«Nosotros somos los sanitarios de las empresas», resume Luis Lobaco, gerente de RMB Assessors, oficina dedicada a cuestiones fiscales, laborales y contables. El despacho bulle estos días, a pesar de que hay poca gente en él porque la mayoría teletrabaja. «El volumen de actividad se nos ha incrementado exponencialmente», explica Lobaco.
Asesores fiscales y laborales, graduados sociales, gestores y algunos abogados laboralistas y de empresa se emplean a destajo estos días al auxilio de las compañías: orientan a pymes y autónomos todavía en shock, tramitan ERTE, ayudas y moratorias de pago. Escudriñan cada rincón del BOE para aferrarse a normas cambiantes de un día para otro e intentar socorrer así a las empresas que peor lo están pasando, también a la hora de encarar el inminente calendario fiscal.
De paso, algunos abogados tarraconenses perciben ya prácticas irregulares o abusos, que van del exceso de teletrabajo a métodos como hacer cogerse a los empleados vacaciones en lugar de aplicar un ERTE o, incluso, acometer una regulación de empleo temporal mientras la plantilla sigue trabajando.
La adaptación de las asesorías ha sido exprés. «Hemos tenido que interpretar normativas sobre la marcha y en muy poco tiempo, y sin experiencia previa, porque es una situación nueva para todos. Las asesorías han estado colapsadas y sin un marco jurídico claro y con la autoridad laboral también saturadísima», cuenta Lobaco, testimonio de primera mano de cómo la Covid-19 ha puesto patas arriba todo el derecho laboral.
En estas oficinas se tramitan prestaciones por cese de actividad de los autónomos, ayudas o los préstamos ICO, un recurso para aliviar a empresas en estos momentos de súbita crisis. «En muchos casos tenemos que preparar la información contable porque el banco se la pide a la empresa. A todo esto, a fecha de hoy Hacienda mantiene los plazos para la renta, así que todo se acumula», añade Lobaco.
Tramitar ayudas
El nivel de frenesí es generalizado. «Hemos tramitado bajas de autónomos, además de ERTE o ayudas diferentes. Ha sido caótico porque nos hemos encontrado también con la administración pública cerrada y muchas veces no te cogían el teléfono. Lo que era blanco un día era negro al otro», comenta Javier Pérez, gerente de la asesoría Pérez Tarracogest. «Hay muchísima más actividad», corroboran desde el despacho Tarraco Assessors.
Lluís Espuis, asesor fiscal gerente de Gestalia, también confirma la dinámica: «Ha sido un poco de locos, sobre todo por el componente de incertidumbre que había. Hemos tenido que gestionar la situación de pymes y muchos autónomos que desde el principio se vieron obligados a cerrar».
Robert Gutiérrez, asesor laboral en la editorial jurídica LeFebvre, se ha responsabilizado de publicar boletines con artículos en clave didáctica para sus clientes: «Me encargo de transmitir de una manera muy práctica cómo funcionan las prestaciones, los incentivos para autónomos, los aplazamientos de cotizaciones y todo lo relacionado con el derecho laboral».
Los letrados también se han topado, en algunos casos, con «un aumento exponencial», como reconoce Víctor Canalda, abogado laboralista de Tarragona y profesor de Derecho en la UOC. «Cuando empezaron a implementarse las medidas legales de restricción de la actividad las consultas se dispararon, sobre todo de empresas para realizar los ERTE», explica Canalda.
No solo preguntan por la suspensión de contratos sino también por cuestiones como distribuciones irregulares de la jornada o emplear las vacaciones para pagar a los trabajadores sin que prestaran servicios, algo no permitido. «Nos consultan sobre si se puede despedir por causa de la Covid-19. También hemos tenido consultas de trabajadores en relación al abuso de estas medidas», cuenta Canalda, que tras encarrilar las formas de tramitar los ERTE se enfrenta ahora a otra casuística derivada de la situación: «El trabajo como laboralista está siendo a día de hoy para impugnar medidas que se han tomado ilegalmente, sobre todo despidos, y en cuanto a la falta de seguridad laboral en las empresas».
Canalda también ha recibido encargos en relación a abusos con el teletrabajo, modificación de condiciones sin las garantías legales, denegación de prestación de desempleo a despedidos en periodo de prueba y falsos autónomos que se encuentran desprotegidos por culpa de su irregular situación.
Un trato personalizado
Jerónimo Martín, de Abogados Parareda, un bufete en la Rambla Nova de Tarragona, ha asistido también en procesos de expedientes regulares temporales: «Sobre todo es un trabajo más de gestorías, pero hay empresas que van a despachos porque quieren un trato más personalizado, y hay que hacer una memoria para determinar si va a prosperar o no tu pretensión».
Entre otros casos, hay empresas que están obligando al empleado a ir a trabajar a pesar de haber presentado un expediente regulador. «Piratas siempre hay, o empresas que no hacen las cosas bien. El despido objetivo por el tema del coronavirus está prohibido pero las empresas buscan planes B, como no superar el periodo de prueba», aporta Jerónimo Martín.
El abogado tarraconense Joaquín Parareda, además de aventurar un escenario de saturación en los juzgados, remarca que «hay empresas que han hecho despidos sabiendo que son improcedentes para no tener que hacer ni ERE ni ERTE, lo que les obliga a demostrar más cosas, y en el caso de la regulación temporal les fuerza a mantener la plantilla durante seis meses una vez se acabe el estado de alarma».
«Hay despidos en los que se admite que la causa es el coronavirus. Eso está prohibido, pero la empresa reconoce la improcedencia porque le conviene más eso, generalmente con aquellos empleados de poca antigüedad», indica Canalda, que enumera otras prácticas que, como letrado, está tramitando para emprender un próximo proceso judicial: «Se están produciendo abusos de teletrabajo. Existe la necesidad de seguir controlando el horario y, en algunos casos no se hace. Tampoco se puede hacer coger vacaciones para no hacer un ERTE ni aplicarlo y después trabajar a tus empleados desde casa, que es algo que estamos viendo».
«Medidas dudosas»
Ante esta casuística, Canalda pronostica un «incremento de la litigiosidad por las medidas que bastantes empresas han tenido que tomar atropelladamente y de forma dudosa, lo cual ha creado perjuicios para los trabajadores».
Canalda añade que «debido a la excepcional situación y la premura se han gestionado con muy baja seguridad jurídica. Es muy posible, igualmente, que de aquí a final de año el SEPE exija la devolución de las prestaciones de desempleo a las empresas que no hayan podido cumplir la cláusula de mantenimiento de empleo, lo que supondrá mayores índices de asuntos contenciosos». De entrada, algunos actos de conciliación se están aplazando hasta junio. «Es una muestra de que nos preparamos para un colapso judicial cuando esto pase», dice Canalda.
Los sindicatos denunciaron hace semanas que una parte importante de los ERTE eran irregulares. CCOO estimaba que el 50% de las regulaciones de la industria del Camp de Tarragona eran fraudulentas. UGT afirmó ayer en un comunicado que «el 99% de los trabajadores fijos discontinuos de la provincia están condenados a la miseria». El sindicato denuncia que la tónica de la patronal del sector es «no incluir a los trabajadores fijos discontinuos en los ERTE, a pesar de saber que sus empleados están en una situación precaria». El sindicato exige a la patronal «actuar de manera honesta y responsable».
