Desesperadas. Así es como se sienten Mar Carabaza, Lucía Linares, Amalaia Carballo, Maite González y Cecilia Rodríguez. Las cinco trabajadoras que se encargan de limpiar y mantener en buen estado la sede de Capitanía Marítima de Tarragona aseguran que llevan dos meses sin cobrar.
En diciembre de 2021, el Estado adjudicó el servicio de la limpieza del edificio a la empresa ‘Do Not Look Back S.L.’, de la cual forman parte. «Hemos tenido problemas con la compañía desde el primer día porque nos pagan cuando quieren y aún nos deben la paga de beneficios», comentan las afectadas.
Además, explican que en varias ocasiones han intentado ponerse en contacto con la empresa, pero esta no responde nunca ni sus correos ni sus llamadas. «Es una empresa que no conoce ni el centro ni el personal que está trabajando», añaden. Las afectadas ya han denunciado a la compañía y han hecho conocer la situación a Inspección de Trabajo, la cual ya ha puesto una sanción.
Desde la Subdelegación del Gobierno Central se asegura que se trata de un conflicto laboral entre las trabajadoras y ‘Do Not Look Back S.L’. Aun así, la Subdelegación lo ha puesto en conocimiento del ministerio para encontrar una solución.
Las cinco trabajadoras llevan tiempo en el sector de la limpieza. Hace diez años vivieron una situación similar con otra empresa totalmente diferente. «Trabajamos trece meses y solo cobramos el FOGASA. Por eso, tenemos claro que una situación como la de entonces no la queremos volver aceptar», explica Carballo.
Lo cierto es que esta situación les está quitando muchas horas de sueño y las está llevando al límite. «Tres de nosotras estamos solas, no nos entra ninguna otra paga. O cobramos o no comemos, no pagamos, nos cortan la luz o el agua. La situación es insostenible y ya ha llegado el momento que, psicológicamente, estamos agotadas. Estamos hablando de derechos básicos y parece que estemos pidiendo limosna», comentan.
Más afectadas
Aunque las afectadas aseguran que el contrato finaliza el 30 de noviembre y que desde Capitanía Marítima ya han mostrado su preocupación alrededor del tema y les han confirmado que el Estado «no prorrogará» el contrato a la empresa actual, lo cierto es que no quieren prolongar esta situación. Y no son las únicas. Estas explican que no son solamente ellas las que se encuentran afectadas.
«Estamos en contacto con dos compañeras que trabajan en la Unidad de Carreteras de Lleida y nos han comentado que están pasando por lo mismo. De hecho, han enviado un burofax a la empresa», comenta Linares. Por ello, las afectadas buscan encontrar una solución lo más rápido posible a través del diálogo y que la compañía les pague el salario que les corresponde.
