Hace pocos días, el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas alcanzaban, por la mínima, un acuerdo para que –en un plazo máximo de siete años– las residencias de ancianos de nuestro país se adapten a un nuevo modelo de requisitos mínimos para la acreditación y control de los centros y servicios que atienden a las personas dependientes.
Después de meses de negociación, la propuesta presentada por el Gobierno central fue llevada a votación a finales de junio y el resultado, a favor de aplicar este nuevo modelo de residencias, fue muy ajustado: 10 comunidades votaron a favor y 9, en contra. Entre estas últimas, las cinco gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León), Catalunya, País Vasco, Castilla-La Mancha y Ceuta. Para lograr el ajustado acuerdo alcanzado entre Gobierno y comunidades, se han incluido algunos cambios respecto a la propuesta inicial de Derechos Sociales, como rebajar al 80% –y no a todas– las residencias ya construidas que deberán crear unidades de convivencia de menos de 15 personas. Además, otras novedades son que los centros de más de 30 plazas deberán tener un profesional de enlace para coordinar la atención sociosanitaria, un plazo máximo de 9 meses para aprobar las normas que den cumplimiento al acuerdo y que haya un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio). Los nuevos centros que se construyan deberán cumplir los nuevos requisitos y los ya existentes dispondrán de un periodo máximo de siete años (hasta diciembre de 2029) para adaptarse al nuevo modelo.
El objetivo es avanzar hacia una atención más comunitaria y domiciliaria
Entre las novedades destaca que toda nueva residencia de mayores o discapacitados, sea pública o privada, que quiera concertar sus servicios, deberá ser pequeña, tener prácticamente todas las habitaciones individuales, funcionará en torno a grupos muy reducidos de convivientes que tendrán sus propios espacios comunes y cuidadores, y desaparecerán las sujeciones o ‘pastillazos’ para tener a los residentes fácilmente controlados.
El nuevo modelo de residencias es bien visto por las empresas del sector de la dependencia, aunque advierten de que «sin financiación suficiente» no podrá aplicarse. Cinta Pascual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), explica que «los criterios son buenos y el fondo de este nuevo modelo también. Pero se tiene que invertir más dinero».
Pascual recuerda que hasta ahora «existía un modelo de mínimos, a partir del cual la mayoría de comunidades autónomas hace su propia normativa por encima de esta. Ahora el Gobierno propone uno de máximos y cuesta mucho dinero».
Aumento de ratios
La presidenta de ACRA y CEAPs también recuerda que el acuerdo de acreditación contempla un incremento porcentual de ratios, «algo que todos deseamos para mejorar la atención. Lo que nos preocupa es que muchas comunidades tienen que subir el concierto de las plazas de precios tan bajos como 54 euros (o incluso menos) a 75 mínimo (plaza/día), y esperamos que tengan los fondos suficientes para hacerlo».
«Los criterios y el fondo son buenos, pero sin financiación suficiente no se podrá aplicar»
Cinta Pascual. Presidenta de ACRA y de CEAPs
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, valora positivamente el nuevo modelo de residencias porque «es un paso adelante muy importante respecto a lo que teníamos hasta ahora, que va en la línea de lo que queremos nosotros y los organismos internacionales».
García Navarro destaca que «es un modelo que, en base a la experiencia del covid, intenta avanzar hacia una atención más comunitaria y domiciliaria, con menos residencias clásicas de toda la vida. Se trata de hacer residencias más parecidas al hogar de la persona mayor, donde se pone el foco en el concepto de unidad de convivencia de 15 personas y, algo muy importante, se dice que cada residente debe tener un profesional de referencia».
Pero existe un problema, tal y como explica José Augusto García Navarro, y es que «se necesita más ratio de personal. Aunque el compromiso del Ministerio de Derechos Sociales es que de aquí al año 2029 haya un profesional por cada dos personas atendidas».
«Hay que priorizar la inversión en los cuidados de larga duración»
José Augusto García Navarro. Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Para ello, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología tiene claro que «hay que priorizar la inversión en los cuidados de larga duración. Los presupuestos públicos tienen que destinar más dinero. El estado, invertir más PIB y las comunidades autónomas deben priorizar este dinero en sus inversiones».
Decepción entre los familiares
El nuevo modelo de residencias que hace pocos días aprobó el Gobierno no ha gustado demasiado a los familiares de los ancianos residentes. Según recogía el pasado 1 de julio Infolibre, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias ha definido el acuerdo como «un fiasco absoluto, más aún por encontrarnos en un momento histórico en el que parecía posible transformar el actual sistema de la dependencia, y caminar hacia un nuevo sistema residencial basado en la dignidad y el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales».
Esta plafaforma critica que el documento final ha sufrido «numerosas amputaciones» desde que se elaboró el primero en septiembre de 2021, como que será menos exigente en cuanto a ratios de personal, inspecciones y número máximo de plazas. Esta plataforma tiene previsto convocar una gran manifestación en Madrid el 17 de septiembre para pedir «un cambio de talante y de postura».
