bicicletas, que permitirá dar continuidad al carril bici desde el centro a los barrios de Ponent. La actuación también contempla la ampliación de las aceras existentes, en los tramos contiguos al puente, para poder dar continuidad al bici-carril.
La tercera de las actuaciones hace referencia a la instalación de pantallas acústicas en el tramo de la A-7 entre la zona del Francolí y la Avinguda Catalunya, aproximadamente. Se trata de un ámbito de un kilómetro de longitud, en el que se instalará un sistema de contención del ruido en ambos márgenes de la carretera.
