Desde hace unas semanas, las empresas antiokupación se han situado en la parrilla mediática y en la agenda política. Mari Carmen Ventura, una vecina que vive de alquiler en un barrio de la ciudad de Tarragona, ha denunciado ante los Mossos d’Esquadra a una empresa de este tipo por presuntas coacciones. Según la propietaria del inmueble, «la empresa contratada tiene un papel negociador; estos inquilinos no pagan el alquiler desde hace muchísimos meses, y no es que no puedan, es que no quieren, porque dinero tienen».
Todo comenzó hace más de un año, el 28 de febrero de 2022, cuando Mari Carmen alquiló el domicilio con un contrato de un año renovable a cuatro. Los primeros meses, según su versión, transcurrieron sin problemática alguna, hasta septiembre: «Llegó un momento en el que no pude pagar el alquiler, aunque al final acabé haciéndolo; tarde, pero lo hice», narra.
«En octubre y en noviembre, tampoco pude pagar; previamente, yo se lo había comunicado todo a la propietaria y me había dicho que no me preocupara», añade. No obstante, Ventura denuncia que, en el mismo mes de octubre, la propietaria ya había iniciado los trámites de una demanda judicial para ejecutar el desahucio.
La versión de la propiedad del inmueble difiere en algunos puntos: «No están en un piso, están en un chalet de lujo, podrían vivir en un piso pagando y no lo hacen porque no les da la gana». «En agosto, les envié un burofax con una deuda de 2.455 euros porque en los meses anteriores no habían pagado, abonaron 3.000 euros en septiembre [2.000 de la deuda y 1.000 del alquiler del mes] y, a partir de octubre, hasta hoy, ya no han vuelto a pagar y, ahora mismo, la deuda que tienen conmigo es de 8.455 euros, les he dado diferentes oportunidades, pero es que yo dependo de ese alquiler», añade. Según el contrato, el inmueble es un «chalet adosado».
La historia fue retorciéndose: «El 13 de noviembre, vino, por primera vez, una empresa antiokupación a preguntarnos que cuándo íbamos a marcharnos, yo no sabía quiénes eran porque, en un inicio, no leí que lo llevaban escrito en la ropa, llegué a pensar que eran de la policía secreta, pero me comunicaron que los había contratado la propietaria», según la versión de Ventura. «Yo les manifesté que estaba buscando casa, pero que en ese momento no podía marcharme porque se acercaba la época navideña y, además, no encontraba nada; tengo a mi madre conmigo, que tiene 93 años y necesita de cuidados especiales», añade.
La propietaria confirma que contrató a una empresa «para que negociara la marcha de los inquilinos, les buscaron diferentes pisos que sí que podían pagar y ellos no quisieron; si no fuesen negociadores, estoy segura de que las personas que residen en la casa ya no estarían allí, no se van porque viven de puta madre», apunta.
A principios del mes de diciembre, según la inquilina, volvió a producirse una visita por parte de la empresa en cuestión. Explica que el contenido de la conversación fue similar al del primer encuentro: «Volvieron a preguntarnos que cuándo nos íbamos a ir, y yo les volví a repetir lo mismo, que en cuanto me saliera una casa, yo me iría», recuerda.
El conflicto se agravó
El primer altercado se produjo en enero de 2023: «Una mañana, me picó la vecina a casa y me dijo que me asomara al balcón, resulta que nos destrozaron el coche: rompieron retrovisores, cristales...». Ventura explica que conserva fotografías de los daños, pese a que no vio propiamente quién realizó el acto: «Tengo motivos para pensar que fue esta empresa», opina. Dice que, en febrero, volvieron: «Nos pincharon las ruedas; posteriormente, intentamos esconder el coche, pero nos las volvieron a rajar; hace poco, nos pusieron cola en la cerradura para que no pudiéramos entrar en casa...». La Asociación de Vecinos expresa que no le ha llegado ninguna información sobre estos incidentes.
La narración prosigue: «El 16 de marzo, entré en casa y no había luz, pensé que se había ido, pero tampoco salía agua, nos la cortaron, yo salí a la calle y vi a dos personas de la empresa con los contadores en la mano».
La propietaria, no obstante, manifiesta que las facturas del agua siguen llegando: «Hay un total de 516 euros sin pagar, no sé cómo es que supuestamente no tengan agua ni luz y sigan llegando las facturas». El Diari ha tenido acceso a las facturas de Ematsa y a dos requerimientos de pago efectuados por la empresa de suministro de luz, en enero y marzo de 2023, que advierte de un eventual corte si no se cubre la deuda.
El capítulo más complejo llegó, presuntamente, hace unas cuatro semanas: «Volvieron a venir, me agredieron, me tocaron los pechos, me escupieron en la cara y me pegaron patadas». Ventura comenta que ha puesto diversas denuncias. El Diari ha tenido acceso a una de ellas, del 25 de abril.
Supuestamente, el día 28 se desplazó al Hospital Joan XXIII. El parte médico señala hematomas y contusiones. Por su parte, según las diligencias policiales, se refleja una conversación en la que el emisor, presuntamente de la empresa, dice lo siguiente: «En unos días llegan unos kosovares de mi país y vais a flipar».
Ventura también expone que va a los servicios sociales a cargar los teléfonos móviles. Preguntados por esta cuestión, desde Serveis Socials explican que, pese a que no tienen datos personales, sí que han ofrecido soporte a una persona con estas características.
El pasado 17 de mayo, se produjo el último incidente. La versión de la vecina es que la empresa fue al domicilio a intimidarla «y aporrearon la puerta del garaje durante un largo período de tiempo».
Explican que llamaron a los Mossos, pero cuando la empresa ya se había marchado, algo que el cuerpo de policía corrobora: «Se les aconsejó que hicieran fotografías y que lo denunciaran en comisaría», indican. La propietaria expresa que «todo esto es extraño; si la empresa realmente fuera así, este conflicto no se habría alargado durante tanto tiempo; ¿por qué siguen ahí, pues?».
Según el abogado y experto inmobiliario, Manuel Sosa, «al primer mes de impago ya te pueden demandar, aunque lo recomendable es esperar; este tipo de empresas son legales porque su fin social, el de la mediación, es legal, aunque, en ocasiones, utilicen métodos que rozan la legalidad». Acuña el concepto de «inquiokupas», una fórmula a través del cual se entra a un piso de forma legal para luego dejar de pagar.
La situación entre los inquilinos y la propiedad del inmueble se resolverá, en principio, con un juicio en los próximos meses.