Respaldo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet a las aproximadamente 30 familias amenazadas con ser desahuciadas de sus domicilios, situados en tres bloques de la calle Mina de Madró.
En su día alquilaron la vivienda a una sociedad cuando esta ya no era la propietaria de los edificios –ellos no lo sabían– sino que habían pasado a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA). La sorpresa ha sido cuando les han llegado notificaciones del Juzgado conforme les iban a echar de sus viviendas el próximo 28 de noviembre.
A principios de este siglo, una constructora comenzó a levantar tres bloques en los número 2, 4 y 6 de la calle Mina de Madró. Algunos de los inquilinos compraron la vivienda y otros los alquilaron. Eran los años 2012 y 2013. Los que estaban de alquiler firmaron diferentes prórrogas. En marzo de 2021, el administrador comunicó a los que estaban de alquiler que no debían pagar la cuota porque los pisos habían pasado a manos de Sareb. Y aquí se quedó todo.
En mayo de 2021 fueron citados al Juzgados supuestamente para presentar documentación, lo que parecía una cuestión de trámite. Pero este año han recibido las citaciones para desahucio, a pesar de que cinco familias habían firmado contratos de alquiler con una empresa subcontratada por la propia Sareb.
La moción
La moción, aprobada en el pleno de este jueves, señala que esta situación ha originado «un problema social», a la vez que recordaba que las familias no es que están por una ocupación ilegal sino tras haber firmado un «contrato de buena fe». Por ello, desde el Ayuntamiento se insta a la Sareb a encontrar un solución negociada, a la que en su día accedió «y que no ha cumplido», una situación que desde el Consistorio consideran «injusta e impropia de una sociedad estatal».
Por ello, la moción, además de mostrar su apoyo a los vecinos, insta a la Sareb a negociar una solución para ofrecer alquiler o venta de los pisos. También se pide a las instituciones que tienen competencias en materia de vivienda –Generalitat y Gobierno central– para que adopten las medidas pertinentes y fuercen una negociación. Asimismo, se solicita a la Sareb que pida al Juzgado la anulación de las órdenes de desahucio. La moción se ha enviado a los administraciones autonómica y estatal, a la Sareb y a los grupos políticos del Parlament de Catalunya.
No a las cláusulas abusivas
Los vecinos están dispuestos a pagar un alquiler, siempre y cuando no contenga cláusulas abusivas, como ha pasado con las cinco familias que han firmado. Desde hace unas semanas, y con la ayuda del Sindicat de l’Habitatge de Reus, están intentando una negociación colectiva porque creen que todos juntos tienen más fuerza. Algunas familias ya se han marchado de los bloques por miedo y ahora quedan unas 29 que siguen residiendo, aunque algunas también se plantean irse a otro sitio. El Juzgado sí que ha suspendido dos procedimientos de desahucio por vulnerabilidad.
Mientras, las tres empresas mediadoras contratadas por Sareb pasan día si y día no por los pisos para recordar el desahucio.
Si la Sareb no da marcha atrás, las familias tienen hasta el 28 de noviembre para irse de sus casas
