Las desavenencias y mala relación entre cinco agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de los Mossos d’Esquadra del Camp de Tarragona hacia tres de sus jefes directos terminó en el Juzgado.
El caso acabó juzgándose en la Audiencia Provincial, donde los denunciantes –la Fiscalía no acusaba– pedían penas que iban de los 20 a los 44 años de prisión y el pago de una indemnización total de 1,1 millones de euros. Finalmente, la Sección Cuarta ha absuelto a los tres procesados, según la sentencia de 57 páginas a la que ha tenido acceso el Diari.
Los magistrados reconocen una «intensa conflictivad laboral» y tensiones laborales
La sentencia considera probado que entre finales de 2008 y hasta el 2012 uno de los acusados era inspector del cuerpo y ejercía las funciones de jefe, otro era cabo –y ascendió a sargento– y ejercía las funciones de jefe de la unidad 2 y el tercero era sargento y era el subjefe.
Los tres eran los superiores jerárquicos de los cinco denunciantes –un cabo y cuatro agentes–. Todos ellos estaban destinado en el ARRO.
Durante dicho periodo de tiempo se produjo una «intensa conflictividad laboral, que afectó esencialmente pero no de forma exclusiva, a los sargentos acusados y a los denunciantes. Se sucedieron diferentes episodios que generaron tensiones laborales y afectaron a las relaciones profesionales y personales de los dos sargentos acusados y de los denunciantes. Se cruzaron notas informativas, quejas, expedientes y sanciones disciplinarios, recursos y procedimientos contenciosos administrativos.
Reparto de servicios
Para los magistrados, resultó acreditado que el reparto de servicios entre tres de los querellantes se realizó tanto cualitativamente, en función del contenido de casa servicio, como cuantitativamente, en relación al número de servicios asignados, de forma equitativa y proporcionada respecto al resto de miembros de dicha área operativa regional de Mossos d’Esquadra». Asimismo, no ha quedado acreditado que respecto a los otros dos denunciantes «se realizara reparto y asignación de servicios mayor cuantitativamente o peor cualitativamente».
El reparto de horas extraordinarias se realizaba, según la sentencia, de forma poco transparente y altamente subjetiva, sin que existiera un protocolo de asignación. Pero era un sistema deficitario y opaco que afectaba a la totalidad de miembros de dicha unidad operativa, «generando desconfianza y quejas sindicales, sin que conste acreditada discriminación concreta respecto de los denunciantes en relación con el reparto de dichas horas extraordinarias».
Para los magistrados, no ha quedado demostrado que los sargentos acusados denegaran habitual y sistemáticamente los permisos de asuntos propios solicitados por los denunciantes por el mero hecho de ser ellos quienes los solicitaban.
Formación física
Un día, a primera hora, los agentes de ARRO realizan formación o mantenimiento físico, sin que exista un protocolo. Uno de los denunciantes, tras incorporarse de una baja laboral, solicitó a uno de los sargentos ejercicios de rehabilitación en el gimnasio, no autorizándolo y asignándole la realización de tareas como la revisión de vehículos policiales.
Una tarea que habitualmente ejercían los agentes que utilizaban los mismos. Entre otros aspectos consistía en la revisión del material y aspectos propios del vehículo, como estado de los neumáticos, niveles de aceite, etc.
Los cinco agentes sufren un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, precisando de tratamiento psicoterapéutico y farmacológico, reactivo a la conflictiva situación laboral.
Suspendieron la valoración profesional anual
Cuatro de los denunciantes suspendieron la valoración profesional que se realiza anualmente y la valoración profesional que hace referencia a la productividad de 2011 y 2012. En esta última, la evaluación la hizo el inspector, quien mantuvo una reunión con cada uno para explicarles la evaluación.
Tras dicho encuentro realizó un informe: «Los cuatro agentes se mostraron en desacuerdo con la valoración dada, y se negaron a aceptar que este inspector les hiciera la valoración, manifestaron con todo despectivo frases como «usted no es nadie para evaluarnos, usted no trabaja cada día con nosotros y no puede hacer ninguna evaluación porque no sabe nada de lo que hacemos. Además, el agente (...) me dijo que además de presentar el recurso por no estar de acuerdo con la valoración, pondría una denuncia penal al juzgado por acoso laboral».
