Joan Oya Alcalá asegura que él y su familia han vivido una auténtica «pesadilla» en los últimos doce años. Ahora tan solo les queda ver como las máquinas ultiman el derribo de lo que queda de la casa que se construyeron en la parcela 253 de la zona de Viladegats, más conocido como Terres Cavades, y que les ha supuesto un auténtico periplo entre abogados y tribunales. Al final, se han quedado sin su vivienda y con la sensación de «injusticia». «Al final todo el mundo se ha lavado las manos y nos hemos sentido abandonados por todas partes», afirma la familia.
Para entender la situación hay que retroceder al año 2008. Oya había comprado una parcela de unos 3.000 metros cuadrados en una zona próxima a la carretera de El Pont d’Armentera, desde la que se accede al Camí de Terres Cavades. Según el plan general de ordenación urbana de Tarragona eran unos terrenos que tenía una calificación de uso residencial sobre suelo no urbanizable. Pese a ello, en esta misma zona ya había otras parcelas construidas y que estaban habitadas.
Oya hizo lo mismo que habían hecho sus vecinos y que durante muchos años hicieron los propietarios de muchos terrenos en urbanizaciones de toda Catalunya, «hice el proyecto y empecé a construir sin permiso de obras». Esto, según explica, hizo que entrara en una dinámica de relaciones con uno de los vecinos que acabó en los tribunales. «Primero me dijo que ya que hacía las obras si le podía arreglar una rampa y una escalera y lo hice, pero cuando estábamos con la cubierta directamente me pidió dinero y me dijo que si no le pagaba me denunciaría porque no tenía permiso de obras. Me estaba haciendo chantaje», explica.
Oya dice que posteriormente recibió la visita de un técnico municipal. «Me dijo que sabía que era ilegal y que me buscara un abogado, pero no pararon la obra y me dijeron que podía continuar».
Meses más tarde, cuando la vivienda ya estaba acabada, su propietario recibió una carta en el que se le informaba de que había sido sancionado con una multa de 13.500 euros y que «tenía que derribar la casa». La decisión se adoptó en la Junta de Govern del 22 de junio de 2009 y posteriormente fue comunicada al afectado, que decidió interponer un recurso de reposición que en fecha del 14 de agosto de 2014 fue desestimado. Frente a esta resolución, interpuso un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona.
Finalmente, en abril de 2016 el juzgado dictó sentencia y volvía a desestimarse la demanda y, en consecuencia, se informaba al propietario que debía seguirse adelante con la orden de derribo.
Joan Oya no se rindió e interpuso un nuevo recurso, en este caso, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que fue desestimado de nuevo. Ante tales resoluciones, y después de que el departamento de disciplina urbanística y sanciones del Ayuntamiento de Tarragona hubiera requerido en diversas ocasiones ratificar la orden de derribo, finalmente el afectado decidió «acatar» el dictamen y se veía obligado a redactar un nuevo proyecto, en este caso para la demolición.
«Aquí estamos todos igual, incluso pagué más de 7.000 euros para el catastro, que lo declaró vivienda habitable, y he estado pagando todos los impuestos municipales durante todo este tiempo. En la Plaça de la Font me dicen que todo está legal, en cambio urbanismo dice que hay una denuncia y en su momento ellos no hicieron nada para parar la obra», argumenta este afectado.
Al final, este vecino ha decidido cumplir con la sentencia. Lo ha hecho cuando aún no ha recibido ninguna contestación por parte de Fiscalía, que es la última carta que decidió jugar. «Llevamos muchos años de guerra y esto nos ha supuesto muchos problemas», lamenta.
El Ayuntamiento de Tarragona, por su parte, defiende que el derribo de la vivienda responde a una sentencia judicial «firme». Asimismo, expone que «el pago de los impuestos no exime del cumplimiento del orden de restauración de una vivienda que se construyó ilegalmente sin licencia y que es manifiestamente ilegalizable».
Pese a ello, la familia afectada denuncia que esta situación constituye «un trato discriminatorio contra los ciudadanos» ya que en el mismo polígono 5 «hay un montón de viviendas que no han sido legalizadas, sobre las cuales no se ha iniciado ningún expediente de legalidad urbanística».
