El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que esta semana iniciaban su fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, contemplan una partida de 5,5 millones de euros para el traspaso del segundo paquete de carreteras a la administración local y su transformación urbana, favoreciendo la movilidad sostenible. En concreto, esta suma de dinero financiará la construcción de un carril bici sobre la N-340 desde el final de la Via Augusta a Altafulla y la ampliación del puente del Francolí, con una nueva plataforma para bicicletas y viandantes.
Ambos proyectos forman parte del acuerdo alcanzado a inicios del mes de mayo entre la administración general del Estado y el Ayuntamiento de Tarragona. Este acuerdo verbal se ha visto traducido ahora en la consignación de una partida en los presupuestos de cara al año que viene, que debe permitir llevar a cabo su ejecución a corto plazo.
El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté, pone en valor que «es la inversión que se hace en travesías urbanas más importante de Catalunya». Sabaté recuerda que «antes sí que era obligado que la administración superior, tanto la Generalitat como el Estado, cuando transferían una carretera tenía que adecuarse y dejarse en perfecto estado de revista». Sin embargo, esto cambió por ley y ahora estas operaciones no comportan una compensación económica, por lo que ambas administraciones han accedido a una contraprestación a modo de mejoras de cara a los usuarios.
Desde la delegación de Carreteras en Tarragona ya se está trabajando en la redacción de los proyectos y se prevé que a lo largo del mes de diciembre podrá conocerse un primer borrador. A partir de aquí, tendrá que pactarse con el Ayuntamiento para que las obras puedan iniciarse.
En cuanto a la ampliación del puente del Francolí, se trata de una actuación que afecta el tramo final de la Avinguda de Roma hasta los barrios de Ponent. El objetivo es poder acondicionar un espacio seguro para bicicletas y patinetes, abriendo la posibilidad de reordenar las aceras para los viandantes, para ganar seguridad. Los técnicos deberán determinar si la opción más viable pasa por ensanchar la infraestructura actual o se opta por habilitar un puente anexo, para uso exclusivo para los vehículos de movilidad sostenible.
Nueve kilómetros
En cuanto a la segunda inversión asociada a este traspaso está el carril bici de Llevant, un proyecto que debe permitir la transformación urbana de la actual N-340 desde la rotonda final de la Via Augusta, hasta Altafulla, pasando por La Móra. Esta infraestructura está presupuestada en unos 3,5 millones de euros y su acondicionamiento pasa por aprovechar la misma calzada, dándole un carácter más urbano, repintando las líneas, eliminando los arcenes y reduciendo la dimensión de los carriles, además de la velocidad de circulación de los vehículos.
Se trata de un trazado de unos nueve kilómetros de longitud, que favorecerá esta movilidad sostenible con los barrios de Llevant y los campings.
La administración central será la encargada de ejecutar ambos proyectos y a partir de ahí se formalizará el traspaso de ambas vías al Ayuntamiento. De hecho, esta misma semana se producían cambios al respecto. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó el miércoles una nueva orden que afecta a los acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal. Según esta, las cesiones de carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado se hará de tal manera que estos traspaso podrán realizarse en tramos que hayan adquirido la condición de vía urbana. De esta forma, se establece que sea el Ministerio «el que contrate la ejecución de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de los tramos a ceder, así como también las necesarias para su nueva función como vías urbanas, desarrollando e implantando las soluciones de movilidad urbana más sostenibles técnica, económica y ambientalmente». Dichas actuaciones se definirán en el proyecto de construcción, a redactar por la Dirección General de Carreteras, sobre el que se basará el acuerdo entre el Mitma y el ayuntamiento por el que éste asumirá la titularidad de la vía urbana, sujeto a la condición suspensiva de que la administración general del Estado reciba de conformidad las obras realizadas.
El cambio, según el ministerio, viene motivado «por las nuevas orientaciones y políticas europeas de movilidad sostenible segura y sostenible». Y, al respecto, se informa que no se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se base «en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales y similares».
Sabaté concluye que «se había hecho un primer traspaso de aquellas vías que no necesitaban ninguna mejora y este segundo paquete es el que se ha estado negociando durante más tiempo para ver las obras de adecuación». A partir de ahí, ambas administraciones deberán firmar un convenio para la formalización del cambio de titularidad del resto de vías que en total suman 17 kilómetros.