La Audiencia de Tarragona revocó el pasado 28 de junio la prisión preventiva en la que permanecían desde hacía un mes los dos presuntos líderes de la empresa Antiokupa Tarraco, definida por el juez del caso como una organización criminal dedicada a los desalojos ilegales y violentos; así lo ha adelantado elDiario.es.
La Audiencia de Tarragona acordó dejar sin efecto la prisión provisional que el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que investiga la causa, había decretado contra los dos principales investigados el pasado mes de mayo «al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva».
Los magistrados de la Audiencia exponen en el auto del pasado 28 de junio que el riesgo de reiteración delictiva de la banda había desaparecido con su desarticulación tras la operación judicial y policial. Y los mismos jueces tampoco consideran que exista un peligro alto de que los dos acusados se marchen de España. Para evitarlo, se les ha retirado el pasaporte y la obligación de acudir cada semana al juzgado.
La operación sobre Antiokupa Tarraco ha dejado al descubierto un reguero de violencia y racismo en decenas de actuaciones de la empresa a lo largo y ancho de Catalunya, explica elDiario.es.
Además de la causa de Reus, sus líderes también están investigados por amenazas a una familia a la que querían echar ilegalmente de su casa en Barcelona.
La investigación de más de un año del juez de Reus y los Mossos d’Esquadra ha permitido constatar el modus operandi de la banda: una primera fase de falsa mediación para conseguir, en tono intimidatorio, un compromiso del inquilino para abandonar la vivienda. Después se pasa a la vigilancia y acoso del piso, fase en la que las amenazas son más explícitas, para seguir con los daños físicos a la vivienda o la inutilización de las cerraduras. Si todo esto no tiene éxito, la empresa, según la investigación, ha llegado a quemar vehículos o apalear a inquilinos, explica el portal digital.
Los magistrados que revisan las decisiones del Juzgado de Reus avalan la instrucción del caso, y consideran que los desalojos violentos e ilegales de Antiokupa Tarraco podían enmarcarse en posibles delitos de daños, coacciones, amenazas, acoso, allanamiento de morada, robo con fuerza y lesiones.
Sin embargo, los jueces señalan en el auto de junio que ambos presentan un «intenso arraigo» en España, lo que provoca que la prisión preventiva resulte desproporcionada. «Aunque se investigan unos hechos graves y que precisan de cierta capacidad logística y económica, no es menos cierto que se encuentran muy localizados en la provincia de Tarragona», exponen en el escrito judicial.
