Las obras de las gradas del Circ en la Plaça dels Sedassos acaban en los tribunales

A mediados del mes de junio del año pasado, el Ayuntamiento anunció la finalización de las obras de recuperación e integración urbanística de un tramo de las gradas del Circ Romà, en la Plaça dels Sedassos. De forma provisional se instaló una valla para evitar que la gente accediera al interior y se anunció que se pondrían cámaras de videovigilancia para evitar actos de incivismo. Han pasado once meses y el recinto sigue cerrado y con la situación de provisionalidad con la que se dejó el espacio. 
Según el Ayuntamiento de Tarragona, la intervención no ha finalizado y de momento ésta ya ha acabado en los tribunales. Algunas empresas subcontratadas por parte de la compañía adjudicataria Tecno Conrad SL, se han puesto en contacto con el Diari y aseguran que no han cobrado. Como mínimo son cuatro profesionales, que participaron con diferentes trabajos y que quieren mantener su anonimato por miedo a sufrir represalias. No obstante, han denunciado a la compañía, que ha tenido que acudir a los tribunales ante la denuncia de impago.

El litigio con estas empresas subcontratadas no es el único problema que debe afrontar la adjudicataria. El Ayuntamiento de Tarragona no ha retornado, por el momento, la fianza que depositó esta sociedad al hacerse cargo de la intervención, ya que considera que las obras no han finalizado, de acuerdo con el contrato que se firmó.

Si la empresa no los asume, los trabajos que faltan tendrán que licitarse de nuevo 

La obra, que se inició el 3 de marzo de 2017, partía de un presupuesto de licitación de 242.000 euros. Se sufragó en parte gracias a la aportación del Ministerio de Fomento, a través del programa del 1,5% Cultural. «Esto establece unos plazos rígidos que hay que justificar para recibir la subvención», explican los técnicos municipales. Este expediente ya se cerró y el Consistorio pudo cobrar la ayuda una vez recepcionada la obra, en junio de 2017. Sin embargo, ésta se hizo con siete meses de retraso respecto lo inicialmente previsto, teniendo en cuenta que era una intervención con un plazo de ejecución de seis meses.

Faltan detalles

En cambio, no se cerró el expediente definitivo del proyecto. «La dirección facultativa determinó que faltaban obras por ejecutar», apuntan estas mismas fuentes. Son detalles como los escalones intermedios para subir la grada, poner una capa de fijación en la parte del hierro, limpiar y lijar la madera, finalizar la instalación eléctrica, la recolocación del tótem que había junto a este conjunto Patrimonio de la Humanidad y la prueba de carga, entre otros aspectos.

A partir del informe de la dirección facultativa –que es externa a los servicios municipales–, el Ayuntamiento inició el procedimiento para «reclamar» a la compañía que finalizara la intervención. La empresa Tecno Conrad SL recibió la memoria con el conjunto de los déficits y pudo hacer alegaciones. «Básicamente viene a decir que asumieron cosas que no estaban establecidas, que les mandó la dirección facultativa», apuntan los técnicos. Pasado este periodo de alegaciones, los servicios de contratación del Ayuntamiento de Tarragona hicieron un requerimiento a la constructora para que terminara la obra de forma inmediata. Si no, el Consistorio lo asumiría, con cargo a la fianza que la compañía había depositado cuando se firmó el contrato.

Estos trabajos adicionales están valorados en 17.475 euros (más el 21% del IVA), mientras que la fianza depositada es de 20.000 euros.

Un largo procedimiento

El Ayuntamiento afirma que «hemos agotado todas las vías administrativas». Ahora, los servicios municipales están tramitando la resolución para comunicar a la empresa este ultimátum. Si ésta no responde, el secretario general firmará el acta para poder acceder a la obra, ya que hasta que ésta no se acabe definitivamente el espacio es «propiedad» del contratista. 

Con el acta firmada, el Consistorio deberá iniciar de nuevo la licitación de los trabajos que faltan, que se pagarán a cargo de la fianza. Con todo, no se descarta que las diferencias entre la compañía y el Ayuntamiento de Tarragona puedan acabar también en los juzgados, vía un recurso contencioso-administrativo.

La concejal de Patrimoni del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria, defiende que «a pesar de que quedan estos detalles, el objetivo volumétrico del proyecto se ha conseguido. Tan solo faltan acabar estas pequeñas cosas para poner en valor el espacio y la actuación que se ha llevado a cabo».

Floria critica que las obras en patrimonio no pueden adjudicarse bajo criterios económicos

Para la administración local, el problema de fondo es la ley de contratación del sector público. «No se prevé que cuando haces un contrato puedan tenerse en cuenta criterios más allá de los económicos, por lo que las empresas hacían propuestas muy rebajadas, a veces incluso de forma temeraria, para hacerse con la adjudicación y, en cambio, no se tenían en cuenta criterios como la experiencia», argumenta la sexta teniente de alcalde del consistorio tarraconense.

Un problema de fondo

Los aspectos cuantitativos han prevalecido por encima de los cuantitativos. Una situación que en algunos ámbitos, como es el del patrimonio, ya generado más de un problema. También en Reus se ha registrado un problema similar con la administración, que ha tenido que lidiar para solventar un caso con bastantes similitudes. Pese a ello, la nueva ley, que entró en vigor en marzo de 2018, ha tenido en cuenta algunos de estos aspectos, a instancias de las quejas que se habían producido.

Floria defiende que «en temas de patrimonio el criterio que debe prevalecer no puede ser el precio. Se necesita una especialización y esto representa un problema porque sino pasan cosas como ésta». 

En el perfil del contratante puede verse que, para la ejecución de este proyecto, se presentaron un total de doce ofertas. El presupuesto de licitación era de 200.000 euros sin IVA (242.000 sumándole el 21% correspondiente). 

El Grupo Tecno Conrad SL obtuvo la adjudicación del contrato el 23 de diciembre de 2016, y éste se publicaba el 13 de enero de 2017. En los motivos se apuntaba que la compañía había sido la «mejor clasificada». La oferta seleccionada contemplaba hacer la obra por un importe de 146.860 euros, cifra que sumándole los impuestos correspondientes ascendía a 177.700,60 euros, lo que significaba una rebaja de 64.299,4 euros respecto a lo inicialmente previsto.