La parálisis y el bloqueo en el que está inmerso el nuevo contrato de la basura de Tarragona tras la descalificación de la ganadora, GBI Paprec, provoca que, de momento, se frene la inversión prevista de más de 20 millones de euros en nueva maquinaria en camiones más modernos, vehículos eléctricos, contenedores o nuevas compactadoras.
A día de hoy, la empresa FCC es la que sigue encargándose del mayor servicio municipal, después de ganar el concurso en el año 2002 y obtener una prórroga en 2010.
Sin embargo, se da la circunstancia de que su contrato está caducado desde abril de 2023 –hace 14 meses–, por lo que actualmente está ofreciendo la concesión en la modalidad de «continuidad», lo que provoca que, por ejemplo, no pueda adquirir nueva maquinaria para mejorar el servicio y que, por ello, siga usando la que tiene en funcionamiento desde hace años, que es de 2010 y, algunos vehículos, del 2019, que fueron adquirida directamente por el Ayuntamiento.
En 2021, los técnicos municipales señalaron que había 81 vehículos «con la vida útil agotada»
De hecho, en un peritaje realizado a finales del 2021 que forma parte del anexo de los concursos públicos realizados entre 2022 y 2024, los técnicos municipales detallaron la existencia de 81 vehículos que forman parte de la flota que ya tenían «la vida útil agotada». Según las fuentes consultadas, la vida media de un camión o furgoneta del servicio de la basura o de la limpieza es de diez años, o de ocho si es eléctrico.
La ganadora avanza la inversión
¿Por qué la empresa gestora del servicio no compra ahora nueva maquinaria? Según el pliego de condiciones del concurso, la inversión necesaria para llevar a cabo el servicio la realiza la empresa adjudicataria, tras formalizar el contrato. Posteriormente, la gestora la cobra a lo largo de la concesión por parte del Ayuntamiento, a un interés fijo del 4,5%, según se estableció en la licitación del 2023.
En la estructura de costes aprobada por el pleno municipal se prevé un pago anual de 2,5 millones de euros a la firma gestora, en base a la amortización del préstamo y los intereses de la compra.
Sin embargo, se da el caso de que FCC, al estar ahora mismo fuera de habilitación administrativa en vigor, no cobraría la parte contractual correspondiente a la inversión por parte del Consistorio, por lo que tampoco realiza ningún gasto para adquirir nueva maquinaria.
Asimismo, se da la circunstancia de que todavía no se ha formalizado el relevo con el vencedor del concurso, ya que GBI Paprec ha sido excluida del proceso por parte del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, a raíz de un recurso presentado por la segunda clasificada: Urbaser. Ahora la gran duda será si el contrato –de 233 millones de euros para los próximos diez años– se adjudicará a la segunda más puntuada en la licitación o si, en cambio, se abrirá un nuevo concurso.
La actual gestora tiene la concesión caducada sin que se haya formalizado la nueva concesión
En este sentido, cualquiera de las dos opciones puede tener sus complejidades. Si se opta por adjudicar a Urbaser, es seguro que FCC presentará un nuevo recurso ante el tribunal administrativo, lo que podría derivar en otro laberinto de consecuencias imprevisibles, mientras que reiniciar el proceso significará poner el contador a cero.
«Averías constantes»
Actualmente, pues, el servicio de la basura se encuentra en medio de un galimatías jurídico-administrativo que provoca que, en estos momentos, la ciudad de Tarragona no pueda modernizar un parque móvil muy envejecido, con muchos vehículos que ya han superado el plazo de tiempo por el que fueron adquiridos. Según fuentes municipales, esto provoca que «sufran averías constantes» y que, por ello, «muchos días no puedan realizar el servicio». Además, estos desperfectos «suponen un sobrecoste para garantizar el servicio», explican las mismas fuentes.
Por ello, la propuesta que el consistorio incluyó en la subasta para actualizar el contrato incluyó la adquisición de un mínimo de 65 vehículos y contenedores, por un montante global de más de 20 millones de euros. Entre otras cuestiones, se planteó la inversión en 20 camiones de diferentes funcionalidades relacionadas con la recogida de residuos; otros 15 vehículos auxiliares para las papeleras y el «desbordamiento»; unos 20 equipos relacionados con la limpieza, como barredora, fregadoras, aclaradoras; diez vehículos más para inspección y la limpieza de las playas y de los solares; así como la renovación de todos los contenedores antiguos, además de la adquisición de tarjetas para el cierre de estas instalaciones.
¿Y la ayuda europea?
Otra de las vertientes que está a expensas del nuevo contrato es la parte correspondiente a la subvención de los Fondos Next Generation. Según ha informado el consistorio en varias ocasiones, la futura contrata incorporará una partida de 500.000 euros de fondos europeos para «mejorar la recogida selectiva y la valorización material». Este medio millón está previsto destinarlo para el cierre de contenedores, así como por la recogida puerta a puerta, unas acciones que ahora están en el aire por el bloqueo de un proceso que parece maldito.